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Frontera hospitalaria: México y su política migratoria de puertas abiertas

Como estudiosa de las fronteras, lo que desde hace un par de días observo en la frontera sur de nuestro país es una frontera hospitalaria. Una nueva categoría para el modelo epistemológico de la frontera que desarrollé ya hace varios años y que a la fecha contaba con seis categorías: frontera subjetiva, frontera socio-histórica, frontera de la securitización, frontera glocal, frontera vertical y frontera horizontal (Rodríguez, 2016). 

Esta nueva categoría de frontera hospitalaria era la utopía de muchas, una apuesta teorética que permitía dialogar a varias disciplinas con enfoques distintos, desde la socioantropología hasta la filosofía, pasando por el derecho, pues existía la necesidad no solo de evidenciar la vejación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de refugio en su tránsito por México, sino también de proponer políticas públicas en un contexto de neoconservadursimo en el discurso antiinmigrante y xenófobo, de corrupción y crimen organizado regional, desde el triángulo norte (Guatemala, El Salvador, Honduras) hasta Estados Unidos.

Pensar, imaginar, una frontera hospitalaria se convierte en el primer momento de la culminación de una larga investigación (Rodríguez, 2014). A lo que nos convoca ahora una frontera de puertas abiertas es a implementar modelos de sociedad, armonizados con la política igualmente hospitalaria, que se traduzca en derechos sociales para las personas migrantes y refugiadas en materia de salud, educación, vivienda y trabajo que, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, es a lo que se compromete el gobierno actual . 

Podría, y quiero, incluso afirmar que Derrida no estaba equivocado, existe una hospitalidad incondicional, solo era cuestión de voluntad política, aunque algunos afirman que es resultado de los acuerdos de Marrakech y del Pacto Global Migración.

Desafortunada o afortunadamente siempre queda la duda, la sospecha del oficio que nos hace buscar incluso bajo las piedras para corroborar que la intuición no se confunde con la percepción. Los hermeneutas dirían que es necesario identificar los hechos, digo que no es suficiente. Las imágenes y las cifras del Instituto de Migración podrían darnos esas certezas, pero es solo un eslabón de la frontera. El otro es lo que dice la gente:

“No hay que dejarse poner ese grillete, para dárselo a uno le piden las huellas y ahí es donde lo fichan”, decía un señor que no había ido a la aduana. “Lo único que buscan es separarnos”, dijo otro, “que nos quedemos cinco días dispersos y luego ya perdemos fuerza como caravana”. Dos mujeres se unieron al grupo y una proclamó que ella había hecho el proceso, pero que luego le dio desconfianza y se arrancó el brazalete. “¡Pero ya fuiste a dejar tus huellas!”, le reprendió uno. Avergonzada, la mujer respondió: “Es que yo no sabía”, y le citaron a la hondureña de ojos amarillos que al parecer había sido fichada en una ocasión anterior por el gobierno mexicano, y luego agregaron su propio remate: resultó que esos datos habían sido enviados al gobierno hondureño para que la persiguiera.https://elfaro.net/es/201901/centroamerica/22900/El-nuevo-gobierno-mexicano-abrió-las-puertas-a-la-caravana-migrante.htm?fbclid=IwAR3ryu6MRzGXs974goyzHWdyzUw3jhZ7drGB-7U13r7WOeGh6fbkKfnzObE

Lo cierto es que por esta primera (y espero no única) ocasión, las personas migrantes y solicitantes de refugio caminaron por la frontera de Tapachula con libertad, como si estuvieran en su casa. Muchas decidieron aceptar la visa que el gobierno mexicano les ha ofrecido, otras siguen su camino al norte sin dicha visa, qué les pasará en el camino, no lo sabemos. Algunas personas llegarán a la frontera con Estados Unidos, otras quizá se regresen o decidan en el trayecto cambiar de opinión y aceptar la visa. Por primera vez, y espero que no a manera de excepción, tenemos una frontera hospitalaria no condicionada.

http://notinucleo.com/estado/llegan-primeros-migrantes-de-la-caravana-a-tapachula/

Considero que esta estrategia de frontera de puertas abiertas evidencia una apuesta distinta de política migratoria en consonancia con lo acuerdos internacionales que abarca cuatro aspectos fundamentales: el gobierno mexicano, aunque asume características de tercer país seguro, otra manera de externalizar la frontera norte, no le apuesta a una política de seguridad nacional como lo observamos en el sexenio pasado; “la humanización” de la política migratoria tiene un reto mayor, erradicar al crimen organizado que forma parte de la economía de la movilidad humana (polleros, narcotráfico, trata); fortalecer un estado derecho sin necesidad de seguir contratado los servicios (outsourcing) de las organizaciones de la sociedad civil, salvo las de la ONU; y comprobar que el desarrollo integral de la región no será una reforma laboral regional en menoscabo de los derechos sociales de las personas migrantes ni de las solicitantes de refugio ni de las comunidades receptoras.

