La región Latinoamericana comprende uno de los corredores migratorios continentales más extensos y diversos a nivel mundial, al mismo tiempo que presenta los índices de desigualdad más elevados. La cuestión de la movilidad humana a lo largo del continente obedece a causas estructurales, entre las cuales, junto a la violencia social y política generalizada, destacan los modelos de desarrollo excluyentes que desplazan a comunidades que al no poder vivir en condiciones dignas, se ven obligadas a migrar. Nuestra región es testigo de las migraciones intrarregionales y entre comunidades transnacionales y transfronterizas, de tránsito y asentamiento de poblaciones migrantes provenientes de países de África y Asia, así como de retorno por deportaciones o de manera voluntaria.

Las violencias en todo el proceso migratorio y la ausencia del Estado como garante de derechos, generan nuevos desplazamientos y efectos, como lo es el caso de las familias en búsqueda de personas migrantes desaparecidas o víctimas de homicidio, que para exigir y acceder a la justicia también tienen que migrar. Así mismo, la criminalización de la población en contextos de movilidad y la militarización de nuestras tierras, restringen cada vez más la movilidad humana en Latinoamérica.

Los riesgos y la creciente violencia contra migrantes durante su trayecto ocurren en mayor escala, brutalidad y barbarie en la región que comprenden El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Una tragedia constante son las situaciones por las que atraviesan las personas migrantes víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos debido a distintos atropellos tales como el robo, la extorsión, el secuestro, la tortura, la trata de personas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones en su tránsito por México, cometidas muchas veces por grupos del crimen organizado coludidas con el gobierno. Ejemplo de ello es la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando en Tamaulipas, México, en agosto de 2010. Este, como otros episodios similares, a pesar de haber sido denunciados por diversas organizaciones internacionales y organismos regionales, continúa en completa impunidad.

La región sudamericana ha mostrado una postura en miras hacia la integración regional y la perspectiva de derechos humanos, sin embargo, comienzan a observarse políticas migratorias que afectan la movilidad de forma negativa, como el caso de Argentina con las modificaciones recientes a la Ley Nacional de Migraciones por la vía del decreto, y de Brasil con los vetos presidenciales a la norma aprobada por el Congreso. Incluso, pareciera que la puesta en marcha de centros de detención para migrantes comienza a ser considerada como una opción para los gobiernos de América del Sur.

Las políticas migratorias basadas en el control, la detención y la deportación de las personas migrantes, diseñadas desde una perspectiva de seguridad nacional y basadas en la militarización como mecanismo de contención, han generado además de violaciones a los derechos humanos, un aumento de la corrupción y colusión de autoridades en estos delitos graves, así como la criminalización de las personas migrantes y el fomento de la xenofobia entre las poblaciones locales.

Por otro lado, debido a las estructuras patriarcales al interior de las sociedades e instituciones en América Latina, las personas con identidades sexuales diversas (LGBTTTIQ) y las mujeres en la migración, se enfrentan a mayores situaciones de violencias, discriminaciones y violaciones a sus derechos humanos por cuestiones de género, lo que afecta sus condiciones en la migración, el acceso a sus derechos y a mecanismos de protección internacional.

La falta de voluntad política e incapacidad de los gobiernos para responder a las necesidades de protección de los niños, niñas y adolescentes no acompañados, migrantes, refugiados y desplazados internos, se ve reflejada en situaciones como la privación de su libertad en centros de detención migratoria, contrario a lo que dictan las leyes nacionales y estándares internacionales que velan por el respeto al principio del interés superior de la niñez.

Finalmente, la situación de inseguridad, riesgo y desprotección de las personas defensoras de los derechos de la población migrante, refugiada, desplazada y solicitante de asilo, se acentúa debido a la persecución no sólo por parte del crimen organizado, sino también por agentes estatales y privados.

I. Demandas de la sociedad civil latinoamericana 

Es evidente que los gobiernos no han logrado responder de manera adecuada a las necesidades de las personas en contextos de movilidad humana y que se requiere de la participación de todos los actores involucrados para la reorientación de las políticas y directrices en la migración. La sociedad civil y las propias poblaciones migrantes, refugiadas y desplazadas internas somos actores sociales clave para ello. Las redes y organizaciones que suscribimos este posicionamiento, demandamos:

