El Estado palestino se convertirá en el miembro 123 de la Corte Penal Internacional.
El “Estado de Palestina” ya es oficialmente miembro de la Corte Penal Internacional, CPI, el tribunal internacional permanente con sede en La Haya que juzga a acusados de crímenes de guerra, genocidio, agresión y lesa humanidad.
Su afiliación quedó marcada con una ceremonia simple este miércoles a la que asistió el canciller palestino, Riad Malki.
Al convertirse en el miembro 123 de la CPI, los territorios palestinos podrán denunciar a ciudadanos israelíes de alto rango por crímenes de guerra.
Los palestinos también podrían ser condenados por el tribunal.
Cuando los palestinos firmaron el tratado en enero, su embajador ante la ONU, Riyad Mansour, adelantó a medios de prensa que las autoridades palestinas solicitarían investigaciones sobre dos temas.
En primer lugar, presuntos crímenes cometidos durante la operación israelí Margen Protector en Gaza el año pasado, que dejó más de 2.000 palestinos muertos. Y en segundo lugar la expansión de asentamientos judíos.
El acceso de los territorios palestinos al Estatuto de Roma, el documento que fundó la CPI en 1998, generó reacciones sin demora por parte de Israel y Estados Unidos.
La vocera del departamento de Estado en Washington, Jen Psaki, dijo que la decisión palestina era “contraproducente” “y dañaba “la atmósfera necesaria para lograr la paz”.
Psaki señaló también que el gobierno está revisando el paquete de ayuda anual de más de US$400 millones a los palestinos.
Los palestinos solicitarán la investigación de presuntos crímenes cometidos por israelíes en la Operación Margen Protector en Gaza, que dejó más de 2.000 palestinos y 72 israelíes muertos.
Israel respondió congelando la transferencia de más de US$100 millones de fondos de impuestos destinados a los palestinos y prometió anunciar más medidas.
¿Pero qué consecuencias concretas podría tener una denuncia palestina ante la Corte Penal Internacional?
Gaza y asentamientos
“Cuando un país pasa a ser miembro de la CPI lo que puede hacer a partir de ese momento es solicitar a la oficina de la fiscal principal, que es parte de la Corte pero actúa en forma independiente, que examine una situación en forma preliminar”, explicó a BBC Mundo Alix Vuillemin, experta de la Coalición por la Corte Penal Internacional, una red de ONGs con sede en La Haya que busca “una CPI transparente y efectiva”.
Un país no puede pedir a la actual fiscal principal de la CPI, Fatou Bensouda, que investigue un caso o denuncia contra una persona específica.
“Pueden en cambio solicitar que se examine una situación y para nosotros es altamente probable que una de ellas será la violencia en Gaza en el verano de 2014”.
“Los palestinos presentaron una declaración especial solicitando que la jurisdicción se active retroactivamente, lo que posibilitaría una investigación sobre los sucesos en Gaza”, afirmó Vuillemin.
Según cifras de la ONU, la operación Margen Protector, que se inició el 8 de julio de 2014 y duró 50 días, dejó al menos 2.100 palestinos muertos, incluyendo cerca de 400 niños, y 72 israelíes fallecidos, la mayoría de ellos soldados.
En su solicitud de membresía, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, señaló que el gobierno palestino “reconoce la jurisdicción de la corte para el propósito de identificar, procesar y juzgar a los autores y cómplices de crímenes dentro de la jurisdicción de la corte cometidos en el territorio ocupado de Palestina, incluyendo Jerusalén Este, desde el 13 de junio de 2014”.
Fatou Bensouda, fiscal principal de la CPI, deberá decidir si procede investigar la expansión de asentamientos en los territorios ocupados.
Vuillemin opina que la segunda solicitud de investigación se centrará en los asentamientos judíos en los territorios ocupados “porque podrían constituir crímenes de guerra en un conflicto interno”.
Una de las dificultades que enfrentará la fiscal Bensouda para decidir si el tribunal tiene jurisdicción es que “aparte de decidir si se ha cometido un crimen debe constatar en qué territorio ha tenido lugar”.
“Y en este caso estamos ante tierras que son reclamadas por ambas partes. Es uno de los temas que deberá resolver la fiscal”.
Palestinos bajo presión
El presidente Abbas firmó la solicitud de ingresar a la CPI un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara una resolución presentada por Jordania que habría establecido un plazo de tres años para el establecimiento de un Estado palestino.
Abbas enfrenta fuertes presiones para “actuar o renunciar”.
“La Autoridad Palestina enfrenta fuertes presiones del pueblo y de otros partidos para actuar o renunciar”, dijo a BBC Mundo Nawal Assad, corresponsal del Servicio Árabe de la BBC en Jerusalén.
“El gobierno palestino ha venido diciendo que las negociaciones con Israel no producirán un estado soberano respetando las fronteras del 67”.
“Negociadores israelíes ya han indicado que Israel no se retirará a esas fronteras y que mantendrán grandes bloques de asentamientos en Cisjordania. Para los palestinos quedó claro que Israel no se retirará de esas tierras”, agregó Assad.
Aún ante la posible pérdida de fondos de ayuda estadounidenses, “Abbas plantea una nueva estrategia para salvar a la Autoridad Palestina y presionar a Israel”, dice la periodista.
“Es una estrategia que según asegura ayudará también a prevenir ataques israelíes y reducir la expansión de los asentimaientos”.
“Una de las pocas avenidas”
Para Vuillemin la membrecía palestina de la CPI “sin duda tendrá ramifiaciones políticas pero no debemos olvidar que la Corte es una institución independiente que no es guiada por amenazas”.
Para la experta legal se trata de un “paso crucial hacia la responsabilidad”.
“La CPI investiga a individuos de alto rango y es una de pocas avenidas para que aquellos responsables de crímenes en ambos lados del conflicto palestino israelí enfrenten la justicia”.
Israel, al igual que Estados Unidos, no es miembro de la CPI ni reconoce su jurisdicción.
La Corte no tiene una fuerza policial y no cuenta con autoridad para entrar a Israel y arrestar sospechosos.
Pero la CPI podría emitir órdenes internacionales de arresto que algunas naciones en Europa y en otras regiones podrían acatar.
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