¿Qué esperamos de la política migratoria y fronteriza en la administración de Andrés Manuel López Obrador?

Hacer el recuento y la proyección de seis años de la política migratoria y fronteriza del país es un reto ininteligible, especialmente durante este sexenio que termina y cuya administración no se caracterizó por ser omisa del fenómeno migratorio ni del fenómeno fronterizo, como tampoco se hizo responsable de los derechos de las personas migrantes retornadas (mexicanos deportados) o en tránsito (centroamericanos).

No fue una administración omisa porque desde un inicio se observó el rumbo que tomaría el gobierno de Enrique Peña Nieto, en concordancia con los acuerdos previos ya existentes con Estados Unidos, específicamente el Plan Puebla Panamá, que culminan con el Programa Frontera Sur (2014) y el programa del tercer país seguro (que se puso en marcha especialmente con el éxodo centroamericano de 2018); es decir, el gobierno federal le apostó una vez más por la seguridad nacional y no por la seguridad humana.

La administración de Peña Nieto no se hizo responsable de los derechos de las personas migrantes, a pesar de que se realizaron varios ejercicios para sentar las bases de la operación de la política migratoria orientada por el marco amplio de los derechos humanos, desde la redacción del objetivo 5.4 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional, de la meta nacional número 5 “México con responsabilidad global”,del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.[1]

En este sentido, la administración federal atendió dos rumbos distintos, disimiles en algunos casos, que le dieron lugar a la política de tercer país seguro: por un lado, el de la política exterior, liderado por el lobby con Estados Unidos, que condicionaba y pagaba para externalizar la frontera del norte al sur de México; por el otro, el de la política interior, donde las organizaciones de la sociedad civil y la academia encabezaban la redacción de la política migratoria e impulsaban para que se llevara a buen puerto, mediante un puntal esfuerzo de incidencia en política pública desde el inicio de la administración de Peña Nieto.

El resultado de este binomio de política pública se observa en mayor persecución, criminalización, y deportación de las personas migrantes, a partir de la entrada en vigor del Programa Frontera Sur; a su vez, en un aumento en la solicitud de refugio en México de las personas migrantes, derivado de la implementación del programa de tercer país seguro.

Durante seis años fuimos testigos de la conformación de una política migratoria supeditada a las necesidades del vecino del norte, basada en la externalización de fronteras y la implementación del tercer país, como se puede observar actualmente con el éxodo centroamericano. La primera caravana que salió de Honduras el 13 de octubre contaba con unas tres mil personas a las que se fueron sumando otras miles que han cruzado por la frontera vertical en que se ha convertido México.

En Tapachula, primer filtro de esta frontera vertical, la COMAR recibió 3,230 solicitudes de refugio, de acuerdo al informe del 6 de noviembre de 2018, y de esas solicitudes, les entregaron un documento provisional de visitante a 2,697 personas “para que puedan trabajar o realizar actividades remuneradas en territorio mexicano, en tanto reciben una resolución definitiva de la COMAR”.[2]

En Tijuana, donde ahora se encuentra varado el éxodo centroamericano en espera de poder pedir asilo en Estados Unidos, el desenlace es incierto al momento de escribir este texto, pues se observan cuatro situaciones distintas: la xenofobia de algunos habitantes de Tijuana; la incapacidad o falta de voluntad del gobierno para atender las demandas de las personas migrantes; la securitización de la frontera por parte de Trump; la desinformación y desorganización de los propios integrantes del éxodo centroamericano.

Con este escenario inicia el sexenio Andrés Manuel López Obrador, quien tiene la oportunidad de sumar a la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 lo que se quedó en papel, especialmente lo que se establece en el Programa Especial de Migración 2014-2018, y, en especial, una política fronteriza clara que no sea la de externalizar fronteras y con la que se puedan contravenir los indicies de criminalización-deportación de las personas migrantes que desencadenó el Programa Frontera Sur; así como evitar que la burbuja de la xenofobia siga en aumento en el resto del país.

