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¿Qué ganó Kamala Harris al llegar a México después de las elecciones del 2021?

Ayer 8 de junio estuvo Kamala Harris, vicepresidenta del gobierno de Estados Unidos, en México. Si bien es cierto que su visita ya estaba programada previo a la contienda electoral de este pasado 6 de junio, el resultado era bastante incierto, las tendencias se inclinaban a que MORENA, el partido del presidente López Obrador, podría mantener la mayoría en las Cámaras, así como en varios estados, municipios, incluso alcaldías de la CDMX. El resultado no fue el esperado y la coalición tipo Frankestein conformada por partidos tan disímiles como PAN-PRI-PRD ganó bastantes y decisivos escaños, lo que más allá de restarle fuerza al movimiento encabezado por AMLO, lo obliga a matizar sus cabildeos para lograr los proyectos que le faltan por impulsar-concluir en esta supuesta 4T.

La visita de Harris, en este sentido, también hace posible que AMLO se siente a dialogar y a firmar el Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos y México de cooperación en la región, en otros términos de la reunión que mantuvieron virtualmente hace algunas semanas e incluso de forma bien distinta a la relación que mantenía con el expresidente Trump, que abarca aspectos como:

  • Cooperación y colaboración económica bilateral;
  • Reducir los homicidios y las muertes relacionadas con las drogas a ambos lados de la frontera y contrarrestar las fuerzas ilícitas que los impulsan;
  • Inversión de 130 millones de dólares en México para financiar que apoyen a los y las trabajadoras.
  • Trabajar en conjunto para fomentar el desarrollo agrícola y programas de empoderamiento de los jóvenes en El Salvador, Honduras y Guatemala;
  • Atraer inversión al sur de México;
  • Colaboración para resolver casos de desaparición en México.

Si bien es cierto que la firma de este Memorándum da cuenta de la voluntad política de Harris para resolver los problemas de fondo en Guatemala, Honduras y El Salvador, los varios y sistémicos desafíos en la región, no solo es la violencia a la que se enfrenta la población, el desempleo o falta de oportunidades para tener una vida digna, sino también la corrupción de los gobernantes (presentes y pasados) que se han enriquecido ilícitamente en mucho debido al extractivismo trasnacional que impera en el mundo y que obviamente beneficia a unos cuantos, entre otros temas que se deben abordar desde otras aristas como el crimen organizado, el narcotráfico, el endeble tejido social, la ausencia de un estado de derecho en la región, el poco o nulo acceso a los derechos sociales; hacen poco realizable un proyecto de tan envergadura que además es urgente llevar a cabo, no para frenar la migración irregular en los términos en los que estamos acostumbradas a analizar, especialmente a partir de las caravanas migrantes de 2018-2019, sino considerando lo que implica para las sociedades pospandemia el poder reconstruirse socioeconómica y políticamente hablando.

Ahora bien, podría estar de acuerdo y aplaudir la reunión y los acuerdos a los que llegaron Harris y AMLO sin titubear, pero ese no es mi trabajo, especialmente cuando llevo varios años estudiando el fenómeno. ¿Qué gana Harris al visitar México después de la jornada electoral? Tiempo, en primer lugar. En segundo lugar, y no menor, hacer llegar un mensaje unilateral de cómo se va a combatir la migración irregular en la región, que hizo patente en su visita a Guatemala, donde el mensaje fue más enfático que en México, afirmando “I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border: Do not come. Do not come.”

En tercer lugar, especialmente con un AMLO levemente debilitado después de las elecciones, un diálogo bilateral de cómo los estadounidenses entienden el ganar-ganar, que obviamente también beneficia los megaproyectos macroeconómicos de López Obrador, como el Tren Maya y Sembrando Vida. Este ganar-ganar evidentemente se traduce en la misma política migratoria y fronteriza que hasta la fecha se ha llevado a cabo que incluye la externalización del control migratorio al sur de México en un movimiento que ya he analizado en otros lados que implica la implosión de la política fronteriza y la internalización de la frontera hasta el Istmo de Tehuantepec, que denomino frontera interregional.

Frontera Interregional, diseño Roxana Rodríguez Ortiz (2019).

Frontera interregional: reterritorializar la integración centroamericana*

Esta categoría de frontera interregional la desarrollo una vez que el actual gobierno mexicano decide en 2019 internalizar el un “cuello de botella” del fenómeno migratorio (en tránsito) en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Previo a ello, con el Programa Frontera Sur (2014), ya se había desplazado del norte de México a Tapachula, Chiapas, y Tenosoquie, Tabasco. Y es con la llegada y cruce de las caravanas migrantes de 2018-2019, y con base en los acuerdos entre Estados Unidos y México para evitar que las personas migrantes continentales y transcontinentales lleguen a Estados Unidos, que se decide internalizar el control migratorio con el supuesto de “regularizar” la situación de las personas en tránsito.

