Quienes conformamos el grupo de investigación de Estudios Fronterizos de la UACM lamentamos la muerte de personas migrantes ocurrida en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Son personas que no debieron morir tratando de buscar mejores oportunidades de vida; responsabilizamos a las autoridades migratorias mexicanas por no proveer las condiciones adecuadas y por no garantizar la vida de las personas migrantes.
Condenamos las omisiones de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por no proponer una política migratoria basada en la protección de los derechos humanos de las personas en tránsito; como tampoco con una política fronteriza basada en modelos de sociedad adecuados para las comunidades fronterizas que provean de los derechos sociales mínimos para las personas que esperan una resolución en sus peticiones de asilo.
Solicitamos al gobierno de Morena no criminalizar ni revictimizar a las personas migrantes.
Desafortunadamente puedo afirmar que no son hechos aislados lo que sucedió en Nador, Marruecos, frontera con Melilla, España ni lo que sucedió en San Antonio, Texas, frontera con México: la muerte de medio centenar de personas contabilizadas hasta ahora o de las que se puede dar cuenta. Evidentemente los gobiernos implicados (el marroquí, el español, el estadounidense y el mexicano) se echan la bolita como si se tratara de una papa caliente y lo es porque el problema migratorio actual es una bomba de tiempo.
Si pensábamos que lo peor había pasado con la mal llamada crisis de refugiados sirios en Europa (2015-2016), en realidad apenas empezaba. Lo peor comenzó con la firma del famoso Pacto Global de Migración (diciembre de 2018, precisamente en Marruecos), pues bajo la tutela de la ONU, varios de los países firmantes ceden, una forma de outsourcing, su responsabilidad y obligación de proteger a las personas migrantes a las agencias internacionales (ACNUR y OIM) con la premisa de una migración ordenada, segura y regulada que se ha traducido en el cierre de las fronteras en todo el mundo, salvo cuando se ha tenido que acoger a las personas ucranianas tanto en Europa como en Estados Unidos, una hipocresía de los gobiernos firmantes (y no firmantes) de dicho Pacto.
La muerte de 23 personas subsaharianas a manos de la policía marroquí es una de las consecuencias de firmar pactos de no-acogida y de externalizar la política migratoria entre gobiernos cómplices, en este caso el marroquí y el español.
La reanudación de la cooperación en materia de seguridad en el ámbito de la migración entre Marruecos y España en marzo de 2022 ha tenido como consecuencia directa la multiplicación de las acciones coordinadas entre ambos países”, dijo Caminando Fronteras en un comunicado.
Mientras que el caso de los hasta ahora 50 muertos asfixiados en un camión de carga encontrado en San Antonio, Texas, habla también de la complicidad entre el crimen organizado y diferentes instituciones que se hacen de la vista gorda para dejar pasar mano de obra barata, sujetos desechables y altamente explotables dada la precariedad de su condición.
Los gobiernos de ambos países se lavan las manos y el canciller Marcelo Ebrard prefiere tuitear que esta tragedia se debe muy posiblemente a la “autoría de tratantes”, como si los tratantes no necesitarán ningún tipo de visa para cruzar la frontera. Desafortunadamente, desde el inicio de la administración del presidente López Obrador (de la cual hemos hecho un seguimiento muy puntual en el grupo) sabemos que la escalada de la tragedia que viven las personas migrantes al intentar cruzar el país y la frontera norte era solo cuestión de tiempo.
La diferencia consiste en que vuelven a ser mexicanos. Esos mexicanos y mexicanas que con sus remesas sostuvieron la economía del país durante la pandemia. Un fallo enorme de esta administración que no ha querido ver que lo único importante era cuidar la vida de quienes migran por no tener otra opción
La ausencia de una política migratoria local y la falta de una política fronteriza nacional, ambas erradicadas en la administración actual para poder aplicar el famoso Pacto Global de Migración, la joya de la corona de Ebrard, quien fue uno de los impulsores del mismo en la ONU, de la mano de la firma del T-Mec que, paradójicamente, necesita más mano de obra barata de mexicanos, principalmente, vuelve a poner en la mesa la falta de capacidad tanto de López Obrador como de Ebrard para coordinar las fronteras mexicanas (las del sur como la del norte) en favor de la seguridad humana (ya no digamos la seguridad nacional en un país desbordado por la violencia, violencia perpetrada por la del crimen organizado).
Esta nueva tragedia ocurre cuando Estados Unidos registra números récord de inmigración. Mayo rompió los registros de cruces ilegales al país con más de 239.000 entradas. El mayor punto de acceso es por la frontera que comparten México y el Estado de Texas, el epicentro de cruces ilegales de ciudadanos centroamericanos y mexicanos al país.