En función de lo anterior, a continuación, explico qué es el Programa Especial de Migración y por qué es importante revisarlo e incluirlo en la redacción de la política migratoria; de la misma forma que expongo por qué es importante pensar de forma interdependiente de la política migratoria una política fronteriza que se haga presente en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

¿Qué es el Programa Especial de Migración?[3]

El ejercicio de redacción del objetivo 5.4 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional,en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, fue posible gracias al trabajo de intercambio de experiencias y metodologías de diversos actores de la sociedad civil y academia, integrantes del Colectivo PND-Migración, ahora Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA), y el equipo en transición de la administración saliente.

El COMPA está conformadopor diversas organizaciones de la sociedad civil, academia y defensores de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y sus familias,que surge el 17 de septiembre de 2012 con el objetivo de “promover la inclusión del tema migratorio de manera transversal en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 a través de la promoción de mecanismos de participación incluyentes, transparentes y democráticos”.[4]

Las organizaciones de la sociedad civil se dieron a la tarea de recoger y sistematizar información presentada por diferentes organizaciones y redes de México, Estados Unidos y Centroamérica, que incluía recomendaciones específicas en distintos niveles de política pública como los mecanismos de coordinación entre autoridades; los indicadores para identificar los resultados de las políticas públicas orientadas a atender problemas asociados al fenómenos migratorio, desarrollo y derechos humanos de las personas migrantes y sus familias; y los mecanismos institucionales y normativos para transparentar la meta de la política pública (descrita en el Plan Nacional de Desarrollo).

La sistematización de dicha información dio lugar al documento titulado“Agenda Programático y Presupuestal Transnacional”que considera tres enfoques: seguridad humana, desarrollo integral e inclusión social.[5]De esta propuesta se desprendieron varias aristas que le dieron forma al Encuentro de la Sociedad Civil: Hacia una Política Pública Migratoria PND 2013-2018, realizado el 19 de febrero de 2013, que culminó en la redacción de la “Agenda Estratégica Transnacional de Migración para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”.

Con base en los enfoques y objetivos de estos dos documentos (agendas), el COMPA redactó un documento que incluía una propuesta transversal y transnacional para la organización, a cargo de la Unidad de Política Migratoria (UPM), de la Secretaria de Gobernación, de los Foros Nacional de Consulta Pública para la elaboración del Programa Especial de Migración 2014-2018.[6]

Del 22 de octubre al 14 de diciembre de 2013, la UPM realizó cinco foros de consulta, en cinco estados del país: Tijuana, Baja California; Reynosa, Tamaulipas; Guadalajara, Jalisco; Ciudad de México; Tapachula, Chiapas; dos talleres de trabajo uno en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y otro en la Ciudad de México; una consulta en línea y tres foros ciudadanos en las ciudades de Chicago y Los Ángeles, Estados Unidos de América y Zúrich, Suiza.[7]

El 30 de abril de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM), y a la letra dice:

El PEM, al ser un instrumento de planeación de carácter transversal y multisectorial, orienta y da seguimiento al cumplimiento de programas y acciones específicas en materia migratoria en las que participan, directa o indirectamente, los tres órdenes de gobierno. Igualmente, consolida el esfuerzo que gobierno y sociedad civil han trazado juntos a fin de promover, monitorear y evaluar la coordinación y coherencia institucional para la atención integral al fenómeno migratorio en México, como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.[8]

El PEM contempla cinco objetivos, 26 estrategias, 125 líneas de acción y 11 indicadores:

Objetivo 1. Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración.

Objetivo 2. Incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local.

Objetivo 3. Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana.

Objetivo 4. Favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus familias

Objetivo 5. Fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las personas migrantes, sus familiares y quienes defienden sus derechos.

A cuatro años de funcionamiento del PEM los resultados no fueron los que se esperaban, aunque tampoco se puede afirmar que no se hizo nada. La forma en cómo presenta la UPM los logros del PEM consiste en contrastar cada uno de los cinco objetivos, con el total de líneas de acción reportadas en los informes de resultados 2014-2017; de acuerdo a la UPM, se reportaron 781 acciones que contribuyeron con 153 líneas de acción.[9]

Evidentemente esta evaluación es de proceso y, por tanto, ambigua, pues no da cuenta justamente del carácter transversal y multisectorial del PEM, especialmente cuando se conformó un grupo técnico encargado de dar seguimiento a los programas y acciones específicas, integrado por más de 40 dependencias y entidades de la APF, de entre los que destacan el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, los principales logros del Programa Especial de Migración 2014-2018 se agrupan en función de las siguientes acciones:[10]

