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Estudios Fronterizos

Carta al Presidente Peña Nieto y a integrantes de SEGOB referente a la caravana de migrantes retornados con discapacidad / Colectivo PND

abril 11, 2014 Estudios Fronterizos Grupo de Investigación UACM 1 comentario

México, Distrito Federal a 9 de abril de 2014

Enrique Peña Nieto, Presidente de la República

Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación

Lía Limón García. Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. SEGOB

Mercedes del Carmen Guillén Vicente. Subsecretaria de Migración, Población y Asuntos Religiosos. SEGOB.

Omar de la Torre de la Mora. Jefe de Unidad de Política Migratoria. SEGOB

María Olga Noriega Saenz. Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. SEGOB

Gobernadores de los Estados de la República y Presidente Municipales

A los medios de comunicación

A las y los defensores de derechos humanos en México y el mundo

A la sociedad en general

La caravana de migrantes de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad (AMIREDIS) provenientes de Honduras, afectados por las Políticas de Estado excluyentes, las políticas migratorias restrictivas de la región y las prácticas burocráticas e inhumanas hacia la población migrante, han solicitado audiencia con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, con el apoyo y acompañamiento de defensoras y defensores de derechos humanos de migrantes del país.

La caravana de migrantes solicita respuestas por parte del actual gobierno ante la situación de vulnerabilidad a la que se expone a las y los migrantes en territorio mexicano. De igual forma, quieren hacerse escuchar con la esperanza de sensibilizar a la población sobre el impacto en sus vidas y la de sus familiares por el hecho de estar mutilados.

Acompañados en el camino por el Hno. Ramón Verdugo Sánchez, defensor de derechos humanos de migrantes, y con apoyo de la Hna. Leticia Gutiérrez Valderrama, defensora de derechos humanos de personas defensoras y migrantes, la caravana migrante espera la respuesta del Presidente Peña Nieto para atender su solicitud de audiencia pública.

José Luis Hernández, representante de AMIREDIS, indicó en entrevista por radio (5 de abril, Rumbo al Norte, radiociudadana.imer.gob.mx) “No nos vamos de México hasta concretizar algo. Un brazo, una pierna, una mano mía está en Chihuahua… Dicen que es imposible ver a Enrique Peña Nieto. Imposible es que me crezca mi brazo o que me crezca mi pierna, pero poder ver a un ser humano igual que nosotros, no debe ser imposible”.

José Luis, junto con otros 14 migrantes, salió de Honduras sin documentación migratoria. Solicitaron permiso migratorio al gobierno de México, pero éste les fue negado dado que con la actual Ley de Migración y su Reglamento es casi imposible que los migrantes de Honduras, y algunos otros países de Latinoamérica, tengan oportunidad para acceder a un permiso migratorio de estancia temporal o permanente en México. Una vez en territorio mexicano, gracias a la movilización de defensoras y defensores de derechos humanos de migrantes, se les otorgó un permiso de estancia por razones humanitarias con vigencia de 6 meses.

Los migrantes llegaron a la Ciudad de México este 8 de abril y a pesar de haber solicitado la audiencia por escrito desde el 4 de abril, aún no hay claridad sobre si serán recibidos o no por el presidente Peña Nieto. Es por ello, que más de 90 organizaciones y redes de México, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá, nos unimos a la petición para que sean recibidos y escuchados por el Presidente de la República Mexicana.

Aunado a las constantes agresiones ocurridas en contra de las y los migrantes; como cuando los arrojan del tren causándoles la muerte o la discapacidad por la mutilación de alguna parte del cuerpo, al ser víctimas de secuestros, torturas y amenazas; se ataca a defensoras y defensores, casas de migrantes y organizaciones que defienden sus derechos y les brindan ayuda humanitaria, sin la mínima garantía de seguridad.

