La semana pasada escribí sobre el Plan Nacional de desarrollo 2019-2024, donde afirmo que la apuesta sin duda iba por el desarrollo del sur, mediante la demarcación de la frontera interregional que abarca Honduras, Guatemala, el Salvador y el sur de México, hasta el Istmo. Un PND enfocado al desarrollo de megaproyectos, como el tren Maya, que permitirán ser un puerto de entrada y salida de mercancía que le haga la competencia al Canal de Panamá, con la firma del Acuerdo Transpacífico.

Para lograr este desarrollo se necesitan cubrir varias aristas en diferentes niveles: la corrupción que azota a los gobiernos de la región, incluyendo a México; la inseguridad y el crimen organizado que atraviesa las rutas migratorias hasta la frontera sur de Estados Unido; las causas de la migración centroamericana; la política errática de criminalización, detención, deportación del Instituto Nacional de Migración (INM); la falta de presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) para contratar y capacitar gente que facilite el trámite de solicitud de asilo-refugio; la política de tercer país seguro en la frontera norte de México; la xenofobia creciente en las comunidades receptoras y de tránsito; la notable intervención de la ONU, mediante la participación de ACNUR y ahora de la CEPAL no solo en el tratamiento de la movilidad humana sino en el desarrollo económico de la región; y, no menos importante, el presupuesto para lograr lo que desde mi perspectiva es la migración cero en apego a la agenda 2030.

Este mismo esquema de migración cero es lo que se propuso la Unión Europea a partir de la mal llamada crisis de refugiados sirios en 2015, una política que consistía en varias estrategias, de las cuales también hemos dado cuenta en este espacio, principalmente dos: externalizar fronteras y tercer país seguro (en apego al reglamento Dublin III). Ambas fracasaron si consideramos el cementerio en el que se ha convertido el Mediterráneo en los últimos años debido a que también se impusieron sanciones a las organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a salvar vidas en medio del mar. Pero si consideramos que en pocos años se logró disminuir la llegada de personas migrantes y solicitantes de refugio a la Unión Europea, podríamos decir que ha sido exitosa debido principalmente a los acuerdos con los países africanos de que se hagan cargo de controlar la migración antes de su salida al mar con tácticas que dejan mucho que desear con respecto a los derechos humanos.

Con este escenario local-global, ayer presentó Alicia Bárcena, junto con Marcelo Ebrard, el documento que la da forma al Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, propuesta de la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Como ya lo he comentado en otros espacios, es una buena intención, pero quedan varias interrogantes por resolver: ¿Porqué #AMLO decidió esta ruta? ¿Es un política velada de intervención en Centroamérica? ¿@ACNURamericas sustituirá a la #COMAR? ¿De dónde vendrá la inversión? ¿Como se elegirá a quienes se puedan quedar en territorio mexicano? O, como en Europa, ¿la “inversión” en fronteras cerradas es la opción para lograr una migración cero apegada a la agenda 2030?

El documento es interesante y multifactorial, sin duda una agenda de política internacional para la región que concluye con 30 recomendaciones en apego a los cuatro objetivos generales del Plan: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad, gestión integral. Un agenda a largo plazo que además de mucha inversión, en primer lugar necesitaría de un cambio de paradigma en la concepción de la política fiscal, económica, energética, de derechos humanos, educación, innovación y desarrollo. Un manual de buenas intenciones de difícil aplicabilidad en la región dadas las condiciones actuales de ausencia de un estado de derecho; es decir, además del presupuesto, el otro cómo que no es evidente consiste justamente en cómo se va a garantizar la seguridad humana para que se generen todos estos cambios.

Una posible solución pueda estar dada en la Recomendación 11: “Promover la perspectiva del desarrollo territorial incluyente en las acciones de política pública destinadas al fomento y el fortalecimiento de las capacidades locales, el cierre de brechas, la densificación de la prestación de servicios públicos y la articulación de las dimensiones económica, social y ambiental” (p. 114). Pero para eso también se necesita un estado de derecho que impida los asesinatos de los defensores precisamente del territorio, como ha habido muchos en toda la región. Otra posible solución para que el resto de las recomendaciones se puedan echar a andar está en:

Recomendación 25. Lograr que los Estados se adhieran plenamente a las normas internacionales y garanticen la dignidad de las personas y el cumplimiento de sus derechos, y formular políticas de movilidad humana integrales basadas en datos empíricos y en una perspectiva de gobierno integrado, que se centren en los derechos y la dignidad de las personas y adopten la perspectiva de la seguridad humana en sus diversas dimensiones. (p.127)

Sobre este punto se ha insistido mucho desde la academia y la sociedad civil, incluso se han presentado programas como el Especial de Migración, el sexenio pasado, pero se ha avanzado poco derivado de la criminalización no solo de personas migrantes, también de defensores de derechos humanos, incluso durante el gobierno actual.

Concluyendo, teoréticamente hablando el documento del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica es un excelente referente para echar a andar una política internacional que pudiera por lo menos erradicar las causas de la migración centroamericana en la región (inseguridad, violencia, pobreza, falta de empleo). Los peros: la defensa de la soberanía de los países, el financiamiento, la corrupción, la ausencia de un estado de derecho y la intervención de la ONU en la región.