  1. No regresión en la política migratoria de la región.- Todas las políticas públicas migratorias implementadas por los Estados deben de promover la hospitalidad y basarse en un enfoque integral de derechos que incluya a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y desplazadas en el escenario público y social, sin criminalizarlas. El acceso a la justicia de esta población, en condiciones de igualdad y no discriminación, debe ser garantizado por los Estados, ya que  resulta esencial para el ejercicio pleno de todos sus derechos.
  2. Acceso a la justicia, a la reparación efectiva del daño y a la búsqueda e identificación de restos.-Los Estados deben ampliar los mecanismos que garanticen integralmente el derecho a la justicia y los derechos de las víctimas (tanto migrantes como sus familias) en la investigación penal, apegados a estándares internacionales y la reparación integral del daño desde el lugar donde se encuentren. En caso de desapariciones y ejecuciones de migrantes, es necesario el compromiso de los gobiernos para crear bases de datos transnacionales, con datos ante mortem y genéticos, que permita a los Estados rendir cuentas acerca de las personas migrantes desaparecidas y ejecutadas, así como contar con un registro confiable sobre su identidad. Se debe garantizar la continuidad y ampliación de los mecanismos que ya existen para la identificación de restos, así como la réplica de los mecanismos de acceso a la justicia transnacional que ya existen.
  3. Eliminar la detención de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas por razones administrativas ligadas a su condición migratoria.- Los gobiernos de la región deben de mostrar voluntad política para terminar con las políticas de detención migratoria y deportación, y que ésta deje de ser la regla para ser la excepción.
  4. Políticas para la prevención de la deportación de personas migrantes.- Los Estados deben de impulsar acuerdos y estrategias que eviten la deportación, aún a través de los programas de repatriación segura y ordenada, en lugar de centrar sus esfuerzos en el ordenamiento de las deportaciones.
  5. Adecuar las políticas para atender a las personas solicitantes de asilo y refugiadas.- Se deben de adecuar las normas nacionales y regionales a los estándares internacionales ya existentes en materia de refugio y asilo. Los Estados deben de asegurar el acceso al procedimiento de asilo y refugio tanto en las fronteras, vías diplomáticas y al interior de los territorios, sin detención migratoria, con un apego y cumplimiento irrestricto del principio de no devolución. Asimismo, se requieren de mecanismos de recepción e integración plena a la sociedad desde el momento del inicio de la solicitud, y de mecanismos ágiles y respetuosos de los estándares internacionales en la determinación del estatuto de reconocimiento de protección internacional.
  6. Impulsar mecanismos de regularización migratoria.- Se deben de promover medios para brindar el acceso a una estancia regular que elimine los riesgos en que se coloca a la población migrante durante el tránsito y destino, como forma de favorecer la integración de los colectivos de migrantes, así como la convivencia social pacífica. Es necesario incorporar un análisis más allá de criterios laborales para la regularización, en el cual se contemplen situaciones humanitarias, la unidad o reunificación familiar y otros canales amplios e integrales para facilitar el acceso a una regularización migratoria.
  7. Políticas que favorezcan la integración de la población migrante.- Se deben de promover programas interinstitucionales de inserción integral partiendo de un enfoque transversal que permita a la población deportada, retornada, migrante establecida, solicitante de asilo o refugiada, acceder a todos los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, y fomentar la integración plena desde la diversidad cultural y hospitalidad con un enfoque de derechos.
  8. Implementación de políticas y programas de verificación y monitoreo para trabajos temporales.- Los flujos de población trabajadora temporal (tanto regular como irregular) deben de contar con políticas y programas que favorezcan mejores condiciones laborales, de contratación y facilidades para la regularización migratoria a fin de combatir el engaño y la explotación. Se debe de sancionar a aquellas empresas o empleadores que exploten o abusen de los trabajadores y trabajadoras. Así mismo, los gobiernos regionales deben iniciar campañas de ratificación de los Convenios 97, 143 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
  9. Políticas migratorias con perspectiva de género.- El Estado debe de reconocer el impacto y las necesidades diferenciadas de las poblaciones en la migración desde un enfoque interseccional que permita generar mecanismos para eliminar las exclusiones y las condiciones que colocan a sectores específicos como las mujeres o la población LGBTTTIQ en situación de vulnerabilidad, discriminación y riesgo, o que genere violencia en el origen, tránsito, destino y retorno.
  10. Procedimientos garantes del interés superior de la niñez migrante.- En coherencia con lo que establece la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los gobiernos de la región deben promover mecanismos interinstitucionales adecuados para la protección especial de la infancia migrante, priorizando la unidad y reunificación familiar y evitando la detención en todo momento, de acuerdo al interés superior de la niñez.
  11. Protección y respeto pleno a las comunidades indígenas de la región.- Los organismos internacionales tales como la OIT y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas, deben de ser rigurosos en el monitoreo de los mecanismos que se ejecuten desde el Estado para el acceso a una consulta plena, libre e informada que permita a los pueblos originarios determinar sus propios destinos en cuanto a la implementación de proyectos de desarrollo por parte de los gobiernos y de empresas transnacionales. Así mismo, se deben de implementar mecanismos de penalización cuando no se respete este derecho, o se proporcionen contratos ilegales para la concesión de sus tierras que impliquen la introducción de empresas extractivas y la puesta en marcha de megaproyectos.
  12. Cumplimiento de los estándares internacionales en materia de protección en el marco del proceso de la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia.- Se insta a los gobiernos de la región a apegarse a los estándares internacionales en materia de protección en el marco del proceso de la implementación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. En esta línea, se pide el compromiso de la Relatoría de los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la región, así como de otros espacios pertinentes en el ámbito de las Naciones Unidas, tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para la observancia rigurosa de dicho cumplimiento. Esto es fundamental para la garantía de los derechos de las personas desplazadas internas, refugiadas y víctimas en el exterior, y para la construcción de paz en la región.
  13. Reconocimiento, apoyo y no criminalización de la labor de personas defensoras de migrantes.- Los gobiernos deben de reconocer la labor de ayuda humanitaria y defensa de las personas migrantes y refugiadas que realizan organizaciones de sociedad civil, y de las familias que participan como voluntarias en los albergues y otros espacios. Por lo tanto, los Estados deben de exentar del pago de servicios a las casas y albergues para migrantes y población refugiada, así como facilitar espacios adecuados y seguros en donde realizar dicha labor, respetar su trabajo y no criminalizarles.
  14. Participación amplia de la sociedad civil, de las personas migrantes y refugiadas, así como sus familiares, en el diseño y creación de políticas públicas regionales.- Los gobiernos de la región deben de promover mecanismos de participación social claros y accesibles, en donde todos los países de América Latina se vean representados. Esto con la finalidad de construir una agenda regional para las migraciones de la mano de la sociedad civil, las personas migrantes, refugiadas y sus familias. Espacios como la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM) y la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), deben de contar con espacios transparentes y abiertos para la inclusión y participación efectiva de actores no estatales.