  • Identidad
  • Educación
  • Acciones de profesionalización
  • Acciones para la atención de niños, niñas y adolescentes
  • Derechos humanos
  • Facilitación migratoria
  • Retorno e impulso de flujos migratorios regulares coordinados y seguros
  • Coordinación y participación corresponsable
  • Visibilizarían de la migración

Algunos de los logros que destaca la UPM se observan en materia de identidad y educación, dado que éstos permiten realizar cambios significativos para reconocer los derechos de las personas migrantes y en situación de refugio que cruzan el país (que han servido para consolidar el proyecto de tercer país seguro, como lo observamos con el éxodo centroamericano), especialmente con dos acciones:

  1. Garantizar la identidad de los mexicanos nacidos en EUA, que se encuentran en territorio nacional sin la posibilidad de inscribir su nacimiento en México por la falta de documentos apostillados y traducidos al español, gracias a la estrategia “Soy México, Registro de Nacimiento de la Población México-Americana”.
  2. Favorecer el ingreso, permanencia y tránsito de la población migrante en el Sistema Educativo Nacional mediante la eliminación del requisito del Apostilla en los trámites de revalidación de estudios de los tipos básico y medio superior, mediante la publicación del Acuerdo Secretarial 07/06/15 por el que se modifica el diverso 286(DOF: 15/06/2015).

Destaca la incapacidad de la UPM para presentar una evaluación de resultados, es decir, que considere los avances planteados por los indicadores y metas que posibilitan la planeación de dicho instrumento, a pesar de que en diversos espacios de concertación entre las organizaciones de la sociedad civil y quienes encabezan la UPM, la COMAR, la SEGOB, el INM, se ha explicado que el reporte de indicadores ha sido pobre a lo largo del sexenio.

La omisión del seguimiento de los indicadores del PEM nos coloca ante la penosa imposibilidad de hacer una evaluación de resultado de las acciones hechas en materia de migración de la AP saliente y un análisis presupuestal que pudiera brindarnos una línea base para el diseño de las acciones del ejecutivo en el siguiente periodo.

Propuesta de política fronteriza: modelo epistemológico de la frontera

Elaboro a continuación un breve diagnóstico de la política fronteriza considerando dos documentos, el PND 2013-2018 (específicamente el diagnóstico que elaboro en el libro Epistemología de las fronteras. Modelos de sociedad y políticas pública,[11]y el Programa de Atención Integral de la Frontera Sur (2014), para explicar más adelante por qué es importante darle un giro a la política pública en las fronteras.

Cuando se habla de frontera (cualquier que sea) indudablemente se habla también del otro, ya sea para negarlo, para excluirlo, para explotarlo, para reconocerlo o para reivindicarlo. En el caso particular de la frontera México-Estados Unidos, el otro tiene varias acepciones que están marcadas por la lengua, el género, la raza, la etnia, la religión, la cultura y, sobre todo, por el reconocimiento que el Estado (y las instituciones), les otorgan a las comunidades asentadas en ambos lados de la frontera (mexicanos del norte, fronterizos, transfronterizos; chicanos, mexicoamericanos, hispanos, latinos).

Este reconocimiento del otro-otra permite contar o no con derechos y privilegios dentro de un marco legal, ya sea que esté regido por el Estado de derecho o por el Estado de bienestar (seguridad social, jubilación, beneficios médicos, etc.). Ambos inexistentes en la frontera norte de México actualmente, como se observa con la xenofobia imperante a partir de la llegada miles de centroamericanos a Tijuana. En todo caso, el único marco legal que existe es el recrudecimiento de las políticas antiinmigratorias en los estados fronterizos del sur de Estados Unidos y la ausencia de políticas públicas, no sólo en los estados del norte de México, sino en todo el país.

El caso de la frontera México-Guatemala es distinto, el otro no se hace presente porque se difumina en el clasismo y racismo sistematizado de la sociedad mexicana. El otro que no reconocemos y no respetamos precisamente porque se parece tanto a “nosotros”, pero “más pobre”. Ese otro habla nuestra lengua, cree en nuestros dioses, comparte nuestras tradiciones y alimentos porque provenimos de una misma sociedad ancestral y compartimos fenotipos.

