El activismo saharaui dos años después de Gdeim Izik

Por Ángel Martínez de Periodismo Humano

Hace dos años las manifestaciones en el Sáhara Occidental detonaron cuatro semanas de protestas en el campamento de Gdeim Izik que fueron respondidas con brutalidad por las fuerzas de ocupación marroquíes.

Once civiles fueron asesinados y veintitrés activistas permanecen encarcelados a la espera de un juicio ante un tribunal militar.

Ahora, el activismo se debate entre aliarse con el enemigo o desconfiar del vecino marroquí.

Campemento de Gdeim Izik (Antonio Velázquez)

Noviembre marca el aniversario de las manifestaciones en el Sáhara Occidental que detonaron 4 semanas de protestas en campamento de Gdeim Izik en 2010, que fueron respondidas con brutalidad por las fuerzas de ocupación marroquíes. En aquel mes, la población saharaui, según el profesor Noam Chomsky, sembró la semilla de lo que sería la Primavera Árabe. Sin embargo, mientras los gobiernos occidentales apoyaron el derrumbamiento de regímenes dictatoriales en el norte de África ante el foco de la prensa mundial, la violenta reacción de la policía marroquí hacia la sublevación pacífica saharaui ha dejado pocos titulares y aun menor respuesta de la comunidad internacional. El régimen Alauita dejó, no obstante, once civiles muertos y veintitrés activistas encarcelados que esperan juicio ante un tribunal militar.

Antes de que Rabat ordenase reprimir las manifestaciones, el también llamado ‘campamento dignidad’ se convirtió en la mayor demostración de resistencia no violenta desde que Marruecos ocupara la antigua colonia española en 1975. Pero este episodio no es solo el testimonio de la evolución del activismo en el Sáhara Occidental. La lucha pacífica saharaui ha alcanzado un alto grado de internacionalización en las últimas décadas, de la misma forma que consiguió organizar un campamento de protesta con decenas de miles de ciudadanos clamando a favor de su derecho de autodeterminación.

Pese a los logros del activismo saharaui, éste no acaba de cristalizar ni de canalizar cambios en los territorios ocupados. El análisis de la precaria situación de los derechos humanos en la zona tiende a centrarse en el tibio papel de la ONU como mediador y en los intereses de las potencias occidentales. Sin embargo, el bloqueo informativo vela dinámicas políticas más profundas que el manido argumento del conflicto abandonado por la comunidad internacional. Los activistas de derechos humanos saharauis no han tenido mayor éxito no solo porque el conflicto está olvidado por los responsables políticos, sino también por las escasas conexiones con sus homólogos marroquíes. Los últimos quizá no apoyen sus plegarias de independencia, pero sus reivindicaciones de libertad y democracia pavimentan el camino hacia un proceso de reconocimiento libre de derechos desde el que la independencia saharaui dejaría de ser una reto hercúleo plagado de obstáculos – a todas luces – insalvables, para convertirse en una meta democrática.

Campamento Gdeim Izik (Antonio Velázquez)

Inicio de la resistencia saharaui: 37 años de violaciones de derechos humanos

“Gdeim Izik fue una vuelta a la tradición saharaui. Las jaimas estaban abiertas a todos y te recibían sin miedo. Sentí esperanza y liberación”. Sidi Ahmed, activista saharaui presente en el ‘campamento dignidad’, recuerda así las semanas vividas en las afueras de El-Aiún antes de la intervención de las fuerzas marroquíes. Sin embargo, el activismo en la también llamada última colonia de África no es una tendencia reciente. La población saharaui ha resistido a la dominación exterior desde que España ocupara la vasta extensión de este territorio limítrofe con Marruecos, Mauritania y Argelia. Siendo precisamente esta resistencia la que obligó al régimen franquista a organizar un referéndum para 1975. Ya entonces, una visita de la misión de Naciones Unidas se refería al Frente Polisario como una organización de masas. El referéndum, sin embargo, nunca se produciría, y a la ocupación española le siguió la marroquí tras la entrada de 350.000 civiles y militares en la ‘Marcha Verde’, presentada como pacífica ante la opinión pública.