 

Latin American Civil Society Organizations and Networks Position Paper in the framework of the

World Forum on Migration and Development 2017

The Latin American region has one of the most extensive and diverse continental migratory corridors in the world, at the same time it has one of the highest indexes of inequality in the world. The issue of human mobility across the continent is caused by structural factors, particularly the widespread social and political violence and exclusionary development models that displace communities who, lacking in dignified living conditions, are forced to migrate. Our region is witness to intra-regional migration, between transnational and transboundary communities, the transit and settling of migrant populations from African and Asian countries, as well as those who have returned either voluntarily or as a result of deportation.

Violence throughout the migratory process and the absence of the State as a guarantor of rights, have generated new displacements and impacts, as is the case of families in search of disappeared migrants or victims of homicide, who, in order to demand and access justice, must also migrate. Likewise, the criminalization of migrant populations and the militarization of our territories increasingly restrict human mobility in Latin America.

The risks and increasing violence faced by migrants in the region over the course of their journey are occurring on an ever larger scale, particularly in El Salvador, Guatemala, Honduras and Mexico. A recurring tragedy is the situation faced by migrant people who have been victims of crimes, human rights violations and abuses such as robbery, extortion, kidnapping, torture, trafficking, arbitrary detention, disappearances and executions in their transit through Mexico, often committed by organized crime groups in collusion with the government. An example of this was the massacre of 72 migrant people in San Fernando, Tamaulipas, Mexico, in August 2010. This incident, as with other similar ones, has remained in impunity despite having being reported by various international organizations and regional organizations.

The South American region has demonstrated an interest in moving towards regional integration and adopting a human rights perspective in migration. Nevertheless, certain migration policies are beginning to affect mobility in a negative way. Such is the case with the recent modifications to Argentina’s National Law of Migrations, passed by decree, and Brazil’s presidential vetoes to the norm that was approved by Congress. It would even appear that the implementation of migrant detention centers is beginning to be considered as an option for the governments of South America.

Migration policies based on the control, detention and deportation of migrants, designed from a national security perspective and based on militarization as a containment mechanism, have also generated human rights violations, increased corruption and the collusion of authorities in these serious crimes, as well as the criminalization of migrants and increasing xenophobia among local populations.

