La caravana de personas migrantes y en busca de asilo o refugio, proveniente de Honduras, acaba de salir rumbo a México, con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Alrededor de mil 500 personas empiezan a caminar hacia la frontera con Guatemala, primer cruce, para posteriormente llegar al sur de nuestro país. En el tránsito se irán sumando más personas que buscan no solo mejores oportunidades, sino también una vida segura fuera de sus lugares de origen.

La experiencia de la anterior caravana (octubre 2018) permite afirmar que la gente seguirá migrando debido al papel fundamental que tiene México en la geografía contemporánea del fenómeno de movilidad humana, especialmente con el Proyecto de Desarrollo Integral presentado por el gobierno de López Obrador que, entre otras, convoca a una mayor inversión en la región, que se transformará en la base del fortalecimiento de los proyectos estratégicos que tiene en mente el actual presidente, entre ellos el Tren Maya.

Al convertirse México en país de destino, y no en el cuello de botella, como sucedió con la administración anterior, especialmente cuando se implementó el Programa Frontera Sur (2014), la política de exteriorizar fronteras que aplicó la Unión Europea con la mal llamada crisis de refugiados sirios, la situación de la instituciones y especialmente de las organizaciones de la sociedad civil será completamente distinta y ese es el reto que está asumiendo la administración federal y local, de la mano de los acuerdos internacionales firmados como el Pacto global Mundial, que alude a una migración ordena, regulada y segura.

Bajo la apuesta de los tres ejes rectores a los que se ha referido el subsecretario de población y Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, en diferentes entrevistas, la política migratoria para México se perfila para ser una política de acogida y no de tercer país seguro, como terminó con el sexenio anterior, puesto que la situación con Estados Unidos ha cambiado a raíz de que Trump perdió la mayoría en el congreso después de las elecciones del año pasado y, especialmente, porque los demócratas intentan recuperar el gobierno; para ello deben revertir la política xenófoba y antiimigrante para convocar al voto latino de los estados del sur, particularmente aquéllos donde se ha usado la presión mediática para construir el famoso muro.

Todavía no es posible aventurar que la estrategia del actual gobierno funcione, especialmente porque una política migratoria de este tipo afecta muchos intereses y la respuesta ante la política de acogida de un sector de la población, como ya lo vivimos en Tijuana, será xenófoba. El gobierno actual debe acompañar, y no improvisar, la política migratoria de una adecuada comunicación y capacitación de las personas que conforman las instituciones encargadas de lograr este cambio a nivel federal y local, empezando por el propio Encinas, quien no puede afirmar que “no se permitirá el portazo”, como si estuviéramos hablando de un partido de fútbol, y minimizar la situación de violencia en la que se encuentran miles de personas en Centroamérica.

De igual forma, el gobierno debe cuidar de no confundir un crecimiento regional con una reforma laboral regional, auspiciada por los organizamos internacionales, porque no se puede tratar un problema global de forma global, se debe actuar de manera regional y local, aunque se haya firmado el Pacto Global Mundial. Asimismo, tampoco se deben centralizar las decisiones en unos cuantos, como sucedió con el dichoso puente humanitario durante la anterior caravana. México cuenta con la extensión territorial y la capacidad humana para convertirse en un país de acogida, el reto es enorme y si las organizaciones de la sociedad civil y la academia se quieren sumar, es momento de reinventarse.