El gobierno de Estados Unidos dio a conocer ayer un decreto presidencial por el que otorga una amnistía de hasta 24 meses y la posibilidad de obtener permisos de trabajo a jóvenes indocumentados que hayan arribado a ese país a los 16 años de edad o menos; que actualmente tengan un máximo de 30 años, y que cumplan además con una serie de requisitos, como haber permanecido el último lustro en territorio estadunidense, haber concluido la educación secundaria y no haber sido sentenciados por delitos graves. Al anunciar la determinación comentada –que, según estimaciones del Pew Hispanic Center, podría beneficiar a 1.4 millones de personas al evitar que sean deportadas–, el presidente estadunidense, Barack Obama, sostuvo que no tiene sentido expulsar a jóvenes talentosos y advirtió que el decreto no es un camino para lograr la ciudadanía, sino una medida temporal para intentar solucionar un problema.

Con todo y las restricciones mencionadas, la medida es una buena noticia para las comunidades de inmigrantes indocumentados en el vecino país, no sólo porque relaja la difícil situación que enfrentan millones de jóvenes estudiantes y trabajadores en esa nación, sino porque contrarresta, en alguna medida, cuatro años de una política errática y desastrosa del actual gobierno en materia migratoria.

Cabe recordar que esa propuesta constituyó uno de los puntos más avanzados y esperanzadores de la campaña presidencial de Barack Obama, que le granjeó simpatías en el electorado hispano y en los sectores más progresistas de la sociedad estadunidense. No obstante, a pesar de haber contado durante los primeros dos años de su administración con un Congreso mayoritariamente demócrata, el hoy mandatario fue incapaz de obtener, en torno al tema migratorio, un respaldo legislativo suficiente: antes al contrario, el Senado rechazó en diciembre de 2010 la llamada Dream Act –que habría otorgado a jóvenes nacidos en el extranjero la posibilidad de convertirse en residentes legales después de pasar dos años en la universidad o en las fuerzas armadas– y la sociedad estadunidense asistió, en el último bienio, a la intensificación de expresiones de racismo y xenofobia dentro y fuera de los marcos normativos, como quedó de manifiesto con la aprobación de la impresentable Ley SB1070 por el Congreso de Arizona, y con la deportación de una cifra sin precedente de personas –casi 400 mil– entre 2010 y 2011.

En ese sentido, y sin soslayar el carácter intrínsecamente positivo de la medida anunciada, ésta debe ser vista, más que como un gesto de buena voluntad por parte de la Casa Blanca, como un triunfo de la movilización y la presión social ejercida en meses recientes sobre las autoridades estadunidenses, y como una muestra de la capacidad de los migrantes por ejercer un contrapeso efectivo a los sectores chovinistas y xenófobos de Washington.

Por otra parte, el hecho de que el referido cese de deportaciones de jóvenes inmigrantes sea consecuencia de un decreto presidencial, y no de un aval de los congresistas estadunidenses, pone en evidencia que el Ejecutivo cuenta con potestades institucionales propias para desahogar la difícil situación que enfrentan los migrantes sin papeles en su territorio, y desactiva en alguna medida las quejas formuladas por el propio Obama, quien ha pasado los últimos dos años responsabilizando a la oposición republicana por la falta de avances en materia migratoria.

Desde luego, como reconoce el propio mandatario, la disposición señalada –constreñida sólo a un sector de la población inmigrante y limitada por las condicionantes referidas– no puede ser vista como sucedáneo de una enmienda integral que permita la regularización para los millones de indocumentados que trabajan o estudian en aquel país. Es significativo, en ese sentido, que la resolución ayer anunciada se dé en uno de los momentos más inciertos para una eventual reforma migratoria: cuando la oposición republicana domina el Congreso, cuando el periodo presidencial de Obama se acerca a su fin y cuando está en el aire si éste logrará la relección por cuatro años más o si será derrotado por el republicano Mitt Romney en los comicios de noviembre próximo.

Ante esas circunstancias de incertidumbre, corresponderá a los propios migrantes seguir presionando a las autoridades de Washington, con independencia de su signo partidista, para lograr el reconocimiento legal que merecen en función del aporte invaluable que realizan a la economía y la cultura de ese país.

 

Original obtenido de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/16/edito