Llevo más de un año trabajando en la categoría de frontera interregional que consiste en internalizar la frontera a un punto interior de cualquier país (que funcione como límite de movilidad humana para personas con visas de trabajo o para ciertas actividades económicas, y cuyo principal y único objetivo sea el desarrollo económico de la región), con ejes concomitantes entre otros puntos interiores de otros países para que de cuenta de la movilidad temporal asincrónica entre las economías locales-regionales.

Esta categoría de frontera interregional la desarrollo una vez que el actual gobierno mexicano decide en 2019 internalizar el un “cuello de botella” del fenómeno migratorio (en tránsito) en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Previo a ello, con el Programa Frontera Sur (2014), ya se había desplazado del norte de México a Tapachula, Chiapas, y Tenosoquie, Tabasco. Y es con la llegada y cruce de las caravanas migrantes de 2018-2019, y con base en los acuerdos entre Estados Unidos y México para evitar que las personas migrantes continentales y transcontinentales lleguen a Estados Unidos, que se decide internalizar el control migratorio con el supuesto de “regularizar” la situación de las personas en tránsito.

La forma de regularizar a las personas migrantes y solicitantes de refugio encuentra eco y apoyo en la CEPAL, mediante el documento denominado Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México. El documento es interesante y multifactorial, sin duda una agenda de política internacional para la región que concluye con 30 recomendaciones en apego a los cuatro objetivos generales del Plan: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad, gestión integral. 

Y es también una replica de lo que se está haciendo en la Unión Europea en época de covid: regularizar mano de obra migrante para salir de la recesión y la crisis económica lo más pronto posible. En México y Centroamérica serviría para disminuir la pobreza en la región y para evitar la migración hacia Estados Unidos.

Hasta ahí el alcance económico de la categoría de frontera interregional de internalizar el control migratorio, el alcance político se vincula con la soberanía, ciudadanía y territorio, instituciones que empleé para realizar estudios fronterizos comparados en diferentes continentes (véase el ejemplo metodológico de la Tabla 1).

Si hacemos una revisión histórica de estas tres instituciones, nos daremos cuenta de que estos planos conceptuales son los que han sufrido más modificaciones desde el fin de la segunda guerra mundial (por mencionar un momento histórico) derivado no solo de la redacción de distintos acuerdos internacionales una vez conformada la Organización de las Naciones Unidas, sino también derivado de lo que entendemos por globalización.

Aunado a lo anterior, si elaboramos una línea del tiempo imaginaria y establecemos las rupturas en los sistemas de pensamiento, en la transformación de los medios de producción, en la digitalización de la comunicación y en la movilización social, lo que observamos es que estos cambios se han dado cada vez en menor tiempo, y en cada uno de ellos el Estado-nación está cada vez menos presente (como Estado benefactor, y más presente como Estado represor), véanse las últimas tres crisis en el mundo: 1989 (caída del Muro de Berlín), 2001 (ataque a las Torres Gemelas) y 2020 (pandemia de covid y las movilizaciones en época de confinamiento).

En este sentido, estas tres instituciones interdependientes son las piezas que podemos utilizar para modificar el escenario actual: la ciudadanía le da forma a la identidad administrativa de la población, una identidad que se asigna en función de un territorio; el territorio responde a la jurisdicción de un Estado-nación, un Estado-nación que ha cedido su soberanía a las empresas transnacionales, lo que permite que la soberanía de las transnacionales esté por encima del derecho internacional.

Lo que hicieron gran parte de los gobiernos con la pandemia de covid fue cerrar las fronteras, no internalizar el control de las mismas. Yo pertenezco a la generación de mexicanas que crecimos con una economía mixta de fronteras cerradas y transité la apertura de las mismas con el neoliberalismo. Mi propuesta es, si se quiere pensar así, buscar un equilibrio entre estas dos formas de economía política en las regiones que comparten fronteras, flujos migratorios y corresponsabilidad en el ataque a la pobreza, crimen organizado, explotación de recursos y mano de obra, defensa de derechos humanos y un largo etcétera.

No me quiero alargar demasiado en esta enterada y prefiero dejar algo para la siguiente semana, pero hay un caso que vale la pena revisar y es el de Marruecos-España:

Marruecos cerró las pasos fronterizos con Ceuta y Melilla el 13 de marzo para luchar contra el coronavirus y no los abrirá hasta negociar con España un nuevo modelo de frontera enfocado al turismo. El país vecino estudia terminar con el comercio atípico e instaurar una nueva aduana comercial a través de los puertos marroquíes, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

https://www.elespanol.com/espana/20200531/nueva-frontera-ceuta-melilla-marruecos-porteo-comercial/493951038_0.amp.html?__twitter_impression=true

Desde mi perspectiva, este caso puede ser un primer ejercicio de frontera interregional donde no solo se desplaza la política fronteriza entre estos dos países, sino que se difiere el control migratorio en una región que ha sido bastante desigual e inequitativo no solo a nivel económico, político, laboral, lo mismo que en el tratamiento del fenómeno migratorio.