La forma de regularizar a las personas migrantes y solicitantes de refugio encuentra eco y apoyo en la CEPAL, mediante el documento denominado Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México. El documento es interesante y multifactorial, sin duda una agenda de política internacional para la región que concluye con 30 recomendaciones en apego a los cuatro objetivos generales del Plan: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad, gestión integral

Y es también una réplica de lo que se está haciendo en la Unión Europea en época de Covid-19: regularizar mano de obra migrante para salir de la recesión y la crisis económica lo más pronto posible. En México y Centroamérica serviría para disminuir la pobreza en la región y para evitar la migración hacia Estados Unidos.

Este programa da cuenta de una buena intención, pero quedan varias interrogantes por resolver: ¿Porqué decidió esta ruta el actual presidente de México? ¿Es una política velada de intervención en Centroamérica? ¿De dónde vendrá la inversión? ¿Como se elegirá a quienes se puedan quedar en territorio mexicano? O, como en Europa, ¿la “inversión” en fronteras es la opción para lograr una migración cero apegada a la agenda 2030? 

En México, especialmente en el norte, no es ninguna novedad aludir a la metodología o al Plan de la CEPAL, como tal, pues ya existe una relación de cadenas de valor con la incorporación de la maquila a los procesos productivos de la región desde los años sesenta del siglo pasado (un tema que ya trabajé en su momento y daré cuenta de ello brevemente en el siguiente capítulo). Lo que es novedoso y por lo tanto implica un alto riesgo del desbordamiento de la ausencia del estado de derecho es justamente el impacto de una propuesta de desarrollo económico y social en una región tan desigual, precarizada y explotada precisamente por intereses transnacionales que tienen puestos los ojos en los recursos naturales tan vastos que podemos encontrar en Centroamérica y en el sur de México. De ahí la pertinencia de diseñar la categoría de frontera interregional desde la ontología social y la ontología política, pues este análisis también da cuenta justamente de aquello que algunos filósofos han evidenciado en otros momentos y en otras regiones con respecto a la “territorrialización y desterritorializacion del ciudadano”.

Independientemente de que en los términos macroeconómicos y la inversión que el gobierno estadounidense va a realizar en México y en Guatemal principalmente, lo que no podemos perder de vista es justamente cómo se va a llevar a cabo la reterritorialización de la condición de refugio en México y la desterritorialización de la migración.

La apuesta de política migratoria actual es una aporía a todas luces, mientras le apuesta a la categoría de la frontera de la securitización para cumplir con los compromisos con Estados Unidos de evitar (impedir) la llegada de personas migrantes y solicitantes de asilo a su frontera sur, la frontera interregional es una categoría que requiere la integración, el intercambio, la movilidad, pero no de personas, sino de un sector industrial y comercial particular y para ello es necesario realizar un registro ordenado de las personas migrantes y solicitantes de refugio que intenten ingresar al país (muy al estilo de lo que hizo Angela Merkel en 2015 con la mal llamada crisis de los refugiados sirios).

Veremos si en estos tres años de gobierno que le quedan a AMLO y a Harris se logran los anhelados proyectos por y en beneficio de todas.


*Fragmentos del libro Roxana Rodríguez Ortiz (2020). Migración Cero. Reterriorializar la condición de refugio en México.

Hoja informativa: Cooperación binacional entre Estados Unidos y México: https://www.state.gov/translations/spanish/hoja-informativa-cooperacion-bilateral-entre-estados-unidos-y-mexico-2/

Internalizar las fronteras (y el control migratorio) en época de covid

Llevo más de un año trabajando en la categoría de frontera interregional que consiste en internalizar la frontera a un punto interior de cualquier país (que funcione como límite de movilidad humana para personas con visas de trabajo o para ciertas actividades económicas, y cuyo principal y único objetivo sea el desarrollo económico de la región), con ejes concomitantes entre otros puntos interiores de otros países para que de cuenta de la movilidad temporal asincrónica entre las economías locales-regionales.

Esta categoría de frontera interregional la desarrollo una vez que el actual gobierno mexicano decide en 2019 internalizar el un “cuello de botella” del fenómeno migratorio (en tránsito) en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Previo a ello, con el Programa Frontera Sur (2014), ya se había desplazado del norte de México a Tapachula, Chiapas, y Tenosoquie, Tabasco. Y es con la llegada y cruce de las caravanas migrantes de 2018-2019, y con base en los acuerdos entre Estados Unidos y México para evitar que las personas migrantes continentales y transcontinentales lleguen a Estados Unidos, que se decide internalizar el control migratorio con el supuesto de “regularizar” la situación de las personas en tránsito.

