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Salud y movilidad, retos de la pandemia en las fronteras de México

Vamos por el quinto mes de la pandemia en el mundo. Algunos países, los asiáticos sobre todo están volviendo a la cotidianidad, entendida como salir a la calle a realizar ciertas actividades de comercio, laborales o de entretenimiento, siempre y cuando sigan usando el tapa bocas y manteniendo la sana distancia, mientras no se asegure que quienes ya contrajeron al covid los hace inmunes o, en su defecto, se encuentre la cura a las diferentes manifestaciones de cuadros clínicos que detona el virus (todavía en etapa experimental). En este sentido, es imposible pensar en regresar a la supuesta normalidad en la que vivíamos antes de diciembre de 2019, porque incluso cuando en el mediano plazo se de con el tratamiento adecuado para este covid, ya se habrán hecho modificaciones en diferentes niveles de las políticas públicas en el mundo, especialmente las que se refieren al tema de salud (como derecho social), que va de la mano, en el caso de esta pandemia, de la movilidad humana.

Como hasta ahora lo hemos apreciado, ha existido un cierre de fronteras en prácticamente todo el mundo para la movilidad humana, no así para el intercambio de productos necesarios para combatir la pandemia (productos médicos, alimentos, ventiladores especialmente, etc.) y salvo en contados casos se ha permitido el viaje de las personas, ubico tres situaciones puntuales: 1) personal de salud que viaje a otros países a apoyar (aquí es necesario reconocer el caso de Cuba y de China); 2) los llamados vuelos humanitarios que se encargan de regresar a sus países de origen a las personas que estaban en otros países; 3) vuelos para deportar personas de Estados Unidos y México.

La pandemia de coronavirus evidencia la precariedad y vulnerabilidad en diferentes niveles, provocados por ausencias (del estado de derecho), vacíos (legislativos) o simplemente falta de voluntad de los gobiernos para resolver problemas de más de cuarenta años. Tiempo que tiene el neoliberalismo funcionando en el mundo. De entre estos problemas, el primero, sin duda, consiste en el limitado acceso al sistema de salud y la carencia de hospitales y personal capacitado para atender la pandemia. El segundo, la poca solidaridad global de cara al confinamiento, mientras unos países cerraron inmediatamente sus fronteras acarrearon otros, en particular el de las personas en tránsito (ciudadanos, migrantes, refugiadas). El tercero, la crisis económica y la recesión que se avecina una vez que se para la cadena productiva temporal o parcialmente en el mundo y que irá acompañado de la falta de inversión y el desempleo. El cuarto, el papel de la ciencia y la tecnología en el seguimiento de los casos, ya sea como un planteamiento bioético o biopolítico. El quinto, el miedo al otro. El sexto, el austero y anacrónico sistema de educación en el mundo e incluye la disminución del gasto público en rubros como innovación y desarrollo. Existen más pero hasta aquí quiero dejar este listado para continuar con lo que me ocupa.

Esta pandemia nos afecta a todos y todas pero no de igual manera, quienes vivimos el confinamiento en nuestras casas con un sueldo seguro podemos contribuir de forma tangente con la no propagación del virus y, por ende, con la no saturación de los servicios de salud, lo que llegado cierto punto de la pandemia es inminente. Sin embargo, las personas que dependen de la economía informal, las personas en tránsito, las personas en limbo administrativo en alguna de las zonas de convivencia fronteriza en México, por citar un ejemplo, aunado a las personas que están en encierro (ya sea en el sistema penitenciario o en las estaciones migratorias); es decir, las poblaciones que acumulan las vulnerabilidades históricamente reproducidas en el neoliberalismo, son las más expuestas al contagio por diversos motivos, especialmente por carecer de las condiciones mínimas de salubridad para llevar un confinamiento y las que menos posibilidad tienen de acceder al servicio de salud de forma integral e inmediata.

Durante estos meses se han propuesto ciertas acciones, especialmente de la sociedad civil, en sintonía con lo que hizo Portugal, en primer lugar, para solicitar la liberación de las personas en centros de extranjería con la intención de reducir al máximo el hacinamiento y la propagación del virus en situación de encierro. En España se hizo algo similar, incluso a algunas personas les ofrecieron trabajo si contaban con alguna especialidad en salud (como hicieron con los y las chicanas durante la guerra). En México se ha solicitado en diversos momentos, recientemente debido a que una persona perdió la vida en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco.

