Quienes conformamos el grupo de investigación de Estudios Fronterizos de la UACM lamentamos la muerte de personas migrantes ocurrida en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Son personas que no debieron morir tratando de buscar mejores oportunidades de vida; responsabilizamos a las autoridades migratorias mexicanas por no proveer las condiciones adecuadas y por no garantizar la vida de las personas migrantes.
Condenamos las omisiones de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por no proponer una política migratoria basada en la protección de los derechos humanos de las personas en tránsito; como tampoco con una política fronteriza basada en modelos de sociedad adecuados para las comunidades fronterizas que provean de los derechos sociales mínimos para las personas que esperan una resolución en sus peticiones de asilo.
Solicitamos al gobierno de Morena no criminalizar ni revictimizar a las personas migrantes.
Sobre el accidente que cobró la vida de alrededor de 54 personas en situación de movilidad en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla, Chiapas, México.
Por Gabriela Pinillos
El día de ayer, 9 de diciembre de 2021, alrededor de 54 personas provenientes de Centroamérica murieron en un accidente, cuando el camión en el que se transportaban más de 150 personas hacinadas y sin ningún tipo de seguridad volcó en una curva por exceso de velocidad, en la carretera entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, como lo indicó el Secretario de Protección Civil de Chiapas[i].
El hecho es una tragedia, pero no es aislado sino que ha sido producido de manera sistemática. En los últimos tiempos hemos visto imágenes que muestran las condiciones riesgosas en las que se transportan diariamente miles de personas en sus intentos por migrar hacia otro país distinto al suyo en busca de mejores condiciones de vida, en busca de condiciones dignas de vida. Por eso el dolor que provocan las imágenes que se han publicado sobre esta tragedia un día después y la noticia en sí misma se puede traducir en una sola palabra: indignación.
Transitar las carreteras en México es siempre un riesgo, para las personas en situación de movilidad es como caminar sobre un campo de minas antipersona, los riesgos se incrementan abismalmente ante la vigilancia selectiva de los agentes del Estado o, lo que es lo mismo, ante la discriminación. Si hay seguridad no es para ellos. Porque su movilidad es la amenaza o así lo podemos traducir ante las [no]políticas migratorias en México. Es una tergiversación que el Estado ha construido en torno a la soberanía y la independencia.
Este suceso nos pone a reflexionar y debe llevar a que se logren acciones que demuestren realmente la voluntad política del gobierno actual. Quizás habría que empezar por preguntarnos ¿Por qué se transportan más de un centenar de personas encerradas en un vehículo de carga? ¿De dónde surge la necesidad de usar este medio como estrategia de desplazamiento que permita, al tiempo, acortar distancias y volver ‘invisible’ la movilidad en la carretera? ¿Cuántos vehículos más están sirviendo como medios de transporte de personas desde la frontera sur hasta la frontera norte de México? ¿Con cuántos nos encontramos o nos cruzamos todas y todos cuando nos movemos por esas mismas carreteras por trabajo o por turismo, mirando por la ventana y creyendo que podemos ignorar y pretender como lejano el sufrimiento y la necesidad cada vez más grande de los otros?
¿Desde cuándo ha sido esto una posibilidad o una medida desesperada para aquellas personas que no cuentan con los medios de movimiento? ¿A quién le pertenecen entonces estos medios? ¿Al Estado que se ha encargado de establecer los requisitos para obtener los documentos que permiten el “libre” tránsito por su territorio, por medio de los cuales logra legitimar el uso de la fuerza, el control y la limitación de la movilidad humana, y dando lugar a la formación de grupos y actores delincuenciales que se alimentan y enriquecen justamente de la vulnerabilidad de las poblaciones? Entonces el Estado, por acción o por omisión, es también responsable.
Es indigna la forma en la que las personas se ven orilladas a transportarse para lograr llegar hacia otros lugares en los que se ha establecido la esperanza. Debería indignarnos a todas y a todos ver esas imágenes que se reproducen cotidianamente y que parecen querer convertirnos en espectadores del sufrimiento y la crueldad. Es indigno porque no debería pasar. Y tenemos que fijarnos hoy, como dice Laura Quintana, sin ningún temor ni duda: una digna rabia, que nos vuelque hacia la exigencia sobre el respeto a la libre movilidad y a una verdadera reconfiguración de la noción de seguridad para cada una de las personas que conformamos esta sociedad, una seguridad no militarizada, que procure el cuidado sobre todo de aquellas vidas que han permanecido atravesadas por la violencia, la precariedad y el despojo. La digna rabia que “exige que el mundo, en el cual se producen daños sistemáticos, deba ser transformado, con la mirada puesta hacia otras posibilidades por venir”[ii].
La semana pasada escribí sobre el Plan Nacional de desarrollo 2019-2024, donde afirmo que la apuesta sin duda iba por el desarrollo del sur, mediante la demarcación de la frontera interregional que abarca Honduras, Guatemala, el Salvador y el sur de México, hasta el Istmo. Un PND enfocado al desarrollo de megaproyectos, como el tren Maya, que permitirán ser un puerto de entrada y salida de mercancía que le haga la competencia al Canal de Panamá, con la firma del Acuerdo Transpacífico.
