Destino Emigra, un blog sobre el camino del migrante / Alfredo Campos

Recomendamos este blog, especialmente para quienes trabajan migración mediterránea:

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¿Hacia dónde deben ir políticas españolas de inmigración?
Introducción
Somos testigos una vez más al eterno debate sobre las políticas migratorias, que se recrudece de manera especial en períodos electorales siendo utilizado como arma arrojadiza entre partidos políticos de distinto signo, en función de la dureza o laxitud de las medidas propuestas. Conviene no olvidar que los movimientos migratorios son fenómenos sociales complejos que producen efectos a largo plazo y esto va mucho más lejos que el acalorado debate político del momento o una reforma puntual de esta ley o aquel reglamento. La primera preocupación de los poderes públicos debería ser la de construir un sistema jurídico que permita el desarrollo normal de éstos movimientos migratorios dentro del marco del respeto a las leyes, la Constitución y los tratados internacionales. En definitiva, esto no es otra cosa que marcar unos objetivos en política migratoria y una vez establecidos éstos, elaborar las normas tendentes a la consecución de dichos objetivos por lo que las normas no tienen otro carácter que el instrumental. Con ello, obtendríamos todo un sistema normativo sólido y coherente; alejado de los vaivenes políticos que producen normas sucesivas incluso de sentido opuesto o que responda a las polémicas de cada momento.
Panorama actual
La política actual de inmigración española, al igual que las de su entorno más cercano, es una política de marcado carácter restrictivo. Más que una política de inmigración, parece diseñada para poner trabas a la llegada de extranjeros a nuestro país. Hay que tener en cuenta que la normativa actual, es en gran medida tributaria de las leyes migratorias que fueron dictadas en pleno auge de la llegada de extranjeros a España al calor de la prosperidad económica.
Hay que decir que éstas normas impiden prácticamente en la totalidad de los casos, la llegada de inmigrantes a nuestro país por los cauces legales. Las consecuencias de esto son las entradas irregulares por vía marítima, saltando las vallas de Ceuta y Melilla o prolongando las estancias turísticas más allá de lo autorizado. De igual manera, esto produce que el volumen de personas inmigrantes que trabajan en la economía sumergida sea elevado y al mismo tiempo la “bolsa” de irregularidad crezca cada vez más y más.
Cambio de paradigma 
Hoy la situación es muy distinta a la descrita anteriormente. Volvemos a ser un país de emigración. En el año 2013, según el INE salieron del país cerca de medio millón de personas siendo su gran mayoría extranjeros y a partir del año 2012, el saldo migratorio es negativo, lo que quiere decir que se marchan más personas que las que vienen. En este contexto, a mi juicio no tiene mucho sentido mantener esta política tan restrictiva en aras de “protegernos” frente a una pretendida invasión de inmigrantes que vienen desde el África subsahariana. Nos encontramos en el momento idóneo para afrontar la tarea de crear un verdadero sistema de gestión de los movimientos migratorios y, sobre todo, de consolidación y ampliación de los derechos de los migrantes. Más ahora, si tenemos en cuenta que muchos compatriotas que se ven obligados a buscar un futuro mejor lejos de nuestras fronteras, sufren el día a día, las vicisitudes y determinadas lagunas jurídicas que conlleva la condición de migrante. Debemos trabajar en la doble dirección de reconocimiento de derechos para todos los migrantes: tanto los de aquí que se marchan fuera, como los extranjeros que vienen a España, ya sea con carácter definitivo o en tránsito. Al hilo de este punto, es pertinente recordar que existe una Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que por cierto, no ha sido ratificada por España ni por ningún otro país del entorno europeo.
Retomando el hilo, éste sistema migratorio que necesita España debería ser capaz de responder a los siguientes retos:
1. Entrada y visados: Toda la política de entrada y visados debe reorientarse y caminar hacia un régimen que introduzca mecanismos ágiles de tramitación y obtención del visado, facilitar el acceso a las dependencias consulares, ofrecer información sobre los diferentes trámites y requisitos y responder a las nuevas necesidades de nuestro tiempo: visados de mayor duración, de entradas múltiples, viajes de urgencia, etc. Lo que no es de recibo es que nuestras oficinas diplomáticas funcionen con sistemas informáticos del S.XXI, normas y procedimientos del S.XX y personal que pareciera haber sido formado en el S.XIX. ¿Quién no ha tenido alguna mala experiencia con un trámite consular?
2. Lucha contra la explotación laboral: Aun hoy en día, el colectivo inmigrante se convierte en un objetivo fácil de empresarios sin escrúpulos quienes, sirviéndose muchas veces de unas condiciones de mayor vulnerabilidad o de necesidad, contratan trabajadores migrantes en situación irregular y en condiciones precarias. Se revela necesario articular mecanismos para prevenir este tipo de situaciones; bien reforzando la acción inspectora y sancionadora, bien introduciendo procedimientos de arraigo laboral efectivos, que permitan la regularización del inmigrante que recordemos es una víctima y no un infractor, ya de por sí integrado laboralmente en nuestra sociedad. El sistema actual de arraigo laboral no funciona ya que las condiciones a cumplir por parte del inmigrante lo hacen prácticamente inviable. En este sentido, acreditar una relación laboral de 6 meses debería ser más que suficiente para acceder a esta vía de regularización.
3. Posicionamiento frente a las expulsiones: si bien es cierto que la norma debe servir a las necesidades de todas aquellas personas que deseen venir a España y facilitar el viaje de forma regular en un plazo razonable, al mismo tiempo, la consecuencia de infringir la norma debe terminar en la expulsión del país. En todo caso, un sistema migratorio respetuoso con los tratados internacionales debe terminar con el vergonzoso sistema de internamientos en los CIEs y ofrecer alternativas menos restrictivas de derechos como la retirada del pasaporte o la presentación periódica en instancias oficiales. Las medidas coercitivas deberían ser las últimas a tomar.
4. Prevenir la irregularidad: un sistema migratorio coherente y equitativo debe dotarse de mecanismos de cierre del sistema que en última instancia, impidan situaciones de irregularidad sobrevenida por circunstancias extraordinarias. Son múltiples las vicisitudes que pueden surgir en la vida del migrante y que dificulten la normal renovación de sus permisos: razones humanitarias, médicas, etc. Del mismo modo, debe existir un mecanismo de cierre que finalmente permita la regularización por el transcurso del tiempo, ante la incapacidad de la administración de llevar a cabo la expulsión de un inmigrante. Parece que el plazo de 5 años para acceder al arraigo es más que razonable.
5. Acceso a la Nacionalidad: es la máxima expresión de la integración de los inmigrantes en un país. En este sentido, debe tenderse a la unificación de criterios en lo referente a pruebas de integración. No me termina de quedar clara la existencia de un procedimiento discrecional de concesión de nacionalidad por carta de naturaleza. Parece más bien una reminiscencia del pasado, otorgar al gobierno de turno la facultad de conceder la nacionalidad de manera discrecional, saltándose las reglas del juego. Tal vez podría arbitrarse un sistema preferente de acceso a la nacionalidad por una serie de méritos tasados y regulados por la ley. Otra opción podría ser la de que esta facultad la otorgarse el Congreso y no el gobierno.
Conclusión
Como puede observarse, queda mucho camino por recorrer pero como decía anteriormente, nos encontramos en un buen momento para operar el cambio de orientación que las políticas migratorias requieren. Es aconsejable así mismo vincular la inmigración y la emigración dentro del mismo orden de políticas ya que son, en definitiva, dos caras de la misma moneda y comparten muchos puntos de conexión, sobre todo en lo referente a derechos de los migrantes.
De igual manera, debe abandonarse la concepción de la inmigración como una cuestión de orden público y como ya dije en otra entrada de este blog, el grueso de las competencias en inmigración deben trasladarse desde el Ministerio del Interior hasta la futura Agencia de Inmigración y Emigración que debería crearse como máximo órgano regulador e impulsor de la gestión de flujos migratorios.

 

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