El marco normativo que prometió ser innovador, de vanguardia y protector de derechos humanos de las personas extranjeras en México, concretamente con la población en situación de vulnerabilidad, no ha sido tal. Su implementación ha sido totalmente contraria a los resultados esperados.

Hace tres años las organizaciones dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos de las personas extranjeras en México, pero sobre todo las personas migrantes, ansiábamos, todos, la creación y publicación de una Ley sobre Migración que consagrara los derechos de esas personas que algunos todavía llaman “ilegales”.

Esto con la intención de que pudieran ejercer los derechos más elementales que cualquier ser humano debe de tener a su alcance, por ejemplo, que pudieran realizar actos del estado civil (registrar el nacimiento de sus hijos), que pudieran acceder a la justicia (principalmente penal y familiar) sin ser detenidos y posteriormente deportados, que pudieran realizar estudios, e inclusive que pudieran pagar impuestos.

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