On the other hand, due to the internal patriarchal structures in Latin American societies and institutions, people with diverse sexual identities (LGBTTTIQ) and women in migration face greater situations of violence, discrimination and human rights violations, which in turn affect their conditions under which they migrate, enjoyment of their rights and access to international protection mechanisms.

The lack of political will and the inability of governments to respond to the protection needs of unaccompanied children and adolescents as migrants, refugees and internally displaced persons are reflected in situations such as the deprivation of liberty in migratory detention centers. These run contrary to the dictates of national law and international standards for ensuring respect for the principle of putting the best interests of children first.

Finally, the situation of insecurity, risk and lack of protection for migrant rights defenders, refugees, displaced and asylum-seeking populations, is exacerbated by persecution not only from organized crime, but also from State and private forces.

I. Latin American Civil Society Demands 

It is clear that governments have failed to respond adequately to the needs of people in contexts of human mobility and that the participation of all actors responsible for the redesign of migration policies and guidelines is required. Civil society and the migrant, refugee and internally displaced populations themselves are key social actors. The networks and organizations that endorse this position demand:

  1. Non-regression in the region’s migration policy.- All public policies implemented by States should promote hospitality and be based on a comprehensive approach to rights that includes migrants, asylum seekers, refugees and displaced persons in the public and social sphere, without criminalizing them. States must guarantee access to justice for these populations, under conditions of equality and non-discrimination, as is essential for the full exercise of all their rights.
  2. Access to justice, effective reparations for harm and the search for and identification of remains.– States should expand mechanisms that fully guarantee the right to justice and the rights of victims (both migrants and their families) in criminal investigations, by adhering to international standards and ensuring an integrated approach to reparations for harms from their place of residence. In the case of disappearances and executions of migrants, Governments should commit  to creating transnational databases, with ante-mortem and genetic data, to enable States to account for missing and murdered migrants, as well as a reliable record of their identity. It is necessary to guarantee the continuity and extension of existing mechanisms for the identification of remains, as well as the replication of the existing mechanisms for access to trans-national justice.
  3. End the detention of migrants, asylum-seekers and refugees for administrative reasons related to their immigration status.– Governments in the region must show the political will to end immigration deportation and deportation policies. This should become the norm, rather than the exception.
  4. Policies for the prevention of migrant deportations.– States should promote agreements and strategies to avoid deportation, even if this means developing safe and orderly repatriation programs, rather than focusing their efforts on the deportations. 
  5. Adapt policies to assist asylum seekers and refugees.– National and regional standards should be adapted to existing international standards on refuge and asylum. States should ensure access to the asylum and refugee procedure both at borders, diplomatic channels and within the territories, without immigration detention, with unrestricted compliance to the principle of non-refoulement. Likewise, reception mechanisms and full integration are required from the moment the application is initiated, agile and respectful mechanisms that respect international standards in determining the recognition of Statute for International Protection.
  6. Encourage mechanisms for regularization of migration.– Means must be promoted to provide access to a regular stay that eliminates the risks to migrants during transit and arrival, as a way of encouraging the integration migrant groups, as well as peaceful social coexistence. It is necessary to incorporate an analysis that goes beyond labor criteria as a basis regularization that would include humanitarian situations, family unity or reunification and other broad and integrated channels to facilitate access to immigration regularization.
  7. Policies that favor the integration of the migrant population.– Inter-institutional programs  for  integrated insertion should be promoted using a mainstreaming approach that allows the deported, returnee, established migrant, asylum seeker or refugee population to enjoy all economic, social, cultural, environmental, civil and political rights, and to promote full integration based on the respect for cultural diversity, the principal of hospitality and using a rights-based approach.
  8. Implementation of verification and monitoring policies and programs for temporary jobs.– Temporary worker population flows (both regular and irregular) must have policies and programs that favor better working conditions, hiring and facilities for the regularization of migration in order to combat deceit and exploitation. Those companies or employers that exploit or abuse workers must be punished. In addition, regional governments should initiate ratification campaigns for ILO Conventions 97, 143 and 189.
  9. A gender perspective in migration policies.– The State must recognize the impact and differentiated needs of migrant populations based on an intersectional approach that allows for the generating of mechanisms to eliminate exclusion and conditions that place specific sectors such as women or the LGBTTTIQ population in vulnerable, discriminatory or risky situations, or that could generate violence for migrants in their places of origin, transit, destination and return.
  10. Procedures that guarantee the best interests of migrant children.– Governments in the region must promote adequate inter-institutional mechanisms for the special protection of migrant children that are consistent with those established in Advisory Opinion 21 of the Inter-American Court for Human Rights: prioritizing unity and family reunification and avoiding detention at all times, with due consideration for the best interests of children.
  11. Protection and full respect for indigenous communities in the region.– International organizations such as the International Labor Organization and the United Nations High Commissioner for Human Rights, through their Special Rapporteur on Indigenous Peoples, should be thorough when  monitoring the implementation of State mechanisms for access to free, prior and informed consultation that allow for indigenous peoples to determine their own destinies when it comes to the implementation of development projects by governments and transnational companies. Likewise, penalization mechanisms should be implemented when this right is not respected, or when illegal contracts are awarded for concession to their lands that involve the introduction of extractive companies and the implementation of mega-projects. 
  12. Compliance with international protection standards in the framework of the implementation process for the Peace Agreements in Colombia.– Governments in the region are urged to adhere to international protection standards in the framework for the implementation process for the Peace Agreements between the Colombian government and the FARC-EP. In this regard, we call for the commitment of the Office of the Rapporteur on Migrant Rights from the Inter-American Commission on Human Rights within the region, as well as other relevant bodies within the UN, such as the UN High Commissioner for Refugees, for the strict observance of such compliance. This is essential for guaranteeing the rights of internally displaced persons, refugees and victims abroad, and for peace building in the region.
  13. Recognition, support and non-criminalization of the work of migrant rights defenders.– Governments should recognize the role of humanitarian aid and migrant and refugee defense carried out by civil society organizations, and of the families that participate as volunteers in shelters and other spaces. Therefore, States should exempt houses and shelters for the migrant and refugee population from the payment of service charges, as well as provide adequate and safe spaces in which they can carry out their work, ensure respect for their work and an end to the criminalization they face. 
  14. The wide participation of civil society, migrants and refugees, as well as their families, in the design and creation of regional public policies.– Governments in the region should promote clear and accessible mechanisms for social participation, in which all Latin American countries are represented as a necessary step for building a regional agenda for migration alongside civil society, migrants, refugees and their families. Spaces such as the South American Conference on Migration (CSM) and the Regional Conference on Migration (MCR) must have transparent and open spaces for the inclusion and effective participation of non-state actors.