Postura con la que no he estado de acuerdo debido a que exigir la libertad de las personas migrantes y solicitantes de refugio que se encuentran en las estaciones migratorias en este momento en particular de mayor contagio del covid me parece es arriesgarlas a una mayor vulnerabilidad. Lo que en su momento comenté fue no buscar un paliativo aprovechando la coyuntura, sino una propuesta real y a largo plazo, pues lo que más me preocupa es la xenofobia que desata el miedo de épocas de pandemia (como lo hemos visto con los trabajadores del servicio del salud en el país). Desafortunadamente la respuesta de Francisco Garduño, responsable del Instituto Nacional de Migración, ante los hechos sucedidos, fue en la misma sintonía que ha prevalecido en lo que lleva esta administración:

El INM mantiene el diálogo con autoridades consulares de diferentes países de Centroamérica, a fin de concretar los retornos asistidos de sus connacionales, en medio de la emergencia de salud generada por el COVID-19 y confía en que los gobiernos de esa región preserven una política humanitaria y accedan a recibir a sus nacionales, quienes han manifestado su deseo de retornar a sus lugares de origen. 

https://www.gob.mx/inm/prensa/el-instituto-nacional-de-migracion-informa-239583?idiom=es

Varias organizaciones de la sociedad civil promovieron un amparo para “evidenciar la omisiones y negligencias en las que ha incurrido el Instituto Nacional de Migración (INM), respecto a garantizar la salud física y emocional, así como, la integridad de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional detenidas en estaciones y estancias migratorias, durante la contingencia sanitaria por COVID-19”, que tuvo una respuesta favorable por parte de el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Arturo Israel Domínguez Adame:

en su calidad de Juez [Adame], resolvió un acuerdo de once medidas que busca “preservar la vida y la salud de las más de dos mil personas migrantes y solicitantes de asilo, que ha reportado el Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentran detenidas en las estaciones y estancias provisionales migratorias en el país”.

https://www.zonadocs.mx/2020/04/18/tras-amparo-de-organizaciones-juez-ordena-al-inm-liberar-a-personas-migrantes-detenidas-en-estaciones-migratorias/

Por su parte, un juez federal, Jonathan Bass, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, ordenó liberar a las personas migrantes que se encuentren en situación de contagio en las estaciones migratorias. Desafortunadamente a ninguno de los dos casos le ha dado seguimiento el INM, pues inmediatamente después de estos hechos publicó el “Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración”, cuyo objetivo consiste en:

Actuar frente a la contingencia sanitaria por el nuevo Coronavirus COVID-19, para asegurar la salud de las personas que ingresan a diversas actividades y las que se encuentran alojadas en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del INM.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/547982/Protocolo_de_actuaci_n__INM_DGPS.pdf

Solo en la estación migratoria de San Luis Potosí, una estación que está por desaparecer (estrategia del gobierno federal para centralizar las estaciones migratorias en la frontera interregional), se liberaron personas migrantes:

REFORMA publicó hoy que, hace unos días, un tribunal colegiado de San Luis Potosí estableció, por primera vez, que los migrantes no pueden pasar más de 36 horas retenidos en estaciones migratorias, al ordenar la liberación de 16 personas.

https://www.debate.com.mx/politica/Juez-federal-ordena-liberar-a-migrantes-vulnerables-a-Covid-19-20200417-0246.html

Información de último minuto señala que se van a liberar más personas de las estaciones migratorias:

Con base en recomendaciones sanitarias de autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, el Instituto implementó la salida de algunas personas migrantes alojadas en las estaciones migratorias y estancias provisionales, a quienes por distintas razones no se había resuelto su situación jurídica.

http://www.alejandroencinas.mx/home/actua-inm-con-responsabilidad-ante-la-contingencia-por-covid-19/

La situación de las personas migrantes o solicitantes de asilo varadas en las zonas de convivencia fronteriza en el norte de México (vía el programa Quédate en México) no es muy distinta, precariedad, vulnerabilidad, nulo acceso al sistema de salud, condiciones insalubres y de hacinamiento para llevar el confinamiento y un largo etcétera a pesar de esfuerzos aislados de la sociedad civil para darles algún tipo de acompañamiento, mientras que la política fronteriza hospitalaria es cada vez más ausente durante esta pandemia y no sólo en México.