La forma de regularizar a las personas migrantes y solicitantes de refugio encuentra eco y apoyo en la CEPAL, mediante el documento denominado Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México. El documento es interesante y multifactorial, sin duda una agenda de política internacional para la región que concluye con 30 recomendaciones en apego a los cuatro objetivos generales del Plan: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad, gestión integral. 

Y es también una replica de lo que se está haciendo en la Unión Europea en época de covid: regularizar mano de obra migrante para salir de la recesión y la crisis económica lo más pronto posible. En México y Centroamérica serviría para disminuir la pobreza en la región y para evitar la migración hacia Estados Unidos.

Hasta ahí el alcance económico de la categoría de frontera interregional de internalizar el control migratorio, el alcance político se vincula con la soberanía, ciudadanía y territorio, instituciones que empleé para realizar estudios fronterizos comparados en diferentes continentes (véase el ejemplo metodológico de la Tabla 1).

Rodríguez. R. “Los Estudios sobre fronteras internacionales desde una perspectiva comparativa”. En Coraza, Lastra (eds.) Miradas a las migraciones, las fronteras y los exilios. Buenos Aires: CLACSO, 2020, p. 36. ISBN 978-987-722-584-6 

Si hacemos una revisión histórica de estas tres instituciones, nos daremos cuenta de que estos planos conceptuales son los que han sufrido más modificaciones desde el fin de la segunda guerra mundial (por mencionar un momento histórico) derivado no solo de la redacción de distintos acuerdos internacionales una vez conformada la Organización de las Naciones Unidas, sino también derivado de lo que entendemos por globalización.

Aunado a lo anterior, si elaboramos una línea del tiempo imaginaria y establecemos las rupturas en los sistemas de pensamiento, en la transformación de los medios de producción, en la digitalización de la comunicación y en la movilización social, lo que observamos es que estos cambios se han dado cada vez en menor tiempo, y en cada uno de ellos el Estado-nación está cada vez menos presente (como Estado benefactor, y más presente como Estado represor), véanse las últimas tres crisis en el mundo: 1989 (caída del Muro de Berlín), 2001 (ataque a las Torres Gemelas) y 2020 (pandemia de covid y las movilizaciones en época de confinamiento).

En este sentido, estas tres instituciones interdependientes son las piezas que podemos utilizar para modificar el escenario actual: la ciudadanía le da forma a la identidad administrativa de la población, una identidad que se asigna en función de un territorio; el territorio responde a la jurisdicción de un Estado-nación, un Estado-nación que ha cedido su soberanía a las empresas transnacionales, lo que permite que la soberanía de las transnacionales esté por encima del derecho internacional.

Lo que hicieron gran parte de los gobiernos con la pandemia de covid fue cerrar las fronteras, no internalizar el control de las mismas. Yo pertenezco a la generación de mexicanas que crecimos con una economía mixta de fronteras cerradas y transité la apertura de las mismas con el neoliberalismo. Mi propuesta es, si se quiere pensar así, buscar un equilibrio entre estas dos formas de economía política en las regiones que comparten fronteras, flujos migratorios y corresponsabilidad en el ataque a la pobreza, crimen organizado, explotación de recursos y mano de obra, defensa de derechos humanos y un largo etcétera.

No me quiero alargar demasiado en esta enterada y prefiero dejar algo para la siguiente semana, pero hay un caso que vale la pena revisar y es el de Marruecos-España:

Marruecos cerró las pasos fronterizos con Ceuta y Melilla el 13 de marzo para luchar contra el coronavirus y no los abrirá hasta negociar con España un nuevo modelo de frontera enfocado al turismo. El país vecino estudia terminar con el comercio atípico e instaurar una nueva aduana comercial a través de los puertos marroquíes, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

https://www.elespanol.com/espana/20200531/nueva-frontera-ceuta-melilla-marruecos-porteo-comercial/493951038_0.amp.html?__twitter_impression=true

Desde mi perspectiva, este caso puede ser un primer ejercicio de frontera interregional donde no solo se desplaza la política fronteriza entre estos dos países, sino que se difiere el control migratorio en una región que ha sido bastante desigual e inequitativo no solo a nivel económico, político, laboral, lo mismo que en el tratamiento del fenómeno migratorio.

La utopía del “Plan Marshall” para la frontera interregional de la CEPAL en Centroamerica

La semana pasada escribí sobre el Plan Nacional de desarrollo 2019-2024, donde afirmo que la apuesta sin duda iba por el desarrollo del sur, mediante la demarcación de la frontera interregional que abarca Honduras, Guatemala, el Salvador y el sur de México, hasta el Istmo. Un PND enfocado al desarrollo de megaproyectos, como el tren Maya, que permitirán ser un puerto de entrada y salida de mercancía que le haga la competencia al Canal de Panamá, con la firma del Acuerdo Transpacífico.

Diseño y conceptualización de la frontera interregional, Roxana Rodríguez, 2019.

