Por: Gabriela Pinillos

“Hay que estar aterrado para huir hacia acá” dice Melba Escobar en su libro Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, en el que narra, a través de la experiencia de sus viajes desde Colombia a Venezuela y a la frontera entre ambos países, entre 2019 y 2020, una historia de conflicto, de despojo, de ahora y de muchos años atrás. En el escenario de crisis actual que atraviesa Colombia y frente a la vulnerabilidad en que migran muchas personas desde Venezuela, esa frase parece que lleva atravesada una verdad.

El pasado 5 de mayo se dio inicio al registro en línea para acceder al Estatuto Temporal de Protección[1] que, desde febrero del presente año, el presidente Iván Duque, anunció que establecería como medida para regularizar y “hacer visible” a una población que en realidad ya ha comenzado a serlo varios años antes[2]. La medida fue reconocida por la comunidad internacional como una iniciativa de política humanitaria a destacar en la región y, en palabras del Director de Migración Colombia, como “el gesto humanitario más importante del continente desde 1987”. En la opinión pública al interior del país, en cambio, la respuesta fue tan diversa como los perfiles mismos de la población a quien se supone va dirigido el Estatuto. Los sectores cercanos al gobierno lo han respaldado. Algunos sectores de la oposición y de la academia se han mantenido escépticos y han estado atentos a estudiar más a fondo y esperar con cautela el avance de la medida. Para quienes pueden aspirar a tener la protección ello representa una esperanza, pero para muchos otros la implementación de la medida plantea una amenaza mayor.

Ese mismo 5 de mayo, la organización Human Rights Watch había recibido denuncias por 31 muertes y tenía confirmadas 11 en todo el país en el marco de las protestas y manifestaciones desde el 28 de abril[3], que son una continuidad de aquellas que comenzaron en 2019 como resultado del descontento social ante las políticas del gobierno actual y que en esta ocasión no fueron detenidas por la pandemia, sino provocadas por las condiciones de pobreza y desigualdad que se han profundizado en el último año. Esta vez el detonador fue la propuesta de reforma tributaria y de salud y el mal manejo de la pandemia en Colombia por parte del gobierno actual. A la fecha en que escribo este texto, 25 de mayo, las protestas continúan en medio de un panorama oscuro y en un escenario de violencia alarmante. Las denuncias por el abuso de la fuerza de la policía han ido incrementando[4], pero también las acciones paramilitares que se han ejercido hacia las y los manifestantes en algunas ciudades del país. La comunidad internacional ha puesto los ojos sobre Colombia. El pasado 14 de mayo, la CIDH solicitó autorización para verificar las denuncias por violaciones de derechos humanos: asesinatos a jóvenes, denuncias de abuso sexual y desapariciones. Ayer, 24 de mayo, la canciller Martha Lucía Ramírez en Washington ha negado la autorización a la visita de la Comisión, alegando que por ahora las autoridades colombianas llevarán a cabo las respectivas investigaciones[5]

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De acuerdo con Torpey (1998)[6], los estados modernos y el sistema estatal internacional del que forman parte, además de haber expropiado “los medios de la violencia” como lo planteaba Max Weber, han expropiado también a los individuos y entidades privadas, los “medios legítimos de movimiento”, fundamentalmente a través de los mecanismos de identificación. En términos diplomáticos, el establecimiento de este sistema de control estatal ha permitido, según Torpey, la posibilidad de mantener el orden y la paz. Pero en términos reales, en un país como Colombia ¿qué pasa cuando un Estado, en ese monopolio legal de la fuerza, a través de la policía y las fuerzas armadas, abusa de su poder para reprimir de formas profundamente violentas las manifestaciones y las protestas sociales, al tiempo que permite otras formas de violencia fundamentalmente al no condenar todas las muertes por igual? ¿Qué pasa cuando es el propio Estado el que reprime el derecho constitucional y democrático que permite la libre expresión y la protesta social? ¿Cómo pensar que son posibles formas de humanitarismo en ese escenario político?

El gobierno colombiano se autodenominó como un referente de política humanitaria a nivel mundial. En su discurso parece que busca homogeneizar a la población a través de un número, habla de 1’742.927 venezolanos en Colombia como potenciales beneficiarios del ETP, y esconde o desconoce la complejidad y diversidad de perfiles que hay contenidas en ese número[7]. Desde ahí, el presidente Iván Duque se dirige a la comunidad internacional para hablar de sí mismo, como lo hizo en inglés por estos días, para buscar deslegitimar las causas que han motivado el estallido social en el que se encuentra el país, y de paso intentar recuperar la legitimidad que ha ido perdiendo desde que ganó las elecciones.

Colombia se encuentra frente  a “la crisis económica más grande que ha tenido en cien años” (Gaviria, 2021)[8], la violencia que ha acompañado la historia del país a lo largo de mucho más de medio siglo de conflicto armado y ahora en los esfuerzos del “postconflicto”, toma hoy formas más sofisticadas y crueles. Ese escenario delicado y lo que ha traído la pandemia se traduce en la exacerbación de los niveles de desigualdad y de pobreza extrema[9], lo que ha conllevado también a una mayor polarización de la población, sostenida por el pronunciamiento de las diferencias de clases que se revelan tanto en las grandes ciudades como en las regiones que se mantienen en la periferia y al margen, particularmente en las fronteras y las zonas rurales.

La situación que ha conllevado al estallido social actual en Colombia afecta por igual a las poblaciones locales y migrantes, en cuanto al desempleo, a la falta de oportunidades, de vivienda, de salud, el control y la fuerza que ejercen los agentes del Estado toca también a las personas que están en las calles buscando los medios de subsistencia. En ese encuentro de poblaciones, las personas de origen venezolano con mayores niveles de precariedad y vulnerabilidad quedan en medio del conflicto, la disputa por el espacio y la vigilancia y están expuestos a una mayor precarización y deterioro de las condiciones de vida que con las que migraron, a la mendicidad y la indigencia, pues se trata en gran parte de jóvenes sin oportunidades. Ellos y ellas se han convertido ya en “los chivos expiatorios”[10], pues sobre su movilidad pesa la construcción del estigma y de la xenofobia y del conflicto político entre el país del que provienen y el que los recibe.

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[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/casi-400000-migrantes-venezolanos-en-colombia-se-han-registrado-al-estatuto-temporal-de-proteccion/202112/

[2] https://www.cancilleria.gov.co/estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos

[3] https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-nacional-human-rights-watch-confirmo-11-de-las-31-denuncias-de-muertes-en-las-protestas-en-colombia/202146/

[4] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-preocupan-las-denuncias-de-desapariciones-y-violencia-sexual-contra-manifestantes/

[5] https://www.vozdeamerica.com/america-latina/colombia-visita-de-la-cidh-todavia-no

[6] Torpey, John, 1998, Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate ‘Means of Movement’, Sociological Theory, vol. 16, núm. 3, pp. 239-259.

[7] https://www.larepublica.co/economia/migracion-colombia-reporto-que-a-enero-hay-1742927-ciudadanos-venezolanos-en-el-pais-3134319

[8] https://www.youtube.com/watch?v=EdFE7OSVPKM

[9] https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/07/protestas-colombia-razones-lo-que-viene-crisis-trax/

[10] https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/se-han-convertido-los-venezolanos-chivos-expiatorios-78017