https://elpais.com/internacional/2020-03-20/los-migrantes-varados-en-mexico-desarmados-frente-al-coronavirus.html

Los retos para el aquí y ahora de la pandemia son enormes, para el por-venir lo son aún más. Lo que está en juego sin duda es la reciprocidad entre la salud y la movilidad de todas y todos. ¿Cuándo volveremos a viajar al extranjero? ¿Cuándo se levantará la bandera roja de la pandemia en el mundo? ¿Qué pasará con las personas en tránsito, las que se quedaron sin ciudadanía y están en limbo administrativo? ¿Las fronteras son impenetrables en época de pandemia aunque estén cerradas? ¿La solución para mitigar, controlar, erradicar la pandemia es cerrar las fronteras? No tengo respuesta a casi ninguna de las respuestas, quizá solo a la última. Desde mi perspectiva cerrar las fronteras en época de pandemia fue más un tema político que de salud, varios gobiernos (sobre todo de derecha) se han beneficiado, especialmente en la Unión Europa y Estados Unidos. Ambos casos los he estudiado por separado y considero que la pandemia fue la mejor solución a su política (anti)migratoria, México tampoco será la excepción en lograr la migración cero después del covid. Las fronteras seguirán ahí y necesitamos pensarlas no como las que impiden el paso de la pandemia sino como la puerta de entrada de lo comunitario para resarcir los daños colaterales del confinamiento. Veremos qué deciden los gobiernos.

La frontera de Tijuana colapsó. Crónica de un cruce anunciado (y orquestado)

Hoy la frontera del norte de México colapsó, lo que avizorábamos como una posibilidad se hizo realidad, unos cientos de personas (convocados a una marcha para presionar al país vecino la solicitud de asilo), dicen los medios de comunicación, aunque defensores de derechos humanos que estuvieron ahí afirman que fueron unas decenas de provocadores quienes decidieron cruzar la frontera de México-Estados Unidos a plena luz de día. La respuesta de la policía nacional no se hizo esperar, como tampoco de la border patrol. ¿Quién se beneficia con este acontecimiento? Varios. Especialmente la administración de AMLO.

Llevamos días leyendo en diversos periódicos la posibilidad de que acuerden un “plan Marshall” a la mexicana y parece que hoy se hizo realidad. Es evidente que la siguiente administración necesita mano de obra barata para echar a andar su economía, mientras el INM aprovecha para deportar a algunos cientos.

Considero que la política migratoria del siguiente sexenio ya quedó trazada: estamos de cara a una selección de empleo temporal, donde México se puede convertir en el contratista número uno de Centroamérica. No es casualidad la manera en cómo llegamos a esta desafortunada situación, donde quienes quedan en medio son las personas migrantes y sus familias. A continuación realizo un resumen (de un texto más largo) donde expongo cómo se fue tejiendo este escenario desde hace seis años:

Hacer el recuento y la proyección de seis años de la política migratoria y fronteriza del país es un reto ininteligible, especialmente durante este sexenio que termina y cuya administración no se caracterizó por ser omisa del fenómeno migratorio ni del fenómeno fronterizo, como tampoco se hizo responsable de los derechos de las personas migrantes retornadas (mexicanos deportados) o en tránsito (centroamericanos).

No fue una administración omisa porque desde un inicio se observó el rumbo que tomaría el gobierno de Enrique Peña Nieto, en concordancia con los acuerdos previos ya existentes con Estados Unidos, específicamente el Plan Puebla Panamá, que culminan con el Programa Frontera Sur (2014) y el programa del tercer país seguro (que se puso en marcha especialmente con el éxodo centroamericano de 2018); es decir, el gobierno federal le apostó una vez más por la seguridad nacional y no por la seguridad humana.

La administración de Peña Nieto no se hizo responsable de los derechos de las personas migrantes, a pesar de que se realizaron varios ejercicios para sentar las bases de la operación de la política migratoria orientada por el marco amplio de los derechos humanos, desde la redacción del objetivo 5.4 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional, de la meta nacional número 5 “México con responsabilidad global”,del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.[i]

En este sentido, la administración federal atendió dos rumbos distintos, disimiles en algunos casos, que le dieron lugar a la política de tercer país seguro: por un lado, el de la política exterior, liderado por el lobby con Estados Unidos, que condicionaba y pagaba para externalizar la frontera del norte al sur de México; por el otro, el de la política interior, donde las organizaciones de la sociedad civil y la academia encabezábamos la redacción de la política migratoria e impulsábamos para que se llevara a buen puerto, mediante un puntal esfuerzo de incidencia en política pública desde el inicio de la administración de Peña Nieto.