Hasta que el proceso de paz de 1991 puso fin a la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, detenciones arbitrarias, torturas y métodos de garde à vue (incomunicado) fueron prácticas comunes del régimen Alauita. En los ‘Años de Plomo’, Rabat persiguió tanto a ciudadanos saharauis como marroquíes. Sin embargo, el primer informe de Amnistía Internacional en la región, fechado en 1977, ya mencionaba la forma “desproporcionada” en que la población saharaui se veía afectada por la represión marroquí, especialmente en el caso de las desapariciones forzosas. Aunque veladas por la opacidad del régimen, las cifras de saharauis desaparecidos oscilan entre los 249 estimados por un grupo de investigación de la ONU hasta los 1.500 casos investigados por la Federación Internacional de Derechos Humanos. Una campaña de represión orquestada por el estado de similares proporciones a la Argentina de Videla o el Chile de Pinochet. Dahha Rahmouni, entonces manifestante adolescente y ahora reconocido activista saharaui, recuerda cómo fue detenido y secuestrado por agentes marroquíes vestidos de paisano tras una visita técnica de una delegación de la ONU en 1987. “Durante cuatro años sufrimos torturas y nos privaron de cualquier contacto con el exterior. Me han detenido otras cuatro veces más desde entonces y siempre sin cargos. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a vivir con miedo”, confiesa al narrar un cautiverio que se llevó la vida de algunos compañeros suyos.

Dahha Rahmouni (A.M.)

Aunque las dos comunidades, saharaui y marroquí, sufrieron la dura represión del yugo Alauita, el precoz estado de los movimientos activistas hizo imposible la conexión entre ambas sociedades. El entonces rey Hassan II nunca dejó de utilizar el conflicto en el Sáhara occidental como chivo expiatorio con el que obtener renta política exprimiendo un discurso populista de unidad nacional frente al enemigo común saharaui. Al mismo tiempo, el socorrido discurso del ‘Gran Marruecos’ le servía como cortina de humo con el que velar los golpes de estado frustrados que amenazaban al régimen, mientras seguía inyectando fondos públicos para incrementar la presencia militar y el desarrollo de los territorios ocupados.

En el ámbito internacional, la propaganda del régimen y el bloqueo informativo en el Sáhara Occidental frustraron cualquier intento de construir un movimiento activista transfronterizo. No obstante, algunos grupos europeos de defensa de los derechos humanos comenzaron a concienciar acerca de la situación en los territorios ocupados, tal es el caso de la Asociación Internacional de Juristas por al Sáhara Occidental. Mohamed Ahmed Laabeid, antiguo responsable del departamento de internacional de la primera organización saharaui de derechos humanos creada en 1989, explica las restricciones de las leyes marroquíes al respecto: “AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado e incluso dentro de Marruecos”.

Eclosión del activismo: el fracaso de la diplomacia y el cambio en la estrategia de la resistencia saharaui

El alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario sembró la vana ilusión de un posible referéndum, sin embargo Rabat obstaculizó el Plan de Paz desde sus inicios. El régimen siempre intentó boicotear la intervención de la ONU hasta el extremo de enviar una ‘segunda Marcha Verde’ de ciudadanos marroquíes a los territorios ocupados del Sáhara Occidental a comienzos de los 90. Seducidos por generosos subsidios y otros beneficios estatales, los colonos marroquíes han llegado a duplicar a la población autóctona saharaui. Pese a que esta maniobra política pretendía favorecer a Rabat ante un eventual referéndum, el relativo apoyo de algunos marroquíes a las manifestaciones que ocurrirán durante el inicio del presente siglo en los territorios ocupados plantean serias dudas acerca de la efectividad de dicha estrategia.

Entretanto, la misión especial desplegada por la ONU en el territorio (MINURSO) se ha limitado a ser un testigo cómplice de los escollos desplegados por el reino Alauita. Tan claras han sido las omisiones de estas artimañas, que el ex-embajador estadounidense Fran Ruddy denunció ante Human Rights Watch en 1995 la constante vigilancia de las autoridades marroquíes y el abandono del proceso de paz por parte de MINURSO.

La ineficacia de MINURSO tiene fatales consecuencias para la población saharaui que vive bajo el hermético control marroquí. MINURSO es la única misión de paz de Naciones Unidas que no cuenta con un mandato de defensa de los derechos humanos, reduciéndola a un mero testigo cómplice de la constante represión marroquí hacia la minoría saharaui. Lo que a todas luces simboliza falta de estrategia política se revela como una elocuente irresponsabilidad por parte de la ONU dada la inexistencia de un mecanismo dentro de la misión que asegure el respeto al resultado de un eventual referéndum por ambas partes.