El 5 de abril pasado, integrantes del Colectivo Ustedes Somos Nosotros, fueron agredidos y atacados con armas mientras realizaban su trabajo y ayuda humanitaria a migrantes en Lechería en el Estado de México. A pesar de contar con medidas de protección y estar adscritos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un migrante y un defensor resultaron heridos, sin que su vida, integridad, libertad y seguridad, estén protegidas.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no respondió ni en tiempo ni forma ante la alerta dada la gravedad de los hechos en contra de integrantes del Colectivo Ustedes Somos Nosotros, como no ha sido capaz de responder de manera óptima ante las diversas agresiones que se han presentado con las y los defensores de derechos humanos de migrantes.

Contrario al papel de garante de los derechos humanos de todas las personas en territorio nacional, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria, el Estado Mexicano no sólo incumple con el respeto y garantía de estos derechos, es también responsable de la inoperancia del Mecanismo de Protección, falta de actuación, de información y de la impunidad imperante como consecuencia la poca diligencia de sus funcionarios en la integración de las investigaciones, el esclarecimiento de los hechos, la persecución y sanción de los responsables, así como de la omisión en la prevención y atención a las violaciones de los derechos humanos, la violencia y los crímenes mencionados que continúan cometiéndose en el país de manera sistemática.

Si le hacen daño a la población migrante, nos agreden a todas, si atentan contra la vida y seguridad de una persona defensora de derechos humanos, nos atacan a todas. Es por esto que las organizaciones firmantes, con base en el derecho a la vida, integridad y seguridad, así como al derecho a la información y de petición, demandamos:

Que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto dé audiencia a la brevedad, a la Caravana de migrantes de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad (AMIREDIS) y a las defensoras y defensores que les acompañan, dando seguimiento a la petición realizada por escrito el pasado 4 de abril.
La adopción inmediata, por parte del Estado Mexicano, de medidas de protección y garantías necesarias para el derecho a la vida, a la integridad y la seguridad de las y los defensores de derechos humanos de migrantes del Colectivo Ustedes somos Nosotros, así como el fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que sea oportuno, idóneo, eficiente y acorde a las necesidades de protección.
La reparación del daño a migrantes con discapacidad causada en territorio mexicano y a sus familiares, por la omisión o aquiescencia de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Así como la atención y medidas que debe otorgar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y aquellas señaladas por la Ley General de Víctimas.
La efectiva investigación, persecución y sanción penal de quienes cometieron las agresiones en contra de defensoras y defensores de migrantes del Colectivo Ustedes Somos Nosotros, así como de las autoridades federales, estatales o municipales que resulten involucradas por omisión o aquiescencia.

Que junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión, se tomen las previsiones para asignar recursos etiquetados para atender integralmente a las y los migrantes en tránsito, sus familiares y sus defensoras y defensores, en la ejecución del Programa Especial de Migración por publicarse en este mes de abril.

Que se incorporen indicadores que den cuenta de los resultados en la implementación de políticas públicas, programas presupuestarios y del Programa Especial de Migración, para la protección de defensoras y defensores, la atención y prevención de delitos y violaciones a derechos humanos de la población migrante, sus familiares, defensoras y defensores

Que se incorporen soluciones a las problemáticas descritas como eje central de las políticas migratorias del Estado Mexicano, su ejecución y monitoreo conforme a los derechos humanos, la inclusión social y el desarrollo integral.