A diferencia de la frontera norte, el recrudecimiento de la frontera sur es propiciado por el crimen organizado coludido con el crimen administrativo (policía, gobierno local y federal). Si bien es cierto que el cruce por las garitas sigue siendo laxo; la violencia en la frontera se vive de otra forma.

Las y los centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos cruzando México nos son criminales (como tampoco lo son los migrantes mexicanos que deporta el gobierno estadounidense), son víctimas de la violencia sistematizada en un país donde el marco normativo está completamente difuminado por la corrupción, abuso y explotación de nuestros gobiernos.

Desafortunadamente, el estudio y propuesta para abordar el fenómeno fronterizo en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es aun más marginal que el tratamiento que se le hace al fenómeno migratorio dado que no se contempla ninguna meta nacional específica sobre el abordaje y/o proyección de la(s) frontera(s) internacionales del país como parte de una política pública, aunque sí alude a la necesidad de conformar un “modelo de gestión y ordenamiento fronterizo” (pero no explicita el cómo):

Debido a su posición geográfica, a México se internan de manera indocumentada alrededor de 140,000 extranjeros al año, principalmente procedentes de Centroamérica, con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos. Diversos factores, que van desde la marginación, la falta de información, la ausencia de una cultura de la legalidad, hasta la proliferación de organizaciones delictivas en la frontera norte de México, han conducido en ocasiones a violaciones de los derechos fundamentales de los migrantes. Por ello es fundamental un nuevo modelo de gestión y ordenamiento fronterizo, así como de protección a los derechos de los migrantes y sus familias [cursivas mías].[12]

El modelo de gestión y ordenamiento fronterizo que se deduce como política pública del PND está vinculado a cuatro situaciones particulares: 1) la securitización de la frontera; 2) procesos de integración con América Latina; 3) factores de desarrollo económico y productividad regionales; y 4) prevención y seguridad de migrantes en tránsito. Estas situaciones se pueden observar en las estrategias y líneas de acción de la meta nacional 1. México en paz y la meta nacional 5. México con responsabilidad global; así como en los enfoques transversales del PND (Democratizar la productividad; Gobierno cercano y moderno):

Meta nacional 1. México en Paz

Estrategia 1.2.3. Fortalecer la inteligencia del Estado Mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional.

Línea de acción: Fortalecer la seguridad de nuestras fronteras[las cursivas son mías]. (63)

Meta nacional 5. México con responsabilidad global

Estrategia 5.1.2. Consolidar la posición de México como un actor regional relevante, mediante la profundización de los procesos de integración en marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación con los países de América Latina y el Caribe.

Línea de acción: Promover el desarrollo integral de la frontera sur como un catalizador del desarrollo regional en todos los ámbitos[las cursivas son mías]. (103)

Enfoque transversal de la meta nacional 5. México con Responsabilidad Global

Estrategia I.    Democratizar la Productividad.

Línea de acción: Dedicaratenciónespecialatemasrelacionadosconlacompetitividad regional, como la infraestructura, el capital humano y los mercados laborales, para generar empleos a ambos lados de nuestras fronteras.

Estrategia II.   Gobierno Cercano y Moderno.

Línea de acción: Generar una administración eficaz de las fronteras a fin de garantizar el ingreso documentado, el respeto a los derechos y libertades de los migrantes, a través de la presencia territorial de las autoridades migratorias, aduaneras y de seguridad [las cursivas son mías].(111)

La ausencia de una política pública con los ojos puestos en las zonas de convivencia fronteriza hace necesario pensar la estrategia política que debe seguir el gobierno mexicano con respecto a sus fronteras internacionales dada la falta de integración económica-política entre los estados del norte, el centro y el sur del país, producto del centralismo que ha prevalecido en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas.

Aunado a ello también es necesario considerar la estrategia para desarrollar y establecer políticas culturales que beneficien a las comunidades de las zonas fronterizas que en los últimos años se han visto afectadas por el alto índice de violencia provocado por el crimen organizado y la falta de voluntad política para recomponer el tejido social.

Sobre el programa frontera sur se ha escrito mucho (véase especialmente el trabajo realizado por Animal Político, donde participamos defensores de derechos humanos y académicos[13]), un programa que surge sin documento en 2014 pero que después la Secretaría de Marina se lo adjudica, mediante oficio UT-742/16 (solicitud de información con número de folio 0001300063716):

Se hace de su conocimiento, que esta Secretaria fue designada para coordinar la planeación e instrumentación del Programa de Atención Integral a la Frontera Sur, por lo cual se remite la documentación que se ha generado por esta Dependencia.