El resultado de este binomio de política pública se observa en mayor persecución, criminalización, y deportación de las personas migrantes, a partir de la entrada en vigor del Programa Frontera Sur; a su vez, en un aumento en la solicitud de refugio en México de las personas migrantes, derivado de la implementación del programa de tercer país seguro.

Durante seis años fuimos testigos de la conformación de una política migratoria supeditada a las necesidades del vecino del norte, basada en la externalización de fronteras y la implementación del tercer país, como se puede observar actualmente con el éxodo centroamericano. La primera caravana que salió de Honduras el 13 de octubre contaba con unas tres mil personas a las que se fueron sumando otras miles que han cruzado por la frontera vertical en que se ha convertido México.

En Tapachula, primer filtro de esta frontera vertical, la COMAR recibió 3,230 solicitudes de refugio, de acuerdo al informe del 6 de noviembre de 2018, y de esas solicitudes, les entregaron un documento provisional de visitante a 2,697 personas “para que puedan trabajar o realizar actividades remuneradas en territorio mexicano, en tanto reciben una resolución definitiva de la COMAR”.[ii]

En Tijuana, donde ahora se encuentra varado el éxodo centroamericano, más de siete mil personas en espera de poder solicitar asilo en Estados Unidos, se observan cuatro situaciones distintas: la xenofobia de algunos habitantes de Tijuana; la incapacidad o falta de voluntad del gobierno para atender las demandas de las personas migrantes; la securitización de la frontera por parte de Trump; la desinformación y desorganización de los propios integrantes del éxodo centroamericano.

Con este escenario inicia el sexenio Andrés Manuel López Obrador, quien tiene (todavía) la oportunidad de sumar a la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 lo que se quedó en papel (y revertir este lamentable escenario en nuestras fronteras), especialmente lo que se establece en el Programa Especial de Migración 2014-2018, y, en particular, una política fronteriza clara que no sea la de externalizar fronteras y con la que se puedan contravenir los indices de criminalización-persecución-deportación de las personas migrantes que desencadenó el Programa Frontera Sur ; así como evitar que la burbuja de la xenofobia siga en aumento en el resto del país.

Como lo dije al principio, es un reto describir lo que fue este sexenio en materia de política migratoria, especialmente cuando la cantidad de personas migrantes ha aumentado considerablemente en todo el mundo y cuando la política que ha destacado es la de securitizar las fronteras (borderizar), situación que evidentemente no cambiará, como se observa en Europa y en América, en un contexto mundial que sigue criminalizando la movilidad humana bajo la consolidación de los gobiernos de derecha.

También es un reto proyectar la política publica en materia migratoria y fronteriza del país basada en garantizar los derechos humanos de las personas que migran, sean nacionales o no, por ello propongo dos acciones muy puntuales que deben aparecer en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:

1. El PEM debe continuar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sin duda alguna, pero lo central es preguntarnos en qué medida debe cambiarse para transformarse en una herramienta de una política pública que garantice los derechos humanos de las personas migrantes en general.

2. Redactar una política fronteriza clara, armonizada con las leyes vigentes para garantizar un grado de mejora en la percepción de las condiciones de vida de las comunidades en zonas de convivencia fronteriza y en particular de quienes se encuentran en limbo administrativo (derivado del operativo del tercer país seguro) entre que se les reconoce como visitante temporal y la COMAR emite una resolución definitiva de su situación jurídica en el país.


[i]El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla cinco metas nacionales: 1 – México en Paz, 2 – México Incluyente, 3 – México con Educación de Calidad, 4 – México Próspero y 5 – México con Responsabilidad Global asociadas a tres estrategias transversales: democratizar la productividad; gobierno cercano y moderno y perspectiva de género. Véase el siguiente link: http://pnd.gob.mx(fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018).

[ii]Véase el comunicado en el siguiente link: https://www.gob.mx/segob/prensa/tramita-comar-mas-de-tres-mil-solicitudes-de-refugio-de-integrantes-de-caravana?idiom=es(fecha de consulta: 23 de noviembre de 2018).

Roxana Rodríguez Ortiz

25 de noviembre de 2018