Atentamente,

Colectivo PND Migración

colectivo.pnd@gmail.com

Agencia Familiar Binacional, A.C (AFABI), Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, Albergue del Desierto, Albergue Manos Extendidas a los Necesitados A.C, Amnistía Internacional, Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN), Babel Sur/Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales A.C., Be Foundation, Derecho a la Identidad, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Casa Refugiados A.C., Coordinación de Migración (BUAP), Boca de Polen Red de Comunicadores, Cambia la Historia, Casa del Migrante-Casa Nicolás, CEMAC A.C, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C, Centro de Derechos Humanos del Migrante A.C, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C (CEDHAPI), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo), Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM), Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas(CIMICH), Coalición Pro Defensa del Migrante, Colectivo de Apoyo para las Personas Migrantes (COAMI), Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Colectivo Vía Clandestina, CONVIHIVE A.C., Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4-Paso Libre), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR Chiapas), El Diamante de Fuego A.C, El Monitor Civil de la Policía (Mocipol), El Rincón de Malinalco, Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas, Es por los Niños A.C, Estancia del Migrante González y Martínez A.C (EMGM), Estudios Fronetrizos.org, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, Federación Zacatecana A.C. (FEDZAC-Mx), Foro Migraciones (FM), Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante de Saltillo), Fundación Isidro Fabela A.C, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C, FUNDAR. Centro de Análisis e Investigación A.C, Global Workers Justice Alliance (GWJA), Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM), Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (GIMTRAP), Immigrant Initiative, Inclusión y Equidad, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C, Iniciativa Frontera Norte de México, Iniciativa Kino para la Frontera Norte/Kino Border Initiative, Inicicativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C (Incide Social), Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C (INEDIM), Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto para las Mujeres en la Migración A.C (IMUMI), Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO), Irapuato Vive, Jornaleros Safe, Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS), Mesa Transfronteriza de Género y Migración, Mexicanos y Americanos Todos Trabajando A.C (MATT), Migrantólogos, National Alliance of Latin American and Caribbean Communities (NALACC), Nosotras Somos tu Voz, Organización Binacional Aztlán, Por la Superación de la Mujer A.C, Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB), Red Bajío en Apoyo al Migrante, Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA), Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD), Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM), Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex), Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx), Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF), Red Nacional de Género y Economía (REDGE), Red Regional de Organizaciones Civiles para la Migración (RROCM), Respuesta Alternativa, Salud Integral para la Mujer A.C (SIPAM), Servicio Jesuita Migrante (SJM), Sin Fronteras, Sistema Universitario Jesuita, SMR: Scalabrinianas Migrantes y Refugiados, The United Food and Commercial Workers (UFCW), Universidad Autónoma de la Ciudad de México-Estudios Fronterizos (UACM), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad de Guadalajara (UDG), Universidad Iberoamericana, D.F. Programa de Asuntos Migratorios (UIA-Cd. México), Universidad Iberoamericana, Puebla, Programa de Asuntos Migratorios (UIA-Puebla), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C (VM-APM) y Washington Office on Latin America (WOLA).

Contacto:

Hna. Leticia Gutiérrez Valderrama

migrantes.scalabrinianas@gmail.com

Cel. 04455 40965306

Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados

C.c.p. Aurelio Nuño Mayer. Jefatura de la Oficina de la Presidencia. Presidencia de la República.

C.c.p. Erwin Lino Zárate. Secretaría Particular del Presidente. Presidencia de la República.

C.c.p. Carlos Eduardo Romero Castro. Dirección General de Atención Ciudadana. Secretaría Particular del Presidente. Presidencia de la República.

Estudios Fronterizos

A escondidas y tarde, la CNDH emite recomendación por la masacre de San Fernando / Proceso

enero 8, 2014 Estudios Fronterizos Grupo de Investigación UACM Deja un comentario

LA REDACCIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2013
NACIONAL

MÉXICO, D.F., (apro).- En el más absoluto sigilo y un día antes de la Nochebuena, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 80/2013 relacionada con el caso de la masacre de San Fernando, ocurrida el 21 de agosto de 2010.

A pesar de tratarse de uno de los episodios más cruentos en la historia criminal del país, el organismo que dirige Raúl Plascencia inusitadamente optó no hacer mucho ruido no obstante que la recomendación reconoce que el caso se mantiene en la impunidad por irregularidades en que incurrieron las procuradurías General de la República (PGR) y la General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La conclusión es tajante: Tras un análisis minucioso de pruebas, documentos, testimoniales y notas periodísticas, el organismo refirió que la PGR y la PGJ de Tamaulipas “incurrieron en responsabilidad institucional al incumplir con el deber de garantizar los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor, de 72 personas migrantes de distintas nacionalidades” así como, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la privacidad, en perjuicio de las dos personas que sobrevivieron a los hechos ocurrido en agosto de 2010.