Como grupo de investigación de estudios fronterizos y migratorios lamentamos profundamente las muertes de las personas migrantes que tratan por todas las vías de tener más y mejores oportunidades y calidad de vida para ellas y sus familias. Hacemos un llamado a las administraciones de estos gobiernos a que cesen el outsourcing de la política migratoria y fronteriza y se responsabilicen de sus obligaciones con la seguridad humana de las personas solicitantes de refugio en cualquier rincón del mundo, de lo contrario estas tragedias se volverán norma en las fronteras de nuestros países.
Sobre el accidente que cobró la vida de alrededor de 54 personas en situación de movilidad en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla, Chiapas, México.
Por Gabriela Pinillos
El día de ayer, 9 de diciembre de 2021, alrededor de 54 personas provenientes de Centroamérica murieron en un accidente, cuando el camión en el que se transportaban más de 150 personas hacinadas y sin ningún tipo de seguridad volcó en una curva por exceso de velocidad, en la carretera entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, como lo indicó el Secretario de Protección Civil de Chiapas[i].
El hecho es una tragedia, pero no es aislado sino que ha sido producido de manera sistemática. En los últimos tiempos hemos visto imágenes que muestran las condiciones riesgosas en las que se transportan diariamente miles de personas en sus intentos por migrar hacia otro país distinto al suyo en busca de mejores condiciones de vida, en busca de condiciones dignas de vida. Por eso el dolor que provocan las imágenes que se han publicado sobre esta tragedia un día después y la noticia en sí misma se puede traducir en una sola palabra: indignación.
Transitar las carreteras en México es siempre un riesgo, para las personas en situación de movilidad es como caminar sobre un campo de minas antipersona, los riesgos se incrementan abismalmente ante la vigilancia selectiva de los agentes del Estado o, lo que es lo mismo, ante la discriminación. Si hay seguridad no es para ellos. Porque su movilidad es la amenaza o así lo podemos traducir ante las [no]políticas migratorias en México. Es una tergiversación que el Estado ha construido en torno a la soberanía y la independencia.
Este suceso nos pone a reflexionar y debe llevar a que se logren acciones que demuestren realmente la voluntad política del gobierno actual. Quizás habría que empezar por preguntarnos ¿Por qué se transportan más de un centenar de personas encerradas en un vehículo de carga? ¿De dónde surge la necesidad de usar este medio como estrategia de desplazamiento que permita, al tiempo, acortar distancias y volver ‘invisible’ la movilidad en la carretera? ¿Cuántos vehículos más están sirviendo como medios de transporte de personas desde la frontera sur hasta la frontera norte de México? ¿Con cuántos nos encontramos o nos cruzamos todas y todos cuando nos movemos por esas mismas carreteras por trabajo o por turismo, mirando por la ventana y creyendo que podemos ignorar y pretender como lejano el sufrimiento y la necesidad cada vez más grande de los otros?
¿Desde cuándo ha sido esto una posibilidad o una medida desesperada para aquellas personas que no cuentan con los medios de movimiento? ¿A quién le pertenecen entonces estos medios? ¿Al Estado que se ha encargado de establecer los requisitos para obtener los documentos que permiten el “libre” tránsito por su territorio, por medio de los cuales logra legitimar el uso de la fuerza, el control y la limitación de la movilidad humana, y dando lugar a la formación de grupos y actores delincuenciales que se alimentan y enriquecen justamente de la vulnerabilidad de las poblaciones? Entonces el Estado, por acción o por omisión, es también responsable.
Es indigna la forma en la que las personas se ven orilladas a transportarse para lograr llegar hacia otros lugares en los que se ha establecido la esperanza. Debería indignarnos a todas y a todos ver esas imágenes que se reproducen cotidianamente y que parecen querer convertirnos en espectadores del sufrimiento y la crueldad. Es indigno porque no debería pasar. Y tenemos que fijarnos hoy, como dice Laura Quintana, sin ningún temor ni duda: una digna rabia, que nos vuelque hacia la exigencia sobre el respeto a la libre movilidad y a una verdadera reconfiguración de la noción de seguridad para cada una de las personas que conformamos esta sociedad, una seguridad no militarizada, que procure el cuidado sobre todo de aquellas vidas que han permanecido atravesadas por la violencia, la precariedad y el despojo. La digna rabia que “exige que el mundo, en el cual se producen daños sistemáticos, deba ser transformado, con la mirada puesta hacia otras posibilidades por venir”[ii].
Estudios Fronterizos 