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Reordenamiento de los flujos migratorios durante el desconfinamiento

  1. Asincrónico: como sabemos, la pandemia de covid que inició en diciembre de 2019 en China fue avanzando de manera asincrónica por el resto del mundo. Se fueron cerrando las fronteras de los países como estrategia de contención del contagio del virus gradualmente y si trazamos una ruta de geolocalización de la enfermedad podremos abstraer el movimiento del confinamiento y su posterior desconfinamiento que no necesariamente fue de sur a norte o de oriente a poniente. Fue una ruta que siguió los grandes capitales, por decirlo metafóricamente.
  2. Desconfinamiento: Como tal es un neologismo del francés (déconfinement) que además, desde mi perspectiva, tiene una concepción ontológica si lo pensamos desde la deconstrucción (en otro momento hablaré de ello). En este sentido, al ser asincrónico, las necesidades de restablecer la economía en los países también ha tomado otros causes. En algunos países, especialmente los europeos, rápido se dieron cuenta que necesitaban la mano de obra migrante para resarcir algunas bajas en sectores como la agricultura y servicios de salud. Como una primera estrategia, como en Italia, España, Portugal, apostaron por una política de regularización migrante que pronto se topó con las inercias de los gobiernos de derecha y se quedó en el tintero.
  3. Limbo administrativo. La no regularización de las personas migrantes en el mundo ha propiciado que las personas se queden en limbo administrativo, sin documentos que prueben su identidad administrativa, situación que las segrega para solicitar apoyo del gobierno en el país en el que se encuentran varados, ya sea porque no pudieron continuar su camino a su destino final o porque no pudieron-quisieron regresar a sus países de origen.
  4. Abandono de las personas migrantes y solicitantes de refugio. Estos grupos vulnerables (por las precariedades históricamente acumuladas) se encuentran con más frecuencia en las zonas de convivencia fronteriza o donde están situados los campos de refugiados que, tanto la Unión Europea, como México y Estados Unidos, fueron instalando desde 2011 (derivado de la guerra civil en Siria) y 2019 (derivado del establecimiento de programas como “Quédate en México”). Esta situación la observamos en Grecia, en Tijuana, en Matamoros, en Líbano, en Libia, en Turquía, y en otros puntos donde las condiciones de higiene son precisamente el caldo de cultivo de la propagación del virus. Una forma de necropolítica a todas luces.
  5. Movilidad en curso. Contrario a lo que he podido apreciar en otras investigaciones, la movilidad humana (la intención de las personas) no ha cedido a la pandemia ni a las fronteras cerradas. Se están trazando otras rutas más costosas y más peligrosas en el mundo. Si bien es cierto que los gobiernos están registrando menos solicitudes de refugio o una disminución en el tránsito de migrantes, eso no indica que la gente no se esté moviendo, simplemente que los gobiernos, como en México, suspendieron actividades por un par de meses. Andrés Ramírez, el encargado de la COMAR, por ejemplo, afirma en su cuenta de twiter el 3 de junio de 2020 que “En el 2019, las mujeres solicitantes de la condición de refugiado en México representaron el 42.53%, del total, récord desde el 2012 en que el peso de las mujeres dentro del total fue creciendo año tras año. Este año, al cierre de Mayo, este porcentaje bajó a 39.45%”.
  6. Características de los flujos migratorios. Siguiendo los datos del propio representante de la COMAR, y a partir de la caravana migrante de alrededor de 100 personas que se encontraba en tránsito por Honduras, podemos ver que disminuye el número de personas proveniente del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras) y crece la que viene de Congo, Ghana, Cuba y Haití (véase “Black Migrant Caravan in Honduras Rethinks Path After George Floyd’s Death“). También crece el número de mujeres migrantes y disminuye el número de niños, niñas y adolescentes no acompañados: “En el 2019, los NNA acompañados y no acompañados representaron el 27.22% de los solicitantes de la condición de refugiado en México. Este año al cierre de Mayo este porcentaje bajó al 20.69%” (Cuenta de twiter de Andrés Ramírez, 3 de junio de 2020).
  7. Proyectos macroeconómicos en México. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no pudo esperar más y al banderazo de salida de la emergencia sanitaria, con el país en los picos más altos de contagio, decidió inaugurar las obras del Tren Maya, con el pretexto de la emergencia económica en la región: “La pandemia del coronavirus ha llevado a una crisis económica, al desempleo en esta región y en el país. Por eso es muy oportuno iniciar esta obra, aquí en Lázaro Cárdenas, en este primer tramo, alrededor de 260 kilómetros de Izamal a Cancún” (Véase la nota completa del Deutsche Welle). Evidentemente para realizar estas obras (aunado al “Sembrando Vida”, otro de sus proyectos de “reforestación” que hasta ahora ha tenido muy pobres resultados) necesita mano de obra migrante. De ahí que la COMAR haya decidido en últimas fechas reabrir operaciones en la frontera sur de México (sobre este punto ya he dado cuenta en entradas anteriores, véase particularmente a lo que me refiero con frontera interregional).
  8. El sueño americano. Queda pendiente el tema de la migración hacia Estados Unidos, si bien es cierto que las personas migrantes y solicitantes de refugio (especialmente las transcontientales) están pensando en México como país de destino y el gobierno de México está por ofrecer ciertas garantías de poderse quedar en el país por un tiempo determinado; la situación con Estados Unidos es distinta por varios motivos, pero especialmente por las elecciones de noviembre y aunque los escenarios se ven muy complejos en este momento dadas las actuaciones policiales recientes y la respuesta de a sociedad civil en muchos puntos del mundo, también hay que estar pendiente de lo que no quieren nuestros gobiernos que observemos con respecto a las fronteras y a la migración.

