En lo que va del año y de esta administración, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, supongo que asesorada por el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillen, ha implementando dos procedimientos de regulación migratoria bien distintos, del primero dimos cuenta en este mismo espacio, incluso aplaudimos lo que consideramos sería una política migratoria y fronteriza de puertas abiertas (que a su vez me permitió aludir a una nueva categoría para el modelo epistemológico de la frontera, la de frontera hospitalaria), pero el gusto nos duró poco.
El segundo se refiere a lo que sucedió el viernes pasado en Mapastepec y el lunes en Pijijiapan, Chiapas: agentes del INM y la policía federal persiguiendo, golpeando y separando familias migrantes en tránsito para internarlos en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas.
Imágenes que nos recuerdan a los operativos implementados por la administración anterior cuando se echó a andar el plan frontera sur, que, a diferencia de la política actual, consistía en evitar la entrada de migrantes desde la frontera sur de México, especialmente el cuello de botella se hacía en Tapachula y Tenosique, e impedía que entraran personas migrantes al país y que, evidentemente, llegaran al norte México.
Si revisamos las cifras de cruces por la frontera México-Estados Unidos hasta este año, durante el sexenio de Peña Nieto existió un decremento de la movilidad humana en tránsito debido a la externalización fronteriza (financiada obviamente por Estados Unidos) y especialmente en el número de aprehensiones de personas migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.
De acuerdo a la conferencia de prensa de hoy, Olga Sanchez Cordero, Tonatiuh Guillen y Marcelo Ebrard (https://twitter.com/SEGOB_mx/status/1120751401137733632), afirman que están reforzando los trabajos para ofrecer derechos humanos a las personas migrantes con base en la supuestamente actual política migratoria que consta de tres aspectos:
- protección de los derecho humanos;
- desarrollo económico y social de los países de la región (del Triangulo Norte);
- registro ordenado de los migrantes que ingresen al territorio.
Con base en lo anterior, Sanchez Cordero informa que presentó el ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN LOS LINEAMIENTOS PARA TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS. Acuerdo que incorpora a las personas provenientes de El Salvador y Honduras para obtener la condición de estancia de Visitante Regional:
Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 72, 73 y 74 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, para quedar como sigue:
Artículo 72. Podrán obtener esta condición de estancia los nacionales de Guatemala, de Belice, de El Salvador y deHonduras, así como las personas extranjeras que residan de manera permanente en dichos países.
Artículo 73. Para efectos de este capítulo la región fronteriza está conformada por todas las ciudades y municipios de las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.
Artículo 74. Ficha del trámite para la obtención de la tarjeta de visitante regional.
Sin embargo, un par de situaciones llaman la atención: la primera tiene que ver con el ofrecimiento de visas humanitarias que sirven para conseguir un trabajo, pero contravienen el presente acuerdo como se estipula en el siguiente párrafo:
Que de conformidad con el artículo 52, fracción III de la Ley de Migración, la condición de estancia de Visitante Regional puede otorgarse al extranjero nacional o residente de los países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de siete días y sin permiso para recibir remuneración en el país;
La segunda tiene que ver con los requisitos, una lista de trámites que dudosamente una persona o un niño y niña no acompañado que está huyendo de su país traerá consigo o podrá conseguir en su país de origen:
Los nacionales guatemaltecos y personas extranjeras residentes en Guatemala deberán presentar original y copia de la cédula de vecindad, del documento personal de identificación, o del pasaporte o documento de identidad y viaje, válido y vigente.
En el caso de menores de edad, se deberá presentar certificado de nacimiento, cuya fecha de expedición no sea mayor a seis meses.
En el caso de guatemaltecos menores de edad o sujetos a tutela jurídica no acompañados por ambos padres o tutores, deberán presentar permiso de los padres o del tutor legal otorgado ante notario público.
Los nacionales beliceños deberán presentar pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente. Los residentes permanentes en Belice deberán presentar visa que los acredite como residentes permanentes.
En el caso de beliceños menores de edad, o sujetos a tutela jurídica no acompañados por ambos padres o tutores, deberán presentar permiso de los padres o del tutor legal que contenga certificación de un Juez de Paz;
En caso de ser nacionales de El Salvador y Honduras, pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente.
Las personas extranjeras que residan en estos países, deberán presentar visa que los acredite como residentes permanentes.
En caso de salvadoreños y hondureños menores de edad o sujetos a tutela jurídica no acompañados por ambos padres o tutores, deberán presentar permiso de los padres o del tutor legal que contenga certificación de un Juez de Paz, y
En todo caso, desde mi perspectiva, esta política no difiere de la anterior administración, ambas le apuestan a la seguridad nacional y no a la seguridad humana.
Lo que sí ha cambiado es justamente que ahora no se aplica la política de externalizar fronteras, sino la política de frontera interregional (una categoría más para el modelo epistemológico de la frontera) que consiste en encapsular a las personas migrantes centroamericanas y solicitantes de refugio en la zona del Istmo, donde se estarán desarrollando los proyectos macroeconómicos de la actual administración, en concordancia con el Acuerdo Transpacífico; es decir, la frontera interregional ya no corresponde a la frontera territorial del país, sino que incorpora precisamente a los países de la región del Triangulo Norte para, supongo, llevar a acabo el segundo punto de la política migratoria enunciado por Sánchez Cordero (desarrollo económico y social de los países de la región).
No soy muy optimista con respecto a esta práctica, especialmente por lo que ya han denunciado las organizaciones de la sociedad civil en varios momentos de este año, especialmente aquellas que se refieren a la atención que se les está brindando a las personas migrantes y solicitantes de refugio, así como con respecto a la persecución de defensores de derechos humanos en que ha incurrido la presente administración y, finalmente, porque no se puede encargar la protección de la movilidad humana a la dependencia de protección civil, como lo ha hecho hasta ahora la titular de la SEGOB, aunado a una serie de problemáticas que todavía no se han presentado pero podemos ir imaginando.
Estudios Fronterizos 