La vaguedad de la intervención de la ONU en el conflicto es chocante. Más aun cuando Anna Theofilopoulou, ex oficial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, revela que el organismo supranacional “nunca pensó que el referéndum fuera a tener lugar”, mientras sostiene que cuando MINURSO comenzó su mandato “no se introdujeron medidas en relación a la defensa de derechos humanos porque se creía que el referéndum tendría lugar en el periodo de un año”.

Tras 20 años de intervención nadie ha revisado la perversión de la estrategia de este organismo de paz. Aun más grave, la incoherencia en las prácticas políticas de la ONU han hecho mella en la relación entre las comunidades marroquí y saharaui, inflamando el resentimiento y la desconfianza mientras se alimentaba la quimera de una solución pacífica auspiciada por la comunidad internacional.

Imagen del rey Mohammed VI y patrullas de la ONU en El-Aaiún. (Antonio Velázquez)

El inacabado proceso de descolonización junto a la inoperatividad de la ONU y el fracaso de la diplomacia han incrementado la frustración saharaui. Tras décadas de negociaciones infructuosas, un levantamiento popular sacudió El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado. En 1999, miles manifestantes saharauis protestaron ante el empobrecimiento económico de la región, a lo que las autoridades marroquíes respondieron con la violenta represión de las concentraciones, animando a delincuentes locales a atacar a la población saharaui y sus comercios. Después de la muerte del entonces monarca Hassan II, las protestas y detenciones se extendieron por diferentes ciudades del Sáhara Occidental y Marruecos. Pese a que organizaciones de derechos humanos marroquíes e intelectuales denunciaron tímidamente la violencia del régimen, a estas condenas no les siguió intento alguno de establecer contacto entre las dos comunidades.

Recordada por los saharauis como la primera intifada – término árabe para definir un levantamiento popular que, sin embargo, la prensa internacional reduce al ámbito de la resistencia palestina – esta revuelta supuso “un cambio radical, ya que desde aquel entonces la población civil saharaui ha perdido el miedo a la represión marroquí y muestra de ello es que no han cesado las manifestaciones y concentraciones”, explica Laabeid, presente en las protestas. Este evento no solo derribó el muro de miedo, sino que supuso el desarrollo de pujantes aunque débiles conexiones entre ciudadanos saharauis y marroquíes denunciando políticas económicas que empobrecen el territorio.

Al mismo tiempo, la revuelta popular supuso un cambio inesperado en la estrategia saharaui. Hasta entonces fue la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), desarrollada en los campos de Tinduf (Argelia) donde 200.000 refugiados saharauis languidecen tras huir de los bombardeos de napalm y fósforo blanco durante el conflicto armado con Marruecos, la que gestionaba la diplomacia formal con relación al conflicto. Pero el levantamiento de los territorios ocupados de 1999 desplazó la atención hacia la población oprimida tras el muro de 2.700 km de largo – la barrera militar más larga del mundo – construido por Rabat durante la guerra para separar al pueblo saharaui. Lejos de ser un conato de cambio en la resistencia saharaui, las manifestaciones han devuelto de forma permanente la atención política a los territorios ocupados en detrimento de la fallida diplomacia del estado en el exilio con base en los campamentos de refugiados.

Tras las revueltas de 1999, el ascenso al trono de Mohammed VI indujo modestas reformas en la monarquía Alauita, aplaudidas por la comunidad internacional. Marruecos fue pionero entre los estados árabes en la creación de organismos nacionales de defensa de derechos humanos así como en la institucionalización de normativas internacionales relativas a los mismos, como la Convención contra la Tortura. Estas medidas se demostraron cortinas de humo y cosmética del régimen cuando las comisiones encargadas de investigar violaciones de derechos humanos hacían caso omiso de las que afectaban a la población saharaui. Las líneas rojas del reino de Marruecos se han diseñado en torno a la figura del monarca y a la integridad territorial. Asimismo, el régimen ha sido acusado de controlar la actividad de ONGs marroquíes encargadas de investigar violaciones de derechos humanos. Este contexto no ha hecho otra cosa que acrecentar la desconfianza de los activistas saharauis hacia simpatizantes marroquíes.