 

Positionspapier der zivilgesellschaftlichen Organisationen und Netzwerke aus Lateinamerika im Rahmen des Globalen Forums für Migration und Entwicklung 2017

Lateinamerika umfasst den weitesten und vielfältigsten kontinentalen Migrationskorridor weltweit. Gleichzeitig weist die Region die höchsten Ungleichheitsindikatoren auf. Die Migrationsbewegungen über den ganzen Kontinent hinweg sind auf strukturelle Ursachen zurückzuführen. Hierzu zählen die soziale Gewalt und eine öffentliche Politik, welche von Exklusion geprägt ist, in denen Gemeinden vertrieben werden und sie daher die Migration aufgrund der unwürdigen Lebensbedingungen als einzigen Ausweg betrachten. Unsere Region ist Zeuge von der intraregionalen Migration, transnationalen und grenzübergreifenden Gemeinden, dem Transit und der Ansiedlung von Migrantinnen aus Ländern Afrikas und Asien sowie der freiwilligen Rückkehr von Migrantinnen und Abschiebung.

Die Gewalt im gesamten Migrationszyklus sowie die Abwesenheit des Staates als Garant für die Einhaltung der Rechte führen zu weiteren Migrationsbewegungen. So ist es beispielsweise der Fall bei Familien auf der Suche nach ihren Angehörigen, welche vermisst werden oder Opfer von Tötungsdelikten geworden sind. Sie migrieren, um Zugang zur Justiz zu erhalten und Gerechtigkeit zu fordern. Zudem führen die Kriminalisierung der Bevölkerung im Migrationskontext und die Militarisierung unserer Länder zu einer zunehmenden Einschränkung der menschlichen Mobilität in Lateinamerika.