Para lograr este desarrollo se necesitan cubrir varias aristas en diferentes niveles: la corrupción que azota a los gobiernos de la región, incluyendo a México; la inseguridad y el crimen organizado que atraviesa las rutas migratorias hasta la frontera sur de Estados Unido; las causas de la migración centroamericana; la política errática de criminalización, detención, deportación del Instituto Nacional de Migración (INM); la falta de presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) para contratar y capacitar gente que facilite el trámite de solicitud de asilo-refugio; la política de tercer país seguro en la frontera norte de México; la xenofobia creciente en las comunidades receptoras y de tránsito; la notable intervención de la ONU, mediante la participación de ACNUR y ahora de la CEPAL no solo en el tratamiento de la movilidad humana sino en el desarrollo económico de la región; y, no menos importante, el presupuesto para lograr lo que desde mi perspectiva es la migración cero en apego a la agenda 2030.

Objetivos de la Agenda 2030

Este mismo esquema de migración cero es lo que se propuso la Unión Europea a partir de la mal llamada crisis de refugiados sirios en 2015, una política que consistía en varias estrategias, de las cuales también hemos dado cuenta en este espacio, principalmente dos: externalizar fronteras y tercer país seguro (en apego al reglamento Dublin III). Ambas fracasaron si consideramos el cementerio en el que se ha convertido el Mediterráneo en los últimos años debido a que también se impusieron sanciones a las organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a salvar vidas en medio del mar. Pero si consideramos que en pocos años se logró disminuir la llegada de personas migrantes y solicitantes de refugio a la Unión Europea, podríamos decir que ha sido exitosa debido principalmente a los acuerdos con los países africanos de que se hagan cargo de controlar la migración antes de su salida al mar con tácticas que dejan mucho que desear con respecto a los derechos humanos.

Con este escenario local-global, ayer presentó Alicia Bárcena, junto con Marcelo Ebrard, el documento que la da forma al Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, propuesta de la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Como ya lo he comentado en otros espacios, es una buena intención, pero quedan varias interrogantes por resolver: ¿Porqué #AMLO decidió esta ruta? ¿Es un política velada de intervención en Centroamérica? ¿@ACNURamericas sustituirá a la #COMAR? ¿De dónde vendrá la inversión? ¿Como se elegirá a quienes se puedan quedar en territorio mexicano? O, como en Europa, ¿la “inversión” en fronteras cerradas es la opción para lograr una migración cero apegada a la agenda 2030?

El documento es interesante y multifactorial, sin duda una agenda de política internacional para la región que concluye con 30 recomendaciones en apego a los cuatro objetivos generales del Plan: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad, gestión integral. Un agenda a largo plazo que además de mucha inversión, en primer lugar necesitaría de un cambio de paradigma en la concepción de la política fiscal, económica, energética, de derechos humanos, educación, innovación y desarrollo. Un manual de buenas intenciones de difícil aplicabilidad en la región dadas las condiciones actuales de ausencia de un estado de derecho; es decir, además del presupuesto, el otro cómo que no es evidente consiste justamente en cómo se va a garantizar la seguridad humana para que se generen todos estos cambios.

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Una posible solución pueda estar dada en la Recomendación 11: “Promover la perspectiva del desarrollo territorial incluyente en las acciones de política pública destinadas al fomento y el fortalecimiento de las capacidades locales, el cierre de brechas, la densificación de la prestación de servicios públicos y la articulación de las dimensiones económica, social y ambiental” (p. 114). Pero para eso también se necesita un estado de derecho que impida los asesinatos de los defensores precisamente del territorio, como ha habido muchos en toda la región. Otra posible solución para que el resto de las recomendaciones se puedan echar a andar está en:

Recomendación 25. Lograr que los Estados se adhieran plenamente a las normas internacionales y garanticen la dignidad de las personas y el cumplimiento de sus derechos, y formular políticas de movilidad humana integrales basadas en datos empíricos y en una perspectiva de gobierno integrado, que se centren en los derechos y la dignidad de las personas y adopten la perspectiva de la seguridad humana en sus diversas dimensiones. (p.127)

Sobre este punto se ha insistido mucho desde la academia y la sociedad civil, incluso se han presentado programas como el Especial de Migración, el sexenio pasado, pero se ha avanzado poco derivado de la criminalización no solo de personas migrantes, también de defensores de derechos humanos, incluso durante el gobierno actual.

Concluyendo, teoréticamente hablando el documento del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica es un excelente referente para echar a andar una política internacional que pudiera por lo menos erradicar las causas de la migración centroamericana en la región (inseguridad, violencia, pobreza, falta de empleo). Los peros: la defensa de la soberanía de los países, el financiamiento, la corrupción, la ausencia de un estado de derecho y la intervención de la ONU en la región.