La frontera de Tijuana colapsó. Crónica de un cruce anunciado (y orquestado)

Hoy la frontera del norte de México colapsó, lo que avizorábamos como una posibilidad se hizo realidad, unos cientos de personas (convocados a una marcha para presionar al país vecino la solicitud de asilo), dicen los medios de comunicación, aunque defensores de derechos humanos que estuvieron ahí afirman que fueron unas decenas de provocadores quienes decidieron cruzar la frontera de México-Estados Unidos a plena luz de día. La respuesta de la policía nacional no se hizo esperar, como tampoco de la border patrol. ¿Quién se beneficia con este acontecimiento? Varios. Especialmente la administración de AMLO.

Llevamos días leyendo en diversos periódicos la posibilidad de que acuerden un “plan Marshall” a la mexicana y parece que hoy se hizo realidad. Es evidente que la siguiente administración necesita mano de obra barata para echar a andar su economía, mientras el INM aprovecha para deportar a algunos cientos.

Considero que la política migratoria del siguiente sexenio ya quedó trazada: estamos de cara a una selección de empleo temporal, donde México se puede convertir en el contratista número uno de Centroamérica. No es casualidad la manera en cómo llegamos a esta desafortunada situación, donde quienes quedan en medio son las personas migrantes y sus familias. A continuación realizo un resumen (de un texto más largo) donde expongo cómo se fue tejiendo este escenario desde hace seis años:

Hacer el recuento y la proyección de seis años de la política migratoria y fronteriza del país es un reto ininteligible, especialmente durante este sexenio que termina y cuya administración no se caracterizó por ser omisa del fenómeno migratorio ni del fenómeno fronterizo, como tampoco se hizo responsable de los derechos de las personas migrantes retornadas (mexicanos deportados) o en tránsito (centroamericanos).

No fue una administración omisa porque desde un inicio se observó el rumbo que tomaría el gobierno de Enrique Peña Nieto, en concordancia con los acuerdos previos ya existentes con Estados Unidos, específicamente el Plan Puebla Panamá, que culminan con el Programa Frontera Sur (2014) y el programa del tercer país seguro (que se puso en marcha especialmente con el éxodo centroamericano de 2018); es decir, el gobierno federal le apostó una vez más por la seguridad nacional y no por la seguridad humana.

La administración de Peña Nieto no se hizo responsable de los derechos de las personas migrantes, a pesar de que se realizaron varios ejercicios para sentar las bases de la operación de la política migratoria orientada por el marco amplio de los derechos humanos, desde la redacción del objetivo 5.4 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional, de la meta nacional número 5 “México con responsabilidad global”,del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.[i]

En este sentido, la administración federal atendió dos rumbos distintos, disimiles en algunos casos, que le dieron lugar a la política de tercer país seguro: por un lado, el de la política exterior, liderado por el lobby con Estados Unidos, que condicionaba y pagaba para externalizar la frontera del norte al sur de México; por el otro, el de la política interior, donde las organizaciones de la sociedad civil y la academia encabezábamos la redacción de la política migratoria e impulsábamos para que se llevara a buen puerto, mediante un puntal esfuerzo de incidencia en política pública desde el inicio de la administración de Peña Nieto.