Internacionalización del activismo: Intereses de las grandes potencias y el dilema saharaui
Anquilosado por la propaganda alienante del gobierno Makhzen – denominación local hacia las élites que rigen el estado marroquí – y aislado del tablero de la política global, el activismo saharaui no ha tenido un lugar en el foco de la prensa internacional hasta la hace una década cuando los medios sociales permitieron canalizar información al exterior. Una nueva revuelta popular en 2005 fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación después de que las autoridades marroquíes atacaran con violencia las concentraciones pacíficas asesinando a un joven saharaui. Mustafa Ahmed, quien participó en las manifestaciones, relata: “Durante un año, el Aaiún vivió de forma diaria disturbios, enfrentamientos, detenciones, juicios…  Los saharauis pudieron mantener la intifada gracias a  las nuevas tecnologías… Fue la primera vez que, tras la salida de España del Sahara, El Aaiún salió en TVE.” Todos los gobiernos españoles desde la transición siempre han relativizado el papel de España remitiéndose y amparándose en las decisiones de la ONU. Una posición de tendenciosa neutralidad en un asunto internacional en el que Madrid tiene algo más que responsabilidades históricas – en 2002, una carta del Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU señala que España no pudo transferir sus competencias en el Sáhara Español con los acuerdos tripartitos de Madrid y que, por tanto, es ésta y no Marruecos la Potencia administradora del territorio –.

La comunidad internacional, sin embargo, volvió la espalda a la situación una vez más. Vergonzosamente, una delegación de observadores del Parlamento Europeo fue repetidamente bloqueada por Marruecos a su llegada al territorio. Pero fue la huelga de hambre de Aminatou Haidar en 2009 lo que consolidó el activismo saharaui como un movimiento de resistencia pacífica a nivel internacional, activando los resortes diplomáticos de España, Estados Unidos y Francia hasta que Rabat finalmente permitió su retorno a El Aaiún.

Aminatou Haidar y Kerry Kennedy (Norwegian Support Committee for Western Sahara)

Al mismo tiempo, el activismo transnacional ha dado sus frutos, centrándose principalmente en la denuncia del expolio ilegal de los recursos naturales del Sahara Occidental ocupado. La importancia de éstos explica el interés desmesurado de Marruecos por el territorio. Lejos de ser un desierto yermo, la reserva de fosfatos del Sáhara Occidental es una de las más vastas del planeta, mientras que los caladeros saharauis suponen una parte integral de la industria pesquera marroquí. Lo que añade complejidad al puzle es que la batalla sobre la explotación del petróleo y de los productos agrícolas involucra tanto a estados como empresas privadas. Hasta ahora, el activismo internacional ha conseguido presionar a empresas estadounidenses y francesas para rescindir sus acuerdos con Marruecos para la exploración petrolífera en el territorio, así como el apoyo de parlamentarios europeos en la condena a productos agrícolas de la región etiquetados como marroquíes. Igualmente exitosa fue la campaña para bloquear la renovación del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos debido a las dudas de los europarlamentarios acerca de su legalidad y los exiguos beneficios para la población autóctona.

Sin embargo, este activismo ha tenido poca eficacia en lo concerniente a la represión ejercida por Marruecos. MINURSO continúa sin tener un mandato claro para prevenir las continuas violaciones de derechos humanos de Rabat, pese a que Francia fue presionada para aceptar el vago término de “medidas” en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2011. Paris ha apoyado al régimen Alauita desde el comienzo del conflicto. La antigua metrópoli es el principal socio comercial de Marruecos, aportando 2.8 millones de dólares en ayuda civil y militar en 2007.

