Recién terminé de leer los dos documentos del Plan Nacional de Desarrolla 2019-2024 que se publicaron la semana pasada, uno en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y el otro en la página de internet de Lopez Obrador. Empecé leyendo el segundo pensando que era el primero y después de leer las casi 70 páginas de una retórica cargada de mesianismos me informaron que ese no era el oficial.

No termino de entender por qué se distribuyeron de forma simultánea dos documentos con el mismo nombre y que además comparten contenido, pero que dejan mucho que desear para definir el devenir de la agenda política, económica y social del país en los siguientes cinco años.

Después de la confusión empecé a leer el segundo, otra vez un documento sin pies ni cabeza donde no quedan claros ni el para qué, mucho menos el cómo. El PND de este sexenio carece de un diagrama inteligible, por lo tanto una estructura adecuada, que hace evidente la falta de visión y perspectiva no solo en la ausencia de las metas sino en la carencia de estrategias e indicadores bien definidos, que se reducen posiblemente a buenas intenciones no así a buenas prácticas.

Evidentemente mi primera lectura la hice buscando el número de veces que aparece la palabra frontera(s) en el documento, no llega a cinco; luego busqué migración (migraciones), refugio, asilo, digamos que aumenta el número de referencias, pero no es un buen indicador para la política migratoria ni fronteriza del país durante este sexenio.

Lo que sí me sorprendió fue la referencia a “terrorismo internacional” en varios momentos del documento, como otra problemática a resolver en el mismo párrafo que las pandemias y los movimientos migratorios:

El mundo enfrenta severos retos globales y transfronterizos cuya atención requiere de una pronta respuesta colectiva y coordinada. Algunos de estos retos son: el cambio climático y la escasez de agua; el riesgo del surgimiento de pandemias y la expansión del VIH; el terrorismo internacional y la redes globales de delincuencia organizada; los conflictos religiosos, étnicos y raciales; los movimientos migratorios masivos de personas a causa de crisis humanitarias, violencia criminal y étnica o pobreza que las ha llevado a abandonar sus países en busca de paz, seguridad y mejores oportunidades de vida; y las desigualdades crecientes en el nivel de vida de las sociedades. (PND 2019-2024, p. 15)

A partir de la redacción de este párrafo y pasando directamente al eje general Justicia y Estado de Derecho (los otros dos son Bienestar y Desarrollo Económico), cuyo objetivo es “Garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano” (p. 44), encontramos el “Objetivo 1.7 Implementar una política migratoria integral apegada a los derechos humanos, reconociendo la contribución de las personas migrantes al desarrollo de los países” (p. 68).

Desde mi perspectiva este objetivo que marca el devenir de la política migratoria (y carece de política fronteriza como normalmente sucede) estará centrado en dos aspectos:

  1. criminalización de las caravanas migrantes centroamericanas y persecución de defensores de derechos humanos, via la apuesta de seguridad nacional;
  2. apoyo a la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos.

Una disparidad en el quehacer político mexicano que evidentemente atiende a presiones políticas del vecino del norte y no contribuye con el desarrollo regional ni del sur del país y obviamente del Triangulo Norte.

Para alcanzar el objetivo se proponen las siguientes estrategias:

1.7.1 Establecer una política migratoria que asegure el flujo ordenado, seguro y regular de las personas migrantes, particularmente de los países centroamericanos, atender las causas estructurales que promueven la migración como única opción e impulsar el fortalecimiento institucional y proyectos de cooperación internacional que incidan en el desarrollo e impacten en la permanencia de las personas en sus comunidades de origen, en congruencia con el contenido de los pactos mundiales en materia de refugio y migración.

1.7.2 Impulsar una política integral en materia de refugio, que responda a las realidades actuales y a los compromisos internacionales contraídos por México en la materia, y a la tradición humanitaria de México de otorgar protección internacional.

1.7.3 Implementar modelos de atención diferenciada que velen por el respeto de los derechos de las personas mexicanas en el exterior mediante la protección consular.

1.7.4 Fortalecer la prestación de servicios consulares y la vinculación con las comunidades de mexicanos en el exterior para preservar los intereses individuales y colectivos, a fin de apoyar en el pleno desarrollo de su potencial y sus contribuciones al desarrollo de México.

1.7.5 Establecer políticas públicas con perspectiva de género y enfoque intercultural que permitan asegurar la atención de las personas migrantes, con especial atención a niños y niñas, que vivan o transiten en México, o bien, retornen a México con acciones específicas que faciliten su integración social y productiva, garantizando un trato no discriminatorio. (pp. 70-71)

Lo cierto es que no me sorprende para nada esta política migratoria pues de ella hemos dado cuenta desde el inicio de este sexenio en este mismo espacio. Una política apegada al Pacto Mundial de Migración y a la Agenda 2030; es decir, a los intereses de la ONU, Banco Mundial y Fondo Monetario internacional, que, como hemos visto en Europa, precariza sostenidamente el tránsito de la movilidad humana en su búsqueda de mejores condiciones de vida en cualquier lugar del mundo.