El resultado de este binomio de política pública se observa en mayor persecución, criminalización, y deportación de las personas migrantes, a partir de la entrada en vigor del Programa Frontera Sur; a su vez, en un aumento en la solicitud de refugio en México de las personas migrantes, derivado de la implementación del programa de tercer país seguro.

Durante seis años fuimos testigos de la conformación de una política migratoria supeditada a las necesidades del vecino del norte, basada en la externalización de fronteras y la implementación del tercer país, como se puede observar actualmente con el éxodo centroamericano. La primera caravana que salió de Honduras el 13 de octubre contaba con unas tres mil personas a las que se fueron sumando otras miles que han cruzado por la frontera vertical en que se ha convertido México.

En Tapachula, primer filtro de esta frontera vertical, la COMAR recibió 3,230 solicitudes de refugio, de acuerdo al informe del 6 de noviembre de 2018, y de esas solicitudes, les entregaron un documento provisional de visitante a 2,697 personas “para que puedan trabajar o realizar actividades remuneradas en territorio mexicano, en tanto reciben una resolución definitiva de la COMAR”.[ii]

En Tijuana, donde ahora se encuentra varado el éxodo centroamericano, más de siete mil personas en espera de poder solicitar asilo en Estados Unidos, se observan cuatro situaciones distintas: la xenofobia de algunos habitantes de Tijuana; la incapacidad o falta de voluntad del gobierno para atender las demandas de las personas migrantes; la securitización de la frontera por parte de Trump; la desinformación y desorganización de los propios integrantes del éxodo centroamericano.

Con este escenario inicia el sexenio Andrés Manuel López Obrador, quien tiene (todavía) la oportunidad de sumar a la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 lo que se quedó en papel (y revertir este lamentable escenario en nuestras fronteras), especialmente lo que se establece en el Programa Especial de Migración 2014-2018, y, en particular, una política fronteriza clara que no sea la de externalizar fronteras y con la que se puedan contravenir los indices de criminalización-persecución-deportación de las personas migrantes que desencadenó el Programa Frontera Sur ; así como evitar que la burbuja de la xenofobia siga en aumento en el resto del país.

Como lo dije al principio, es un reto describir lo que fue este sexenio en materia de política migratoria, especialmente cuando la cantidad de personas migrantes ha aumentado considerablemente en todo el mundo y cuando la política que ha destacado es la de securitizar las fronteras (borderizar), situación que evidentemente no cambiará, como se observa en Europa y en América, en un contexto mundial que sigue criminalizando la movilidad humana bajo la consolidación de los gobiernos de derecha.

También es un reto proyectar la política publica en materia migratoria y fronteriza del país basada en garantizar los derechos humanos de las personas que migran, sean nacionales o no, por ello propongo dos acciones muy puntuales que deben aparecer en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:

1. El PEM debe continuar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sin duda alguna, pero lo central es preguntarnos en qué medida debe cambiarse para transformarse en una herramienta de una política pública que garantice los derechos humanos de las personas migrantes en general.

2. Redactar una política fronteriza clara, armonizada con las leyes vigentes para garantizar un grado de mejora en la percepción de las condiciones de vida de las comunidades en zonas de convivencia fronteriza y en particular de quienes se encuentran en limbo administrativo (derivado del operativo del tercer país seguro) entre que se les reconoce como visitante temporal y la COMAR emite una resolución definitiva de su situación jurídica en el país.


[i]El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla cinco metas nacionales: 1 – México en Paz, 2 – México Incluyente, 3 – México con Educación de Calidad, 4 – México Próspero y 5 – México con Responsabilidad Global asociadas a tres estrategias transversales: democratizar la productividad; gobierno cercano y moderno y perspectiva de género. Véase el siguiente link: http://pnd.gob.mx(fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018).

[ii]Véase el comunicado en el siguiente link: https://www.gob.mx/segob/prensa/tramita-comar-mas-de-tres-mil-solicitudes-de-refugio-de-integrantes-de-caravana?idiom=es(fecha de consulta: 23 de noviembre de 2018).

Roxana Rodríguez Ortiz

25 de noviembre de 2018