envejecimiento

Quien crea que España y Europa ya no necesitarán más trabajadores extranjeros se equivoca. Según el informe ‘Migrantes Sudamericanos en España: Panorama y Politicas’ que incluye el primer número de los Cuadernos Migratorios que edita la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tanto España como el resto del continente deberán recurrir a mano de obra extranjera para suplir las carencias del mercado laboral que se avizoran en un futuro próximo.

Las políticas migratorias deberán tener en consideración las nuevas necesidades de España y de su mercado laboral, que estará condicionado por el envejecimiento de la población y el saldo migratorio negativo, fruto de la salida del país tanto de extranjeros que retornan a sus países de origen como de españoles que emigran a otras naciones para encontrar mejores oportunidades de trabajo.

Los datos del informe indican que en la última década del siglo XX, la migración de Sudamérica a España se cuadruplicó. En el momento álgido de estos movimientos, principalmente de Ecuador, Colombia y Argentina, y, con posterioridad, de Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Uruguay y Chile, un tercio de los migrantes que llegaron al país ibérico eran latinoamericanos. Su cifra ascendió de 160.500 en 1990 a 708.700 en 1999, triplicándose (2,1 millones) en el periodo 2001-2009.

¿Por qué eligieron ir rumbo a la Península Ibérica? Porque España se convirtió en un destino alternativo para los migrantes suramericanos que marchaban a Estados Unidos, país que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 estableció nuevos controles migratorios. El idioma, la religión y los históricos y culturales, así como un régimen de visados más liberal para los países de Sudamérica, también contribuyeron a ello.

No obstante, desde 2008, la crisis económica mundial ha conducido al endurecimiento de las políticas de inmigración y visados, empezando por la directiva de retorno de la Unión Europea, que permite la detención de los migrantes indocumentados, incluidos menores no acompañados, durante un máximo de 18 meses mientras se llevan a cabo las órdenes de deportación.  Original obtenida de: http://goo.gl/Q2v8A