Die Risiken und die zunehmende Gewalt gegenüber Migrantinnen im Transit sind in den meisten Fällen mit großer Brutalität und Barbarei in den Ländern El Salvador, Guatemala, Honduras und Mexiko vorzufinden. Es handelt sich um eine anhaltende Tragödie, dass Migrantinnen auf ihrer Route Opfer von Verbrechen und Verletzungen ihrer Menschenrechte aufgrund unterschiedlicher Delikte werden. Hierzu zählen Raub, Erpressungen, Entführungen, Folter, Menschenhandel, willkürliche Festnahmen, Verschleppungen bis hin zu Hinrichtungen im Transit durch Mexiko. Diese Verbrechen werden in den meisten Fällen von Banden des organisierten Verbrechens in geheimen Absprachen mit der Regierung verübt. Ein Beispiel hierfür ist das Massaker an 72 Migrant*innen in San Fernando in Tamaulipas, Mexiko, im August 2010. Das Verbrechen, sowie zahlreiche ähnliche Fälle, blieb trotz der Anklage von unterschiedlichen internationalen Organisationen und regionalen Institutionen unbestraft.

Südamerika hat in der Vergangenheit eine positive Entwicklung hinsichtlich der regionalen Integration und einer Menschenrechtsperspektive gezeigt. Dennoch lässt sich neuerdings eine Migrationspolitik beobachten, welche Migration auf negative Weise beeinflusst. Beispiele hierfür sind Argentinien mit den kürzlich vorgenommenen Änderungen per Dekret am Nationalen Migrationsgesetz und Brasilien mit dem Veto des Präsidenten zu einer Norm, welche vom Kongress verabschiedet wurde. Es scheint sogar, als beginnen die südamerikanischen Regierungen die Inbetriebnahme von Haftanstalten für Migrant*innen als Option zu betrachten.

Eine Migrationspolitik, welche auf Kontrolle, Festnahme und Abschiebung von Migrantinnen ausgehend von einem nationalen Sicherheitsdenken basiert und das Militär als Mechanismus zur Eindämmung einsetzt, führt neben Menschenrechtsverletzungen zu einer Zunahmen der Korruption und Absprachen der Autoritäten bei Verübung der Delikte sowie zur Kriminalisierung der Migrantinnen und der Förderung von Fremdenfeindlichkeit bei der lokalen Bevölkerung.

Infolge der patriarchalen Strukturen innerhalb der lateinamerikanischen Bevölkerung und Institutionen sind Personen mit unterschiedlicher sexueller Identität (LSBTTIQ) und Frauen in der Migration im besonderen Maße Gewaltsituationen, Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Sexualität ausgesetzt. Dies hat Auswirkungen auf ihre Konditionen während der Migration, den Zugang zu ihren Rechten sowie zu Mechanismen des internationalen Schutzes.

Der fehlende politische Wille und die Inkompetenz der Regierungen unbegleiteten Kindern und Jugendlichen, Migrantinnen, Rückkehrerinnen und Binnenvertriebenen entsprechenden Schutz zu gewähren, zeigt sich beispielsweise in Situationen, in denen Migrant*innen ihre Freiheit in Migrationshaftanstalten entzogen wird. Dieses Handeln steht im Konflikt mit nationalen Gesetzgebungen und internationalen Standards, welche festschreiben, dass Maßnahmen immer im Sinne des Kindeswohls ergriffen werden müssen.

Auch die Verteidiger*innen der Rechte der migrierenden, flüchtenden, vertriebenen und asylsuchenden Bevölkerung sind Unsicherheiten, Risiken und Schutzlosigkeit ausgesetzt. Dies zeigt sich, indem sie nicht nur vom organisierten Verbrechen, sondern auch von staatlichen und privaten Akteuren verfolgt werden.

I. Forderungen der lateinamerikanischen Zivilgesellschaft

Es ist offenkundig, dass die Regierungen es nicht geschafft haben, auf adäquate Weise auf die Bedürfnisse der Personen im Kontext der Migrationsbewegungen zu reagieren und dass es für eine Neuausrichtung der Politiken und Leitlinien im Bereich der Migration die Beteiligung aller relevanten Akteure bedarf. Wir – die Zivilgesellschaft –, Migrant*innen, Flüchtlinge und Binnenvertriebene sind hierbei entscheidende Akteure. Die Netzwerke und Organisationen, welche das vorliegende Positionspapier verfasst haben, fordern daher:

  1. Kein Rückschritt in der regionalen Migrationspolitik.– Die gesamte Migrationspolitik, welche von den Staaten implementiert wird, sollte Gastfreundschaft fördern sowie auf einem Rechtsansatz basieren, welcher Migrant*innen, Asylsuchende, Flüchtlinge sowie Binnenvertriebene umfasst, ohne die Gruppen zu kriminalisieren. Der Zugang zur Justiz unter gleichen und nicht-diskriminierenden Bedingungen sollte von den Staaten garantiert werden, da dies von essentieller Bedeutung ist, damit diese Bevölkerungsgruppe vollen Anspruch auf ihre Rechte geltend machen kann.
  2. Zugang zur Justiz, zur Entschädigung und zur Suche und Identifikation von Verstorbenen.– Die Staaten sollten die Mechanismen, welche den Zugang zur Justiz sowie das Recht der Opfer (sowohl Migrant*innen als auch ihre Familien) auf Strafermittlung nach internationalen Standards und zur Entschädigung garantieren, erweitern. Im Fall von vermissten und getöteten Migrant*innen ist es notwendig, dass die Regierungen sich dazu verpflichten, eine transnationale Datenbank mit genetischen sowie antem mortem Daten zu schaffen, welche dazu beiträgt, die Rechenschaftspflicht der Staaten über vermisste und getötete Migrant*innen zu erhöhen sowie auf ein verlässliches Register über die Identität der Migrant*innen zurückgreifen zu können. Der Fortbestand und der Ausbau der bereits bestehenden Mechanismen zur Identifizierung Verstorbener sowie die Nachbildung der Mechanismen zum Zugang zur Justiz müssen garantiert werden.
  3. Beendigung der Festnahme von Migrant*innen, Asylsuchenden und Flüchtlingen aufgrund ihres Migrationsstatus.– Die regionalen Regierungen sollten politischen Willen zur Beendigung einer Politik der Festnahme und Abschiebung von Migrant*innen zeigen. Hierbei sollte es sich nicht um die Regel, sondern um Ausnahmen handeln.
  4. Eine präventive Abschiebungspolitik.– Die Staaten sollten den Abschluss von Abkommen und Strategien, welche die Abschiebung verhindern, vorantreiben. Zudem sollten die Staaten, anstatt sich auf ein geordnetes Abschiebungsverfahren zu konzentrieren, Programme zur sicheren und geordneten Rückkehr entwickeln.
  5. Anpassung der Politiken entsprechend der Bedürfnisse von Asylsuchenden und Flüchtlingen.– Die nationalen sowie regionalen Normen müssen an die bereits bestehenden internationalen Standards im Bereich Flucht und Asyl angepasst werden. Die Staaten sollten den Zugang zum Asyl- und Schutzprozess sowohl an den Grenzen, auf diplomatischem Wege als auch im Inland ohne Festnahme der Migrant*innen, mit Bindung und uneingeschränkter Einhaltung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung gewährleisten. Zudem müssen Mechanismen zur Aufnahme und vollständigen Integration der Migrant*innen ab Beginn des Antragsverfahrens sowie zügige Methoden zur Bestimmung des Anspruches auf internationalen Schutzes unter Berücksichtigung internationaler Standards erarbeitet werden.
  6. Schaffung von Mechanismen zur Regulierung der Migration.– Es sollten Mittel bereitgestellt werden, mit denen der Zugang zu einem rechtmäßigen Aufenthalt gesichert wird, um die Risiken, welchen die Migrant*innen im Transit und am Zielort ausgesetzt sind, zu minimieren. Hierdurch soll die Integration von Migrationsgruppen und ihr friedliches Zusammenleben begünstigt werden. Es ist notwendig, eine Analyse der Kriterien für die Regulierung der Migration durchzuführen, in denen die humanitäre Situation, die Familienzusammenführung sowie weitere integrale Aspekte betrachtet werden, die eine Migrationsregulierung begünstigen.
  7. Eine Politik zur Integration der Migrationsbevölkerung.– Es sollten interinstitutionelle Programme zur vollständigen Eingliederung gefördert werden, welche der abgeschobenen und zurückgekehrten Bevölkerung, bereits am Zielort angekommenen Migrant*innen sowie Asylsuchenden und Flüchtlingen den Zugang zu allen ökonomischen, sozialen, kulturellen, zivilen und politischen Rechten sowie Umweltrechten ermöglicht und die umfassende Integration ausgehend von der kulturellen Vielfalt und Gastfreundschaft fördert.
  8. Umsetzung einer Politik und von Programmen zur Verifizierung und Monitoring befristeter Beschäftigungsverhältnisse.– Die Migrationsbewegungen basierend auf befristeten Beschäftigungsverhältnissen (sowohl legaler als auch illegaler Natur) sollten auf eine Politik sowie Programme bauen, welche bessere Arbeits- und Vertragsbedingungen fördern und die Regulierung der Migration erleichtern, um dadurch den Betrug und die Ausbeutung zu bekämpfen. Es sollten jene Firmen und Arbeitgeber bestraft werden, welche die Arbeiter*innen ausnutzen.