De la misma forma, Marruecos es un aliado estratégico en la región tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos. Washington ha mostrado abiertamente su apoyo a la ambivalente proposición de Rabat para una autonomía en el Sáhara Occidental. La ubicación geoestratégica de Marruecos atrae la ayuda europea y americana para desarrollo militar y social destinada a políticas antiterroristas, y contra el tráfico de droga y la inmigración ilegal. Con estos intereses sobre el tapete, es difícil imaginar a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deshaciendo el nudo gordiano con Marruecos sabiendo que Rabat pone en juego algo más que sus credenciales políticos y sus pingües gastos militares en el Sahara Occidental. Anna Theofilopoulou no deja lugar a dudas: “La ONU no va a resolver este problema”

A pesar de la criminalización del activismo saharaui y la propaganda alienante por parte de Marruecos, se han producido acercamientos entre las dos comunidades. Las protestas callejeras de las últimas décadas han alentado el descontento de marroquíes afectados por la situación económica que se vive en los territorios ocupados. Sin embargo, los ciudadanos marroquíes temen las represalias políticas y el acoso judicial del régimen. “Me enterrarían vivo si me uno a vuestras protestas, con lo que mejor organizamos nuestra propia concentración en El Aaiún”, le dijo un marroquí a Sidi Ahmed, activista saharaui presente en las manifestaciones de Gdeim Izik en 2010. Dahha Rahmouni, miembro de la ONG saharaui de derechos humanos ASDVH, también explica que los contactos con los contrapartes marroquíes son “complejos y, casi siempre, no oficiales”. La comunicación entre ciudadanos comunes de ambos bandos en conflicto es difícil incluso para miembros de las diásporas en el extranjero, como confirma Zahra Ramdan, presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España. De la misma manera, las interlocuciones, cuando existen, dan lugar a lecturas en las que la autodeterminación queda relegada a niveles inferiores con respecto al resto de derechos sociales y políticos. Tal es el caso de Ali Lmrabet, periodista marroquí, quien sostiene que existen “conexiones entre la principal asociación de derechos humanos marroquí (AMDH) y los Saharauis, pero siempre en el marco de la defensa de los derechos humanos, lejos de las reivindicaciones políticas”.

Manifestación saharaui 2010. (Antonio Velázquez)

El dilema radica en que los Saharauis persiguen objetivos que, en fundamento, son diferentes de los de sus contrapartes marroquíes. Unos defienden el derecho de autodeterminación bajo un referéndum libre y justo, mientras que los otros abogan por una mejora en la situación de sus derechos civiles y políticos así como en lo que respecta a los derechos socio-económicos básicos para la distribución de la riqueza tanto en los territorios ocupados como en Marruecos. Reivindicaciones similares, estas últimas, a las que se producen en otros países del Magreb y Oriente Próximo exigiendo mayor niveles de democracia. Jamal Bachri, periodista saharaui y defensor de los derechos humanos, explica: “Los Saharauis no tenemos nada que ver con la democracia en Marruecos… Eso es un problema puramente marroquí que no nos incumbe. Sin embargo, creemos que si existiera democracia e Marruecos, nuestra interlocución con relación al Sáhara Occidental cambiaría en algo”.

Los activistas saharauis coinciden en indicar que sus homólogos marroquíes exigen cambios ‘internos’, que difieren sustancialmente del derecho de autodeterminación que debe de ser amparado ‘internacionalmente’ bajo un referéndum como parte de un proceso de descolonización que no se culminó. Pese a la manifiesta diferencia entre ambas demandas, el conflicto en el Sáhara Occidental también se explica como el enfrentamiento entre la realpolitik y la legalidad internacional. Intereses de seguridad así como acuerdos geoestratégicos y económicos con Marruecos han prevalecido ante el derecho internacional. Por lo tanto, mientras los organismos de la ONU continúen siendo meros testigos impasibles de la situación en la región, la única salida para un eventual referéndum en el Sáhara Occidental pasa por la reforma democrática del reino de Marruecos así como un meticuloso programa para reconciliar a ambas sociedades del ya sedimentado rencor regado por el tiempo y la propaganda.

Todo parece indicar que no existirá un Marruecos democrático sin una solución imparcial y pacífica al problema del Sáhara Occidental, de la misma forma en que no se producirá un referéndum libre y justo sin un Marruecos democrático. La conjunción del activismo de ambas comunidades aceleraría la democratización del reino Alauita, dando alas a la participación cívica en las instituciones y permitiendo la discusión de demandas políticas y de derechos más exigentes y complejos que los políticos y sociales. Lo que no atenúa lo arriesgado de la estrategia para el activismo saharaui. Poner en peligro la resistencia pacífica de casi 40 años y su objetivo último: el derecho de autodeterminación.

Original obtenido de: http://periodismohumano.com/en-conflicto/el-activismo-saharaui-dos-anos-despues-de-gdeim-izik.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s