La mañana de este lunes 17 de Junio recibimos un aviso por parte de miembros del comedor de San José Huehuetoca en el que nos mencionaron que el agentes del Instituto Nacional de Migración y miembros de la Policía Municipal de Huehuetoca, estaban realizando redadas en contra de las personas migrantes que se encontraban en el lugar.

Las cifras arrojaron que en un primer momento fueron detenidas 10 personas migrantes de manera arbitraria y con uso de la fuerza. Inclusive algunos de ellos fueron perseguidos por la Policía Municipal como si éstos fueran criminales.

De acuerdo al artículo 76 de la Ley de Migración, ninguna autoridad puede ingresar a centros humanitarios y de asistencia para personas migrantes.

“El Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”

Al enterarnos de que la policía municipal entró al comedor migrante, se violentó de manera directa este artículo, además de que no se presentó el acta correspondiente que permite realizar la verificación migratoria.

Horas mas tarde, los mismos agentes y miembros de la policía municipal levantaron a más migrantes que se encontraban en la carpa en el mismo municipio. La carpa y el comedor han sido considerados por los mismos migrantes como “oasis”, ya que son lugares en los que pueden recibir atención médica, descanso, alimento, ropa, calzado, información sobre sus derechos en México, independientemente de su situación migratoria.

Este hecho, aunado al exilio del personal del albergue “La 72” en Tenosique Tabasco han permitido evidenciar la falta de compromiso de la Secretaría de Gobernación para aplicar medidas cautelares que garanticen la seguridad de las y los migrantes así como de sus defensoras y defensores.

Después de lo sucedido en el comedor de Huehuetoca, el INM en su cuenta Twitter señala que “no existen recomendaciones por parte de la CNDH en torno a denuncias contra el INM”; esto pone en entredicho el discurso diplomático utilizado por las autoridades migratorias ya que, por un lado, ha buscado la manera de situar a México como un país protector de garantías en el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes en apego a los tratados y acuerdos internacionales que México ha ratificado; pero, por otro, siguen existiendo las mismas condiciones de violencia, persecución, criminalización y abuso de autoridad en contra, ya no solo de las personas migrantes sino también de quienes defendemos derechos humanos de personas migrantes.

Lo sucedido hoy en el albergue es una muestra clara de que las leyes o lo impreso en el papel no concuerda con la realidad con la que vivimos y a la que nos enfrentamos. Hoy en día, ser un defensor de derechos humanos, pareciera ser que somos, enemigos del Estado.

Nota tomada de Somos migrantes: http://www.somosmigrantes.com/?p=1821