Asimismo, se informa que las demás dependencias participantes generen sus propios documentos sobre dicho programa, pos ser una operación conjunta.

La pregunta obligada es ¿qué hace la Secretaría de Marina encargada del Programa de Atención Integral a la frontera Sur?, y, específicamente, ¿a qué se refiere con atención integral, cuando lo que observamos en el cotidiano es todo lo contrario?

En función de lo anterior, propongo un modelo epistemológico de la frontera (modelos de sociedad y política pública ad hoc), que contribuya con el estudio de las sociedades fronterizas, y en particular con el análisis de la noción del ser-otro, consiste principalmente en deconstruir las inercias de los gobiernos actuales que se empeñan en cerrar sus fronteras al tránsito de personas, a la par que promueven discursos de participación internacional con respecto a la seguridad nacional (una aporía a todas luces).

Para las fronteras internacionales de México (Norte y Sur del país), y para los flujos migratorios que lo atraviesan, puede funcionar un modelo de sociedad plural y hospitalario, regulado por políticas públicas multisectoriales, transversales y transfronterizas, como se pretendió hacer con el Programa Especial de Migración, aunque no fue suficiente al no contar con indicadores claros de los alcances y metas establecidas para la realización de dicho programa en las zonas de convivencia fronteriza (hubo indicadores favorables para la población migrante en tránsito), que incluya:

  1. Redactar una agenda política a largo plazo en la que participen las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial); las organizaciones de la sociedad civil; las comunidades migrantes; las comunidades en zonas de convivencia fronteriza; la academia y la sociedad civil en general.
  2. Redactar, implementar, operativizar y evaluar una política migratoria integral y una política fronteriza multinacional (no necesariamente un tratado internacional) con enfoque de derechos humanos y no de seguridad nacional.

Corolario

Como lo dije al principio, es un reto describir lo que fue este sexenio en materia de política migratoria, especialmente cuando la cantidad de personas migrantes ha aumentado considerablemente en todo el mundo y cuando la política que ha destacado es la de securitizar las fronteras (borderizar), situación que evidentemente no cambiará, como se observa en Europa y en América, en un contexto mundial que sigue criminalizando la movilidad humana bajo la consolidación de los gobiernos de derecha.

También es un reto proyectar la política publica en materia migratoria y fronteriza del país basada en garantizar los derechos humanos de las personas que migran, sean nacionales o no, por ello propongo dos acciones muy puntuales que deben aparecer en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:

  1. El PEM debe continuar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sin duda alguna, pero lo central es preguntarnos en qué medida debe cambiarse para transformarse en una herramienta de una política pública que garantice los derechos humanos de las personas migrantes en general.
  2. Redactar una política fronteriza clara, armonizada con las leyes vigentes para garantizar un grado demejora en la percepción de las condiciones de vida de las comunidades en zonas de convivencia fronteriza y en particular de quienes se encuentran en limbo administrativo (derivado del operativo del tercer país seguro) entre que se les reconoce como visitante temporal y la COMAR emite una resolución definitiva de su situación jurídica en el país.

[1]El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla cinco metas nacionales: 1 – México en Paz, 2 – México Incluyente, 3 – México con Educación de Calidad, 4 – México Próspero y 5 – México con Responsabilidad Global asociadas a tres estrategias transversales: democratizar la productividad; gobierno cercano y moderno y perspectiva de género. Véase el siguiente link: http://pnd.gob.mx(fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018).

[2]Véase el comunicado en el siguiente link: https://www.gob.mx/segob/prensa/tramita-comar-mas-de-tres-mil-solicitudes-de-refugio-de-integrantes-de-caravana?idiom=es(fecha de consulta: 23 de noviembre de 2018).

[3]Información tomada del libro Epistemología de la frontera. Modelos de sociedad y políticas públicas(Roxana Rodríguez, 2014).

[4]Más información sobre quienes somos y conformamos el Colectivo Migraciones de las Américas en nuestra pagina de internet: http://migracionparalasamericas.org(fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018).

[5]Documento: “Agenda Programático y Presupuestal Transnacional”. Más información en: http://migracionparalasamericas.org/2016/01/14/agenda-programatica-y-presupuestarias-transnacional/(fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018).

[6]Véase la convocatoria que emitió la Secretaria de Gobernación, en la cual se menciona que la consulta pública está dirigida a los migrantes y sus familiares, a la diáspora mexicana en el extranjero, a la sociedad civil organizada, académicos, empresarios, organismos internacionales, funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, y a la sociedad en general. Más información en: http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Programa_Especial_de_Migracion_2014-2018_PEM(fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018).