En aquel entonces Arturo Chávez Chávez estaba a cargo de la PGR y Jaime Rodríguez de la procuraduría de Tamaulipas.

El caso, señala el documento, cuenta con “elementos de convicción suficientes para presentar formal queja ante las Visitadurías Generales” de ambas procuradurías, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente contra los servidores públicos –tres de la procuraduría estatal y siete de la PGR, cuyos nombres y cargos omite—que participaron en los hechos, a fin de deslindar responsabilidades.

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q, la CNDH señala que se violaron los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor de 72 los migrantes muertos y violación a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de los dos sobrevivientes, así como a la privacidad y protección de datos de identidad de uno de los sobrevivientes cuyos datos fueron difundidos y publicados.

El organismo condena que a más de tres años del crimen colectivo, la PGR continúa con la identificación de los cuerpos con lo que “incumplió con su deber de hacer justicia pronta y expedita”.

A partir de los reportes de la autoridad local y federal, de las necropsias y reportes forenses, la CNDH determinó que no se preservaron las evidencias en el lugar de los hechos, pues la procuraduría estatal omitió impedir el acceso a personas ajenas a las investigaciones.

El levantamiento de los indicios, precisó, se hizo de manera precipitada, sin metodología y de manera deficiente, lo que provocó la pérdida de algunos de ellos como la ubicación de casquillos percutidos, e impactos relacionados con la trayectoria de las balas.

Los peritos, abundó, no documentaron lo observado en el lugar de los hechos de manera “exacta y minuciosa” sobre la posición en la que encontraron los cadáveres, la edad aproximada, media filiación, estatura, ropa que vestían, calzado, rigidez cadavérica, grado de putrefacción y lesiones que se podían advertir a simple vista.

Esos datos, señala la CNDH serviría para establecer las circunstancias en que fueron privados de la vida, lo que no se ha podido determinar por esas deficiencias y ha derivado en impunidad.

Además, las necropsias se hicieron 48 horas después de los hallazgos de los cadáveres, sin la debida atingencia para evitar perder evidencias fundamentales para la identificación y descripción precisa. En lugar de que la PGR hiciera la necropsia de inmediato, añadió, los cuerpos estuvieron dos días a la intemperie y apilados sin hacer los procedimientos que se requieren para evitar el proceso de descomposición.

Los servidores públicos de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, dice la recomendación, estaban obligados a realizar “todas las operaciones y análisis que su ciencia o arte les permitiera” y especificar, en sus respectivos dictámenes, los hechos y circunstancias que sirvieron de sustento a sus conclusiones.

Debieron hacerlo, afirma la CNDH, “con una metodología concreta y acorde al contexto y no, como ocurrió en el caso, circunscribirse a un reporte liso y llano, con afirmaciones genéricas sobre las posibles causas de los hechos, en las que se omitió la realización de exploraciones significativas de indicios conducentes a determinar lo que en realidad sucedió los días 21 y 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas”.

Las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, el desarrollo de la investigación y el tratamiento de los cuerpos de las 72 personas fallecidas en los hechos fueron de tal magnitud que 12 de ellas tuvieron que ser inhumadas sin ser identificadas, con la consecuencia de que los familiares “han sido privados de la posibilidad de saber la verdad de los hechos en cada uno de esos casos”.

Incluso, refiere el organismo los dictámenes están incompletos y hasta tienen faltas de ortografía como “bendaje” y descripciones deficientes “mal” o “muy mal” para referirse al caso de la dentadura de los cadáveres; además de que en dos casos la razón de la muerte no correspondió con la descripción de las heridas.

A ello se sumó que uno de los 16 cadáveres enviados a Honduras, era de un ciudadano brasileño, según refirió la Directora Nacional de Medicina Forense del Ministerio Público hondureño.

