#DiaMundialDeLasPersonasRefugiadas
Llevamos varios años en una crisis humanitaria en todo el mundo porque no hemos sabido atender oportunamente el fenómeno de la migración. Los gobiernos han sido mezquinos con la adecuada aplicación de sus propias normas, tanto del derecho internacional, como de sus políticas públicas, y son indefendibles tanto quienes prefieren que se mueren los refugiados en el Mediterráneo (Unión Europea), como quienes dejan en manos del crimen organizado a los migrantes (México), o separan familias (Estados Unidos).
La historia de la migración es inmemorial y no da tiempo para analizar cada momento, pero sí es necesario ubicar en qué se ha fallado, qué practicas no solo se han reproducido sino también se han sofisticado, como se observa en tres situaciones muy puntuales: el establecimiento de los límites del Estado-nación como actualmente lo conocemos, la perpetuidad de los limis y los frons, solo que ahora más sutiles, y los dispositivos de seguridad de los que da cuenta la biopolítica y la necropolitica. Sobre los tres he escrito en otros textos, donde desarrollé el modelo epistemológico de la frontera y lo apliqué en varios continentes para poder hacer estudios comparados (véase Epistemología de la frontera. Modelos de sociedad y políticas publicas (2014) & Cartografía de las fronteras. Diario de campo (2016)).
Si consideramos la tres situaciones arriba mencionadas podemos comparar tanto lo que sucede en el Mediterráneo con lo que sucede en la frontera sur de Estados Unidos, e incluso con lo que sucede en la frontera sur de México; es decir, que los propios gobiernos europeos, estadounidense y mexicano se nieguen a reconocer que la oleada de personas en situación de movilidad (sean migrantes o refugiados) es consecuencia de las prácticas antidemocráticas y de acumulación del capital que se establecieron con el fin de la Guerra Fría, por lo que han preferido criminalizar el derecho a la movilidad que tenemos todas.
Al haber estado en varias fronteras, que en realidad son el cuello de botella de los países que intentan “frenar” la migración y las solicitudes de refugio y asilo, observo que el problema es más complejo de lo que aparenta, pero la solución debería ser más sencilla, lo que está de fondo es qué se gana con la represión, persecución, encarcelamiento y deportación de los migrantes y los refugiados. Estoy convenida que adoptar una adecuada práctica de política fronteriza y política migratoria es económicamente más viable a largo plazo que lo que ahora vivenciamos en diferentes continentes.
La desigualdad entre las personas que habitamos el mundo es abismal y las consecuencias las vivimos a diario, la solución ha consistido en precarizar cada vez más la calidad de vida a cambio del ideal de bienestar tecnológico. El tema es que en muchos países ese bienestar no se respira porque están en guerra, tienen hambre o quieren una mejor vida para sus hijos: prefieren morir en el intento de cruzar, que esperarse a que los maten en sus países de origen. No se puede criminalizar el derecho de buscarse una mejor condición de vida, da igual si son sirios, subsaharianos, guatemaltecos, hondureños, mexicanos, afganos, la nacionalidad no tendría que importar cuando se trata de migrar, de buscar refugio, pero en la realidad sí importa.
¿Por qué importa? Porque genera utilidades para muchas economías en distintos niveles, porque permite por un lado, avanzar a un esquema de justicia inequitativa, superando el esquema utilitarista, de lo que en economía política conocemos como justicia distributiva. Qué debemos lograr en la práctica para superar esta situación de crisis humanitaria: un equilibro entre el mercado, el estado y la ciudadanía. Sobre ello existe mucho escrito, nada o poco se ha aplicado a la realidad.
Desde mi perspectiva, estamos en la cuerda floja y tenemos dos opciones: nos decantamos por la instalación, nuevamente, de la ultra derecha en prácticamente todo el mundo, como se observa desde el 2015, cuyas consecuencias ya conocemos (guerra mundial); o intentamos revertir la necropolítica en la que estamos inmersos. Sin duda día a día se hacen esfuerzos sobrehumanos para evitar que la gente siga muriendo en las rutas migratorias y en las fronteras, pero mientras los gobiernos no se hagan cargo y sean consecuentes con la defensa de los derechos humanos (ayer Estados Unidos decidió abandonar la Comisión de Derechos Humanos de la ONU), la sociedad civil organiza debe optar por otros derroteros para frenar la situación actual.