  9. Eine Migrationspolitik mit Gender-Fokus.- Die Staaten sollten die unterschiedlichen Bedürfnisse der Migrationsbevölkerung und ihre Auswirkungen auf die Migration anerkennen. Dabei muss insbesondere die Intersektionalität der Migrationsbevölkerung in den Mittelpunkt gerückt werden, um Mechanismen zu entwickeln, welche die Konditionen, welche Ausgrenzung, erhöhte Vulnerabilität, Diskriminierung und Gewalt im Herkunftsland, im Transit, am Zielort sowie nach der Rückkehr insbesondere gegenüber Frauen und der Bevölkerung LSBTTIQ begünstigen, bekämpfen.
  10. Verfahren zur Beachtung des Kindeswohls.– In Übereinstimmung mit der Stellungnahme 21 des Interamerikanischen Gerichtshofes für Menschenrechte sollten die regionalen Regierungen adäquate interinstitutionelle Mechanismen zum besonderen Schutz von migrierenden Kindern voranbringen und dabei eine Priorität auf die Familienzusammenführung und die Vermeidung der Festnahme von Kindern im Sinne des Kindeswohls legen.
  11. Schutz und Achtung der indigenen Gemeinden der Region.– Internationale Einrichtungen, wie die Internationale Arbeitsorganisation und der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, sollten in ihrer Funktion als Sonderberichterstatter der indigenen Völker streng beobachten, ob die Staaten den Zugang zur umfassenden, freien und informierten Anhörung, welche den Urvölkern erlaubt, sich ihre eigenen Zielsetzungen in Bezug auf Entwicklungsprojekte seitens der Regierungen und Privatfirmen zu bestimmen, garantieren. Zudem sollten Strafmechanismen bei Nichteinhaltung dieses Rechts umgesetzt werden, da es ansonsten zu Fällen kommt, in denen illegale Verträge die Vergabe der Ländereien der indigenen Völker für die Niederlassung von Rohstofffirmen oder Inbetriebnahme von Megaprojekten erlauben.
  12. Einhaltung der internationalen Sicherheitsstandards im Rahmen des Umsetzungsprozesses der Friedensverträge in Kolumbien.– Die Regierungen sollten die internationalen Sicherheitsstandards im Rahmen des Umsetzungsprozesses der Friedensverträge zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-EP einhalten. In diesem Zusammenhang bitten wir, die Berichterstatterin der Rechte der Migrant*innen der Interamerikanischen Menschenrechtskommission sowie weitere relevante Einrichtungen der Vereinten Nationen, wie den Hohen Flüchtlingskommissar, um eine strenge Beobachtung der Einhaltung der internationalen Sicherheitsstandards. Ihre Einhaltung ist von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung der Rechte der Binnenvertriebenen, Flüchtlinge und jenen Personen, welche im Ausland zu Opfern geworden sind, sowie für den Friedensaufbau in der Region.
  13. Anerkennung, Unterstützung und keine Kriminalisierung der Arbeit der Migrationsverteidiger*innen.– Die Regierungen sollten die humanitäre Arbeit und die Verteidigung der Rechte der Migrant*innen und Flüchtlinge seitens zivilgesellschaftlicher Organisationen und Familien, welche beispielsweise freiwillig Migrationsherbergen unterstützen, anerkennen. Die Staaten sollten die Herbergen für Migrant*innen und Flüchtlinge von Zahlungen für ihre Dienstleistungen befreien. Zudem fordern wir die Regierungen auf, sichere und adäquate Unterbringungen zu unterstützen sowie die Arbeit der Freiwilligen zu achten und nicht zu kriminalisieren.
  14. Eine umfassende Beteiligung der Zivilgesellschaft, Migrant*innen und Flüchtlingen sowie Familienangehörigen beim Entwurf von öffentlichen, regionalen Politiken.– Die Staaten sollten verständliche und zugängliche Beteiligungsmechanismen schaffen, in denen alle Länder Lateinamerikas sich repräsentiert sehen. Ziel soll es sein, eine regionale Migrationsagenda seitens der Zivilgesellschaft, Migrant*innen, Flüchtlinge und Familien zu formulieren. Konferenzen, wie die südamerikanische Migrationskonferenz (Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, CSM) und die regionale Migrationskonferenz (Conferencia Regional sobre Migración, CRM), sollten über transparente und offene Beteiligungsräume verfügen, um die Partizipation von nicht-staatlichen Akteuren zu ermöglichen.