Diseño y conceptualización de la frontera interregional, Roxana Rodríguez, 2019.
Para lograr este desarrollo se necesitan cubrir varias aristas en diferentes niveles: la corrupción que azota a los gobiernos de la región, incluyendo a México; la inseguridad y el crimen organizado que atraviesa las rutas migratorias hasta la frontera sur de Estados Unido; las causas de la migración centroamericana; la política errática de criminalización, detención, deportación del Instituto Nacional de Migración (INM); la falta de presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) para contratar y capacitar gente que facilite el trámite de solicitud de asilo-refugio; la política de tercer país seguro en la frontera norte de México; la xenofobia creciente en las comunidades receptoras y de tránsito; la notable intervención de la ONU, mediante la participación de ACNUR y ahora de la CEPAL no solo en el tratamiento de la movilidad humana sino en el desarrollo económico de la región; y, no menos importante, el presupuesto para lograr lo que desde mi perspectiva es la migración cero en apego a la agenda 2030.
Objetivos de la Agenda 2030
Este mismo esquema de migración cero es lo que se propuso la Unión Europea a partir de la mal llamada crisis de refugiados sirios en 2015, una política que consistía en varias estrategias, de las cuales también hemos dado cuenta en este espacio, principalmente dos: externalizar fronteras y tercer país seguro (en apego al reglamento Dublin III). Ambas fracasaron si consideramos el cementerio en el que se ha convertido el Mediterráneo en los últimos años debido a que también se impusieron sanciones a las organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a salvar vidas en medio del mar. Pero si consideramos que en pocos años se logró disminuir la llegada de personas migrantes y solicitantes de refugio a la Unión Europea, podríamos decir que ha sido exitosa debido principalmente a los acuerdos con los países africanos de que se hagan cargo de controlar la migración antes de su salida al mar con tácticas que dejan mucho que desear con respecto a los derechos humanos.
Con este escenario local-global, ayer presentó Alicia Bárcena, junto con Marcelo Ebrard, el documento que la da forma al Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, propuesta de la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Como ya lo he comentado en otros espacios, es una buena intención, pero quedan varias interrogantes por resolver: ¿Porqué #AMLO decidió esta ruta? ¿Es un política velada de intervención en Centroamérica? ¿@ACNURamericas sustituirá a la #COMAR? ¿De dónde vendrá la inversión? ¿Como se elegirá a quienes se puedan quedar en territorio mexicano? O, como en Europa, ¿la “inversión” en fronteras cerradas es la opción para lograr una migración cero apegada a la agenda 2030?
El documento es interesante y multifactorial, sin duda una agenda de política internacional para la región que concluye con 30 recomendaciones en apego a los cuatro objetivos generales del Plan: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad, gestión integral. Un agenda a largo plazo que además de mucha inversión, en primer lugar necesitaría de un cambio de paradigma en la concepción de la política fiscal, económica, energética, de derechos humanos, educación, innovación y desarrollo. Un manual de buenas intenciones de difícil aplicabilidad en la región dadas las condiciones actuales de ausencia de un estado de derecho; es decir, además del presupuesto, el otro cómo que no es evidente consiste justamente en cómo se va a garantizar la seguridad humana para que se generen todos estos cambios.
Una posible solución pueda estar dada en la Recomendación 11: “Promover la perspectiva del desarrollo territorial incluyente en las acciones de política pública destinadas al fomento y el fortalecimiento de las capacidades locales, el cierre de brechas, la densificación de la prestación de servicios públicos y la articulación de las dimensiones económica, social y ambiental” (p. 114). Pero para eso también se necesita un estado de derecho que impida los asesinatos de los defensores precisamente del territorio, como ha habido muchos en toda la región. Otra posible solución para que el resto de las recomendaciones se puedan echar a andar está en:
Recomendación 25. Lograr que los Estados se adhieran plenamente a las normas internacionales y garanticen la dignidad de las personas y el cumplimiento de sus derechos, y formular políticas de movilidad humana integrales basadas en datos empíricos y en una perspectiva de gobierno integrado, que se centren en los derechos y la dignidad de las personas y adopten la perspectiva de la seguridad humana en sus diversas dimensiones. (p.127)
Sobre este punto se ha insistido mucho desde la academia y la sociedad civil, incluso se han presentado programas como el Especial de Migración, el sexenio pasado, pero se ha avanzado poco derivado de la criminalización no solo de personas migrantes, también de defensores de derechos humanos, incluso durante el gobierno actual.
Concluyendo, teoréticamente hablando el documento del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica es un excelente referente para echar a andar una política internacional que pudiera por lo menos erradicar las causas de la migración centroamericana en la región (inseguridad, violencia, pobreza, falta de empleo). Los peros: la defensa de la soberanía de los países, el financiamiento, la corrupción, la ausencia de un estado de derecho y la intervención de la ONU en la región.
Estudios Fronterizos 