El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el informe Regional de Desarrollo Humano para America Latina 2013-14, con el tema“Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina”:

El presente informe ofrece un análisis sistemático sobre la seguridad ciudadana en 18 países de la región, así como un conjunto de recomendaciones dirigidas a tomadores de decisión, actores de la sociedad civil y a la comunidad internacional. Se reconoce que la inseguridad ciudadana es un reto compartido por todos los países de la región y que, como tal, demanda un entendimiento regional sobre los obstáculos y las respuestas que se han ensayado para afrontar las amenazas a la seguridad ciudadana.

Vale la pena revisar lo concerniente a las recomendaciones para mejorar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana que abarcan tanto los casos de organización criminal moderada como los grupos criminales altamente organizados:

Una política de seguridad integral requiere la coordinación entre distintos niveles de gobierno. Desde el punto de vista institucional, la realización de este tipo de programas se ha apoyado en un creciente protagonismo de los gobiernos locales en la prevención del delito. Esto constituye una constante en la región, a pesar de que son escasos los países en los que los gobiernos locales tienen responsabilidades constitucionales en materia de seguridad ciudadana […].

Reto común, respuestas diferenciadas

Para la construcción de una política de seguridad ciudadana efectiva, es indispensable entender cómo se articulan y se manifiestan las amenazas a la seguridad en un contexto determinado. Cada país, ciudad y municipio tiene una combinación distinta de amenazas. De ahí que las respuestas más eficaces frente a la inseguridad dependan menos de una sola política aislada y más de una combinación correcta de políticas que se deriven de un diagnóstico acertado de la realidad local.

De acuerdo con las teorías criminológicas, los lugares donde el delito se manifiesta de manera desorganizada y oportunista requieren un conjunto de medidas estándares —como el desarrollo de información georreferencial y el despliegue de patrullas en puntos estratégicos— para inhibir el delito (Felson y Clarke 1998). Otras respuestas pueden consistir en mejorar la iluminación de las calles, reestructurar los espacios públicos, promover mayor circulación peatonal o cerrar los bares más temprano con el fin de prevenir riñas o incidentes de violencia generados por el abuso de alcohol.

Donde existe una organización criminal moderada, como las pandillas juveniles, se vuelve necesario fortalecer los vínculos entre la sociedad y las autoridades locales para prevenir y controlar el delito. El trabajo de las policías comunitarias es fundamental para brindar atención a poblaciones en riesgo. Los programas educativos, la transferencia de recursos o la capacitación técnica, y la promoción de actividades recreativas en barrios o en comunidades pueden ayudar a fortalecer la conexión entre estos grupos vulnerables y el resto de las comunidades, así como a disminuir los factores de riesgo asociados con la violencia juvenil.

La presencia de grupos criminales altamente organizados demanda respuestas específicas. La creciente presencia de redes de narcotráfico o de grupos criminales dedicados a la extorsión o al secuestro, por ejemplo, requiere una mayor inversión en investigación, trabajo de inteligencia y colaboración entre las distintas dependencias de seguridad. Cuando la delincuencia organizada llega a permear profundamente en la dinámica de las comunidades, se requiere que los Estados restablezcan el control territorial y fortalezcan la institucionalidad local, incluido el aparato de seguridad pública.

Informe completo:

IRDH-AL Resumen Ejecutivo