[7]Véase la Alineación de las propuestas en materia migratoria derivadas de los Foros de Consulta Pública con el Programa Especial de Migración 2014-2018: http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2271/1/images/Doc_propuestas%20integradas_060514.pdf(fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018).

[8]El Programa Especial de Migración se puede consultar en http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Programa_Especial_de_Migracion_2014-2018_PEM(fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018).

[9]Información tomada del documento titulado “Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM)”, elaborado por la Unidad de Política Migratoria, y presentado el 27 de junio de 2018 en las oficinas de la UPM.

[10]Los resultados del Programa Especial de Migración se pueden consultar en la siguiente pagina: http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/transparencia_PEM(fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018).

[11]Epistemología de la frontera. Modelos de sociedad y políticas públicas(Roxana Rodríguez, 2014).

[12]Véase el documento del PND 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 (p. 57). Link: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013(fecha de consulta: 30 de septiembre de 2013). En las siguientes citas mencionaré sólo el número de la página entre paréntesis.

[13]Animal Político (2014) Programa frontera sur: cacería de migrantes. Link https://www.animalpolitico.com/caceriademigrantes/textoi.html

 

Bibliografía:

Rodríguez, Roxana (2014). Epistemología de la frontera. Modelos de sociedad y políticas públicas. México: Ediciones Eón / UTEP / SIPAM / INICIATIVA CIUDADANA, Volumen 1, 1º edición. ISBN: 978-607-8289-69-1.

La frontera de Tijuana colapsó. Crónica de un cruce anunciado (y orquestado)

Hoy la frontera del norte de México colapsó, lo que avizorábamos como una posibilidad se hizo realidad, unos cientos de personas (convocados a una marcha para presionar al país vecino la solicitud de asilo), dicen los medios de comunicación, aunque defensores de derechos humanos que estuvieron ahí afirman que fueron unas decenas de provocadores quienes decidieron cruzar la frontera de México-Estados Unidos a plena luz de día. La respuesta de la policía nacional no se hizo esperar, como tampoco de la border patrol. ¿Quién se beneficia con este acontecimiento? Varios. Especialmente la administración de AMLO.

Llevamos días leyendo en diversos periódicos la posibilidad de que acuerden un “plan Marshall” a la mexicana y parece que hoy se hizo realidad. Es evidente que la siguiente administración necesita mano de obra barata para echar a andar su economía, mientras el INM aprovecha para deportar a algunos cientos.

Considero que la política migratoria del siguiente sexenio ya quedó trazada: estamos de cara a una selección de empleo temporal, donde México se puede convertir en el contratista número uno de Centroamérica. No es casualidad la manera en cómo llegamos a esta desafortunada situación, donde quienes quedan en medio son las personas migrantes y sus familias. A continuación realizo un resumen (de un texto más largo) donde expongo cómo se fue tejiendo este escenario desde hace seis años:

Hacer el recuento y la proyección de seis años de la política migratoria y fronteriza del país es un reto ininteligible, especialmente durante este sexenio que termina y cuya administración no se caracterizó por ser omisa del fenómeno migratorio ni del fenómeno fronterizo, como tampoco se hizo responsable de los derechos de las personas migrantes retornadas (mexicanos deportados) o en tránsito (centroamericanos).

No fue una administración omisa porque desde un inicio se observó el rumbo que tomaría el gobierno de Enrique Peña Nieto, en concordancia con los acuerdos previos ya existentes con Estados Unidos, específicamente el Plan Puebla Panamá, que culminan con el Programa Frontera Sur (2014) y el programa del tercer país seguro (que se puso en marcha especialmente con el éxodo centroamericano de 2018); es decir, el gobierno federal le apostó una vez más por la seguridad nacional y no por la seguridad humana.

La administración de Peña Nieto no se hizo responsable de los derechos de las personas migrantes, a pesar de que se realizaron varios ejercicios para sentar las bases de la operación de la política migratoria orientada por el marco amplio de los derechos humanos, desde la redacción del objetivo 5.4 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional, de la meta nacional número 5 “México con responsabilidad global”,del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.[i]

En este sentido, la administración federal atendió dos rumbos distintos, disimiles en algunos casos, que le dieron lugar a la política de tercer país seguro: por un lado, el de la política exterior, liderado por el lobby con Estados Unidos, que condicionaba y pagaba para externalizar la frontera del norte al sur de México; por el otro, el de la política interior, donde las organizaciones de la sociedad civil y la academia encabezábamos la redacción de la política migratoria e impulsábamos para que se llevara a buen puerto, mediante un puntal esfuerzo de incidencia en política pública desde el inicio de la administración de Peña Nieto.