“La confusión del envío del cuerpo pone de manifiesto que servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, incurrieron en omisiones al verificar la plena identificación de los cuerpos”, señala la recomendación.

Por si fuera poco, el organismo constató que el transporte en el que fueron trasladados 56 de los cadáveres, de Tamaulipas a las instalaciones del Servicio Médico Forense, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no contaba con licencia sanitaria y el chofer desconocía que “la carga” eran los cuerpos. Tampoco supo si los cadáveres habían sido preparados para evitar su putrefacción.

En el caso de los dos sobrevivientes la CNDH advirtió que no se les atendió debidamente, ni física ni psicológica o emocionalmente y se violó su derecho a la privacidad y protección de datos pues el nombre, dirección y nombres de familiares entre otros datos, fueron publicados en algunos medios que citaban una fuente federal.

Los datos de uno de ellos, refiere la recomendación, fueron proporcionados al Instituto Nacional de Migración (INM) pese al riesgo en el que estaba su vida.

Según el testimonio de los dos sobrevivientes, el 21 de agosto de 2010, alrededor de las 22:00 horas, un grupo de 74 migrantes que viajaban a bordo de dos camionetas con rumbo a la frontera con Estados Unidos fueron interceptados y secuestrados por un grupo armado en San Fernando.

Al día siguiente, fueron trasladados a otro rancho donde les preguntaron si querían trabajar para el grupo delictivo de Los Zetas y como se negaron, los asesinaron. Más de tres años después los hechos siguen impunes, subraya la CNDH en su recomendación dirigida al actual titular de la PGR, Jesús Murillo Karam y al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú.

Al titular de la PGR le pidió instruir a quien corresponda para que sus agentes observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito; que instruya a los agentes del Ministerio Público y peritos sobre la identificación, el manejo y la conservación de cadáveres y sobre el procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, a fin de que sean capacitados en la materia y que se practiquen todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad de los hechos.

Entre otras peticiones, la CNDH también pide a la PGR que instruya, a quien corresponda, para que se realicen acciones de coordinación con las demás autoridades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para recabar información respecto de la comisión y combate del delito de privación ilegal de la libertad de personas migrantes, a fin de generar un diagnóstico útil para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución de ese delito.

También le solicita colabora con la comisión en la presentación y trámite de la denuncia que se promueva ante la Visitaduría General en esa Procuraduría, para que se inicie una investigación administrativa respecto de los servidores públicos de esa institución que omitieron dictar medidas para la protección de los datos de identidad de uno de los sobrevivientes y sus familiares, así como respecto de la responsabilidad por la dilación en la identificación de los cuerpos pendientes.

A Torre Cantú le solicitó, entre otros puntos, que instruya a su personal para que, en todos los casos de cuerpos que son enviados a la fosa común, se adopten protocolos de identificación que garanticen a familiares el conocimiento del destino de sus parientes, que se capacite a sus agentes del MP y peritos, así como estrechar la vigilancia de zonas de alto riesgo para la comisión de secuestros a migrantes.

También que instruya al secretario de Seguridad Pública del estado, para que, en coordinación con el INM, la Comisión Nacional de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de San Fernando, se intensifiquen las acciones de vigilancia en las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de personas migrantes.

Asimismo le pide colaborar “ampliamente” con la comisión en la presentación y trámite de la queja que se promueva ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, para que se inicie investigación administrativa respecto de la actuación del personal ministerial y de servicios periciales de esa institución, involucrados en los hechos.

Ambas dependencias tendrán un margen de 15 días para responder si aceptan la recomendación. De aceptarla, deberán enviar a la CNDH, en los siguientes 15 días hábiles las pruebas sobre la aceptación de la recomendación.

En caso de que la respuesta sea negativa, la CNDH podría solicitar al congreso de Tamaulipas, al Senado de la República o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, que Murillo Karam, Torre Cantú y los servidores públicos responsables, comparezcan ante esos órganos legislativos, a efecto de que expliquen los motivos de su respuesta.