El resultado de este binomio de política pública se observa en mayor persecución, criminalización, y deportación de las personas migrantes, a partir de la entrada en vigor del Programa Frontera Sur; a su vez, en un aumento en la solicitud de refugio en México de las personas migrantes, derivado de la implementación del programa de tercer país seguro.

Durante seis años fuimos testigos de la conformación de una política migratoria supeditada a las necesidades del vecino del norte, basada en la externalización de fronteras y la implementación del tercer país, como se puede observar actualmente con el éxodo centroamericano. La primera caravana que salió de Honduras el 13 de octubre contaba con unas tres mil personas a las que se fueron sumando otras miles que han cruzado por la frontera vertical en que se ha convertido México.

En Tapachula, primer filtro de esta frontera vertical, la COMAR recibió 3,230 solicitudes de refugio, de acuerdo al informe del 6 de noviembre de 2018, y de esas solicitudes, les entregaron un documento provisional de visitante a 2,697 personas “para que puedan trabajar o realizar actividades remuneradas en territorio mexicano, en tanto reciben una resolución definitiva de la COMAR”.[ii]

En Tijuana, donde ahora se encuentra varado el éxodo centroamericano, más de siete mil personas en espera de poder solicitar asilo en Estados Unidos, se observan cuatro situaciones distintas: la xenofobia de algunos habitantes de Tijuana; la incapacidad o falta de voluntad del gobierno para atender las demandas de las personas migrantes; la securitización de la frontera por parte de Trump; la desinformación y desorganización de los propios integrantes del éxodo centroamericano.

Con este escenario inicia el sexenio Andrés Manuel López Obrador, quien tiene (todavía) la oportunidad de sumar a la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 lo que se quedó en papel (y revertir este lamentable escenario en nuestras fronteras), especialmente lo que se establece en el Programa Especial de Migración 2014-2018, y, en particular, una política fronteriza clara que no sea la de externalizar fronteras y con la que se puedan contravenir los indices de criminalización-persecución-deportación de las personas migrantes que desencadenó el Programa Frontera Sur ; así como evitar que la burbuja de la xenofobia siga en aumento en el resto del país.

Como lo dije al principio, es un reto describir lo que fue este sexenio en materia de política migratoria, especialmente cuando la cantidad de personas migrantes ha aumentado considerablemente en todo el mundo y cuando la política que ha destacado es la de securitizar las fronteras (borderizar), situación que evidentemente no cambiará, como se observa en Europa y en América, en un contexto mundial que sigue criminalizando la movilidad humana bajo la consolidación de los gobiernos de derecha.

También es un reto proyectar la política publica en materia migratoria y fronteriza del país basada en garantizar los derechos humanos de las personas que migran, sean nacionales o no, por ello propongo dos acciones muy puntuales que deben aparecer en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:

1. El PEM debe continuar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sin duda alguna, pero lo central es preguntarnos en qué medida debe cambiarse para transformarse en una herramienta de una política pública que garantice los derechos humanos de las personas migrantes en general.

2. Redactar una política fronteriza clara, armonizada con las leyes vigentes para garantizar un grado de mejora en la percepción de las condiciones de vida de las comunidades en zonas de convivencia fronteriza y en particular de quienes se encuentran en limbo administrativo (derivado del operativo del tercer país seguro) entre que se les reconoce como visitante temporal y la COMAR emite una resolución definitiva de su situación jurídica en el país.


[i]El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla cinco metas nacionales: 1 – México en Paz, 2 – México Incluyente, 3 – México con Educación de Calidad, 4 – México Próspero y 5 – México con Responsabilidad Global asociadas a tres estrategias transversales: democratizar la productividad; gobierno cercano y moderno y perspectiva de género. Véase el siguiente link: http://pnd.gob.mx(fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018).

[ii]Véase el comunicado en el siguiente link: https://www.gob.mx/segob/prensa/tramita-comar-mas-de-tres-mil-solicitudes-de-refugio-de-integrantes-de-caravana?idiom=es(fecha de consulta: 23 de noviembre de 2018).

Roxana Rodríguez Ortiz

25 de noviembre de 2018